Dictadura minera en tiempos de democraciaAllanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, Poder Judicial adicto al sector económico y político, vulneración de derechos humanos. Son algunas de las acciones que padecen los pueblos donde se instalan las empresas de megaminería. Esta nota es parte de una producción colaborativa entre Tierra Viva, Anred, Ancap y Revista Cítrica en el Día de los DDHH.
Por Ana Chayle
Desde Andalgalá, Catamarca
Foto: Nicolas Pousthomis
"Basta de dictadura minera" se lee en el cartel de cartón pintado a mano que sostiene una mujer, mientras camina alrededor de la plaza principal de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Otros carteles, con la misma leyenda, asoman sobre las cabezas de otros vecinos que, como ella, cumplen con este ritual de denuncia y resistencia que se repite, sábado a sábado, en el territorio donde se abrió la primera mina a cielo abierto del país y donde hoy otro proyecto avanza sobre sus ríos o, lo que es lo mismo, sobre su supervivencia.
Dictadura. Esa palabra. El diccionario la define como el "régimen político que, por la fuerza o la violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales". El imaginario colectivo la asocia, dolorosa e inmediatamente, con los golpes de Estado cívico- religiosos-militares que tuvieron su más cruel expresión entre 1976 y 1983.
Quizás por los aberrantes crímenes de este último golpe, escuchar "dictadura minera" suene incómodo para algunos, controversial y aún ofensivo para otros. Sin embargo, en esa palabra hostil, pueblos y asambleas socioambientales han encontrado la forma de nombrar al entramado de poder económico (empresas trasnacionales), político (Gobiernos) y judicial, que viola sus territorios, derechos y libertades para favorecer intereses corporativos y personalistas. En plena democracia electoral.
No hay un golpe que inicie esta dictadura. Tal vez sea la ausencia de este acto fundador una de las razones que invisibilizan esta toma ilegal del poder, que se camufla con periódicos actos sufragistas y discursos vacíos.
Decir dictadura es también marcar la ausencia de democracia o el ideal que representa: división de poderes, garantía de derechos fundamentales, primacía de la ley y soberanía nacional. Por eso, decir dictadura es denunciar la corrupción de los poderes estatales, la vulneración de derechos humanos, la violación sistemática de leyes y la pérdida de soberanía sobre los territorios.
Resabios de la dictadura
La recuperación de la democracia en 1983 no significó la instantánea eliminación de todas las prácticas violentas que había naturalizado el Estado militar. Algunas continúan ejerciéndose subrepticiamente; otras, maquilladas por una supuesta legalidad y aún aplaudidas por funcionarios "democráticos", lo que torna más perverso este sistema. La violencia estatal armada para reprimir las protestas sociales es la más evidente de esas prácticas.
Balas, cachiporras, gases lacrimógenos y hasta perros adiestrados para atacar fueron arrojados contra hombres, mujeres y niños desarmados que bloqueaban un camino comunero en febrero de 2010, para impedir que dos proyectos mineros los obligaran a abandonar sus casas en Andalgalá.
En diciembre de 2021, el Gobierno de Chubut, con Mariano Arcioni al frente, lanzó una "cacería contra el pueblo" que, durante una semana, se mantuvo en las calles para protestar contra la llamada "ley de zonificación minera". Decenas de heridos, una mujer abusada sexualmente, un hombre que perdió un ojo por un disparo y personas menores de edad detenidas fueron apenas una parte del saldo.
Más recientes son las heridas infligidas contra las personas que abarrotaron calles y rutas en todo Jujuy, para protestar contra la reforma de la Constitución provincial que impulsó el gobernador Gerardo Morales y que, según los pueblos originarios, afecta la propiedad indígena de las tierras y promueve la extracción de litio. Amnistía Internacional concluyó que existió un uso desmedido de la fuerza y constató los disparos que varias personas recibieron en sus torsos y cabezas, prácticas prohibidas por el Derecho internacional. Incluso dos personas perdieron uno de sus ojos por esta violencia irracional. Una de las víctimas tiene apenas 17 años.
La ley es tela de araña
"No la tema el hombre rico,/ nunca la tema el que mande,/ pues la ruempe el bicho grande/ y sólo enrieda a los chicos". Así definía la ley "el moreno", aquel personaje anónimo, identificado sólo por su piel oscura, que enfrenta a Martín Fierro en una payada. Aunque publicados hace 150 años, estos versos no han perdido vigencia. Con su balanza descalibrada y la venda caída, el Poder Judicial acelera o encajona causas, endurece o elimina penas, según el demandante.
En Andalgalá, un centenar de causas fueron abiertas contra personas que se oponen a resignar el agua por la explotación minera. Tres de esas causas se encuentran con pedido de elevación a juicio. En Chubut, cinco asambleístas quedaron a un paso del juicio por entorpecer el transporte público durante las protestas desencadenadas cuando la Legislatura rechazó, sin tratamiento, la Iniciativa Popular que, con 30 mil firmas, solicitaba la prohibición de la megaminería. En Jujuy, maratónicamente, el Poder Judicial acusó, juzgó y condenó a un abogado por los supuestos delitos de instigación a la protesta y sedición.
Con esta agilidad contrasta la artrítica disposición con que el Poder Judicial trata las causas contra empresas mineras o sus funcionarios serviles. En San Juan, todavía aguardan el juicio oral contra ex funcionarios por el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada que afectó cinco ríos en 2015. Ningún directivo de Barrick Gold está en la lista. En Tucumán, dos ex gerentes de Minera Alumbrera disfrutan su impunidad en una causa por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Cuando todo estaba listo para el juicio, sospechosamente, el mismo fiscal que la había instruido pidió el sobreseimiento de uno de los acusados. En Andalgalá, las máquinas del proyecto MARA (Glencore) avanzan sobre los ríos y glaciares, mientras las causas iniciadas para frenarlo duermen en despachos de Comodoro Py y la Corte Suprema de Justicia.
Detenciones ilegales y tormentos
En un fallo que se parece más a un alegato de la defensa, semanas atrás, la jueza Karina Breckle absolvió a cuatro policías acusados por vejaciones contra asambleístas de Chubut, durante sus detenciones en diciembre de 2019. La amenaza de convertir a las víctimas en "otro Santiago Maldonado" fue minimizada en un país al que le duelen 30 mil desapariciones en dictadura y otras más en democracia.
En abril de 2021, doce personas fueron privadas de su libertad durante dos semanas en Andalgalá. No tenían antecedentes judiciales ni había riesgo procesal. No había pruebas que los incriminaran en más hechos que en caminar para protestar contra el ascenso de máquinas perforadoras a la cuenca del río. El desmedido uso de la violencia policial contra cuerpos y viviendas, las condiciones infrahumanas de detención en plena pandemia y la tortura psicológica fueron denunciados ante la Fiscalía General de la provincia y diversos organismos de Derechos Humanos. Aún esperan respuestas.
La violencia premiada
No sólo no hay condena para los autores materiales de las palizas y los disparos; sino que hay premios para quienes desde sus cómodos despachos las ordenan o las avalan.
En diciembre de 2019, José Eduardo Perea (Frente de Todos) recibió un paradójico regalo de navidad: la designación como supervisor por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Perea, el ex intendente de Andalgalá y responsable político de la represión de 2010, el mismo que en una entrevista había anticipado el paso de las máquinas al yacimiento Agua Rica con una amenaza explícita: "caiga quien caiga". Y así fue: los disparos y golpes no discriminaron entre mujeres ni hombres, ancianos, adultos o niños.
Mariano Arcioni, quien llegó a la gobernación de Chubut con un discurso contra la megaminería, una vez en el poder impulsó la ley de zonificación minera y ordenó las represiones que mantuvieron a Chubut en un virtual estado de sitio durante una semana de protestas. Su traición a la voluntad popular también fue premiada: Unión por la Patria lo llevó como precandidato en sus listas y ahora ocupará un cargo en el Parlasur.
Aún no se apagaban los ecos de las represiones en Jujuy, cuando Horacio Rodríguez Larreta eligió a Gerardo Morales como su precandidato a vicepresidente por Cambiemos. No tuvo tanta suerte y las PASO lo dejaron afuera.
En Catamarca, las represiones se sucedieron en los gobiernos de Eduardo Brizuela del Moral (radicalismo), Lucía Corpacci y Raúl Jalil (peronismo). En Mendoza, tampoco hubo división partidaria a la hora de votar la modificación de la llamada "ley guardiana del agua".
Como se ve, no hay grietas partidarias cuando de extractivismo se trata. Más bien, la grieta separa a los gobernantes y funcionarios, sin importar signo político, de los pueblos en resistencia.
Leyes: corte y confección
También la legislación se acomoda a los caprichos de empresas y gobiernos. Si estorban demasiado, un funcionario complaciente con el lobby minero se encarga. Sucedió con la Ley Nacional de Glaciares, que Cristina Fernández vetó en 2009; la ley 7722 que la Legislatura de Mendoza flexibilizó en 2019 o la ordenanza 029/16 que la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional en 2020. La presión social logró restaurar las dos primeras; la última aún espera la decisión de la CSJN.
Otras veces, sin publicidad y rápidamente, los legisladores presentan y sancionan leyes que promueven la actividad. Pasó con la ley de zonificación minera en Chubut -finalmente revertida- y está pasando con un paquete de leyes en Río Negro.
Resistir en la tormenta
Extractivismo y democracia no son compatibles: donde la megaminería avanza, los derechos humanos retroceden. Por eso, como denuncian las asambleas socioambientales, la megaminería sólo entra con represión.
No hay democracia si a un pueblo se le niegan los derechos humanos al agua o a vivir en un ambiente sano. No hay democracia cuando desde despachos herméticos y lejanos se decide su sacrificio y su destino. No hay democracia cuando se le niega a un pueblo su autodeterminación.
Pero tampoco hay derrota cuando hay lucha. Así como en plena dictadura militar, madres y abuelas enfrentaron con sus pañuelos blancos la violencia de las armas, hoy en las plazas, en las calles y las rutas, otras madres, otras abuelas, sus hijos y sus nietos enfrentan con sus pancartas, banderas y cantos esta nueva dictadura enmascarada.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, Poder Judicial adicto al sector económico y político, vulneración de derechos humanos. Son algunas de las acciones que padecen los pueblos donde se instalan las empresas de megaminería. Esta nota es parte de una producción colaborativa entre Tierra Viva, Anred, Ancap y Revista Cítrica en el Día de los DDHH.
Por Ana Chayle
Desde Andalgalá, Catamarca
Foto: Nicolas Pousthomis
"Basta de dictadura minera" se lee en el cartel de cartón pintado a mano que sostiene una mujer, mientras camina alrededor de la plaza principal de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Otros carteles, con la misma leyenda, asoman sobre las cabezas de otros vecinos que, como ella, cumplen con este ritual de denuncia y resistencia que se repite, sábado a sábado, en el territorio donde se abrió la primera mina a cielo abierto del país y donde hoy otro proyecto avanza sobre sus ríos o, lo que es lo mismo, sobre su supervivencia.
Dictadura. Esa palabra. El diccionario la define como el "régimen político que, por la fuerza o la violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales". El imaginario colectivo la asocia, dolorosa e inmediatamente, con los golpes de Estado cívico- religiosos-militares que tuvieron su más cruel expresión entre 1976 y 1983.
Quizás por los aberrantes crímenes de este último golpe, escuchar "dictadura minera" suene incómodo para algunos, controversial y aún ofensivo para otros. Sin embargo, en esa palabra hostil, pueblos y asambleas socioambientales han encontrado la forma de nombrar al entramado de poder económico (empresas trasnacionales), político (Gobiernos) y judicial, que viola sus territorios, derechos y libertades para favorecer intereses corporativos y personalistas. En plena democracia electoral.
No hay un golpe que inicie esta dictadura. Tal vez sea la ausencia de este acto fundador una de las razones que invisibilizan esta toma ilegal del poder, que se camufla con periódicos actos sufragistas y discursos vacíos.
Decir dictadura es también marcar la ausencia de democracia o el ideal que representa: división de poderes, garantía de derechos fundamentales, primacía de la ley y soberanía nacional. Por eso, decir dictadura es denunciar la corrupción de los poderes estatales, la vulneración de derechos humanos, la violación sistemática de leyes y la pérdida de soberanía sobre los territorios.
Resabios de la dictadura
La recuperación de la democracia en 1983 no significó la instantánea eliminación de todas las prácticas violentas que había naturalizado el Estado militar. Algunas continúan ejerciéndose subrepticiamente; otras, maquilladas por una supuesta legalidad y aún aplaudidas por funcionarios "democráticos", lo que torna más perverso este sistema. La violencia estatal armada para reprimir las protestas sociales es la más evidente de esas prácticas.
Balas, cachiporras, gases lacrimógenos y hasta perros adiestrados para atacar fueron arrojados contra hombres, mujeres y niños desarmados que bloqueaban un camino comunero en febrero de 2010, para impedir que dos proyectos mineros los obligaran a abandonar sus casas en Andalgalá.
En diciembre de 2021, el Gobierno de Chubut, con Mariano Arcioni al frente, lanzó una "cacería contra el pueblo" que, durante una semana, se mantuvo en las calles para protestar contra la llamada "ley de zonificación minera". Decenas de heridos, una mujer abusada sexualmente, un hombre que perdió un ojo por un disparo y personas menores de edad detenidas fueron apenas una parte del saldo.
Más recientes son las heridas infligidas contra las personas que abarrotaron calles y rutas en todo Jujuy, para protestar contra la reforma de la Constitución provincial que impulsó el gobernador Gerardo Morales y que, según los pueblos originarios, afecta la propiedad indígena de las tierras y promueve la extracción de litio. Amnistía Internacional concluyó que existió un uso desmedido de la fuerza y constató los disparos que varias personas recibieron en sus torsos y cabezas, prácticas prohibidas por el Derecho internacional. Incluso dos personas perdieron uno de sus ojos por esta violencia irracional. Una de las víctimas tiene apenas 17 años.
La ley es tela de araña
"No la tema el hombre rico,/ nunca la tema el que mande,/ pues la ruempe el bicho grande/ y sólo enrieda a los chicos". Así definía la ley "el moreno", aquel personaje anónimo, identificado sólo por su piel oscura, que enfrenta a Martín Fierro en una payada. Aunque publicados hace 150 años, estos versos no han perdido vigencia. Con su balanza descalibrada y la venda caída, el Poder Judicial acelera o encajona causas, endurece o elimina penas, según el demandante.
En Andalgalá, un centenar de causas fueron abiertas contra personas que se oponen a resignar el agua por la explotación minera. Tres de esas causas se encuentran con pedido de elevación a juicio. En Chubut, cinco asambleístas quedaron a un paso del juicio por entorpecer el transporte público durante las protestas desencadenadas cuando la Legislatura rechazó, sin tratamiento, la Iniciativa Popular que, con 30 mil firmas, solicitaba la prohibición de la megaminería. En Jujuy, maratónicamente, el Poder Judicial acusó, juzgó y condenó a un abogado por los supuestos delitos de instigación a la protesta y sedición.
Con esta agilidad contrasta la artrítica disposición con que el Poder Judicial trata las causas contra empresas mineras o sus funcionarios serviles. En San Juan, todavía aguardan el juicio oral contra ex funcionarios por el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada que afectó cinco ríos en 2015. Ningún directivo de Barrick Gold está en la lista. En Tucumán, dos ex gerentes de Minera Alumbrera disfrutan su impunidad en una causa por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Cuando todo estaba listo para el juicio, sospechosamente, el mismo fiscal que la había instruido pidió el sobreseimiento de uno de los acusados. En Andalgalá, las máquinas del proyecto MARA (Glencore) avanzan sobre los ríos y glaciares, mientras las causas iniciadas para frenarlo duermen en despachos de Comodoro Py y la Corte Suprema de Justicia.
Detenciones ilegales y tormentos
En un fallo que se parece más a un alegato de la defensa, semanas atrás, la jueza Karina Breckle absolvió a cuatro policías acusados por vejaciones contra asambleístas de Chubut, durante sus detenciones en diciembre de 2019. La amenaza de convertir a las víctimas en "otro Santiago Maldonado" fue minimizada en un país al que le duelen 30 mil desapariciones en dictadura y otras más en democracia.
En abril de 2021, doce personas fueron privadas de su libertad durante dos semanas en Andalgalá. No tenían antecedentes judiciales ni había riesgo procesal. No había pruebas que los incriminaran en más hechos que en caminar para protestar contra el ascenso de máquinas perforadoras a la cuenca del río. El desmedido uso de la violencia policial contra cuerpos y viviendas, las condiciones infrahumanas de detención en plena pandemia y la tortura psicológica fueron denunciados ante la Fiscalía General de la provincia y diversos organismos de Derechos Humanos. Aún esperan respuestas.
La violencia premiada
No sólo no hay condena para los autores materiales de las palizas y los disparos; sino que hay premios para quienes desde sus cómodos despachos las ordenan o las avalan.
En diciembre de 2019, José Eduardo Perea (Frente de Todos) recibió un paradójico regalo de navidad: la designación como supervisor por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Perea, el ex intendente de Andalgalá y responsable político de la represión de 2010, el mismo que en una entrevista había anticipado el paso de las máquinas al yacimiento Agua Rica con una amenaza explícita: "caiga quien caiga". Y así fue: los disparos y golpes no discriminaron entre mujeres ni hombres, ancianos, adultos o niños.
Mariano Arcioni, quien llegó a la gobernación de Chubut con un discurso contra la megaminería, una vez en el poder impulsó la ley de zonificación minera y ordenó las represiones que mantuvieron a Chubut en un virtual estado de sitio durante una semana de protestas. Su traición a la voluntad popular también fue premiada: Unión por la Patria lo llevó como precandidato en sus listas y ahora ocupará un cargo en el Parlasur.
Aún no se apagaban los ecos de las represiones en Jujuy, cuando Horacio Rodríguez Larreta eligió a Gerardo Morales como su precandidato a vicepresidente por Cambiemos. No tuvo tanta suerte y las PASO lo dejaron afuera.
En Catamarca, las represiones se sucedieron en los gobiernos de Eduardo Brizuela del Moral (radicalismo), Lucía Corpacci y Raúl Jalil (peronismo). En Mendoza, tampoco hubo división partidaria a la hora de votar la modificación de la llamada "ley guardiana del agua".
Como se ve, no hay grietas partidarias cuando de extractivismo se trata. Más bien, la grieta separa a los gobernantes y funcionarios, sin importar signo político, de los pueblos en resistencia.
Leyes: corte y confección
También la legislación se acomoda a los caprichos de empresas y gobiernos. Si estorban demasiado, un funcionario complaciente con el lobby minero se encarga. Sucedió con la Ley Nacional de Glaciares, que Cristina Fernández vetó en 2009; la ley 7722 que la Legislatura de Mendoza flexibilizó en 2019 o la ordenanza 029/16 que la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional en 2020. La presión social logró restaurar las dos primeras; la última aún espera la decisión de la CSJN.
Otras veces, sin publicidad y rápidamente, los legisladores presentan y sancionan leyes que promueven la actividad. Pasó con la ley de zonificación minera en Chubut -finalmente revertida- y está pasando con un paquete de leyes en Río Negro.
Resistir en la tormenta
Extractivismo y democracia no son compatibles: donde la megaminería avanza, los derechos humanos retroceden. Por eso, como denuncian las asambleas socioambientales, la megaminería sólo entra con represión.
No hay democracia si a un pueblo se le niegan los derechos humanos al agua o a vivir en un ambiente sano. No hay democracia cuando desde despachos herméticos y lejanos se decide su sacrificio y su destino. No hay democracia cuando se le niega a un pueblo su autodeterminación.
Pero tampoco hay derrota cuando hay lucha. Así como en plena dictadura militar, madres y abuelas enfrentaron con sus pañuelos blancos la violencia de las armas, hoy en las plazas, en las calles y las rutas, otras madres, otras abuelas, sus hijos y sus nietos enfrentan con sus pancartas, banderas y cantos esta nueva dictadura enmascarada.
Fuente: Agencia Tierra Viva
