Las reuniones secretas de Victoria Villarruel con 10 genocidasPor Ari Lijalad y Franco Mizrahi
Si Javier Milei es elegido presidente, Victoria Villarruel presidirá el Senado. Cuando el presidente viaje será presidenta en ejercicio. El candidato ya dijo que su vice estará a cargo de las áreas de Defensa y Seguridad. Si Milei es destituido o sufre una enfermedad que le impida gobernar, se convertirá en presidenta. Buena parte del destino de 47 millones de argentinos quedará en manos de una persona que se reunió al menos con 10 genocidas en la cárcel de Marcos Paz entre 2014 y 2016. Uno estuvo involucrado en más de 250 secuestros, otro en 25 casos de torturas además de fusilamientos y desapariciones, uno fue agente de inteligencia que integró la patota de la ESMA y fue condenado además por delitos sexuales, otro fue condenado a prisión perpetua por robo de bebés, uno reprimió a poblaciones rurales, otro fue condenado por 84 casos de desapariciones. Autopercibida representante de víctimas, su relación es mucho más estrecha con los victimarios.
La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza es poco consultada sobre estos vínculos y nada consultada sobre el dispositivo de abogados del establishment con los que comparte el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), revelados por El Destape. De sus relaciones con genocidas habla poco; de los negocios que vienen detrás de esas relaciones nada.
En una entrevista con La Nación le preguntaron sobre sus visitas a genocidas. La nota consignó que "Villarruel dijo que es cierto que visitó a Jorge Rafael Videla cuando estaba detenido, así como también a otros militares, pero aseguró que lo hizo porque estaba trabajando en su primer libro sobre la década del 70 que se tituló 'Los llaman... jóvenes idealistas' y que -según dijo- buscó 'documentar con todas las voces'".
Los datos que ahora revela El Destape, sin embargo, la desmienten. Ese libro fue publicado en 2009 y las visitas a los genocidas fueron en 2014 y 2016. Tal vez se equivocó y hablaba de su otro libro, "Los otros muertos", en coautoría con Carlos Manfroni. Pero las fechas tampoco dan: lo editó en 2014 y las visitas a genocidas que publica este medio son en su mayoría en 2016.
El Destape pudo reconstruir que el 17 de febrero de 2016 Villarruel fue al penal de Marcos Paz a ver a 10 represores. Sus prontuarios son los siguientes:
1) Alberto González Menotti, agente de inteligencia, integrante del Grupo de Tareas de la ESMA, condenado a perpetua
Condenado a:
• 20 años de prisión por violaciones en la ESMA: 3 víctimas
• Prisión perpetua por secuestros y torturas en juicio ESMA III: 789 víctimas
• Prisión perpetua en juicio ESMA II: 86 víctimas
Agente de inteligencia, integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA. Fue condenado en 2011 a cadena perpetua junto a Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta por los crímenes cometidos en la ESMA. Entre sus víctimas se encuentra Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. En agosto de 2021, González volvió a ser condenado en otro juicio por crímenes en el centro clandestino de la Armada. Se lo sentenció a 20 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra secuestradas, incluidos abusos sexuales y psicológicos, manoseos y violaciones. En el mismo proceso que estuvo a cargo del TOCF 5 al Tigre Acosta se lo condenó a 24 años de prisión. Tal como informó Télam en aquel momento, las penas fueron unificadas a prisión perpetua por la sumatoria de condenas anteriores.
La periodista Luciana Bertoia escribió sobre la relación de la familia Villarruel con González Menotti: "El matrimonio Pando-Mercado suele recordarle a Villarruel otro vínculo con otro ilustre integrante de la patota de la ESMA: Alberto Eduardo González, conocido en el campo de concentración de la Marina como el 'Gato' o 'González Menotti'. González -condenado a prisión perpetua- es historiador de la Marina, como el abuelo materno de Villarruel, y escribió cuatro libros, según declaró en una indagatoria. Pando dice que los libros que publicó Villarruel fueron escritos, en realidad, por González. Este diario consultó con el defensor de González, Guillermo Fanego, quien reconoció el vínculo con Villarruel, aunque desestimó la coautoría".
2) Gerardo Jorge Arráez, área de inteligencia de Policía Federal, 25 años de condena
Condenado a 25 años de prisión en 2017 en el juicio ABO III: 352 víctimas
El ex inspector de la Dirección de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA Gerardo Arráez estuvo en los centros clandestinos de detención y tortura en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Fue condenado en 2017 a 25 años de prisión por más de 250 secuestros y torturas durante el terrorismo de Estado. Entre los hechos que se le adjudicaron figura el caso del secuestro del empresario de medios Jorge Fontevecchia. Según publicó Infojus en 2014, Arráez ejerció como abogado hasta 2012, cuando le dictaron pedido de captura, y en la tortura solía fotografiar a las detenidas.
3) Coronel retirado Héctor Girbone, oficial de inteligencia del Ejército, condenado a 8 años por apropiación de bebés
Condenado a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda
En 2014 Héctor Salvador Girbone fue condenado a la pena de 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, nieto restituido en 2012. Girbone oficial de inteligencia de la Escuela de Caballería del Ejército durante la dictadura empresario-militar. El 23 de septiembre de 2016, la Cámara de Casación confirmó su condena y lo mismo hizo la Corte Suprema en 2019. Fue juzgado junto a su primo Salvador Norberto Girbone y Haydeé Raquel Alí Ahmed, pareja de este último, por los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años y falsedad ideológica. Pablo fue robado cuando tenía un mes de vida. Su padre era Ricardo Gaona y su madre María Rosa Miranda. Ambos permanecen desaparecidos. Al bebé robado lo inscribieron en 1978 como Leandro Daniel Girbone. Tal como relató Alejandra Dandan en Página/12, el genocida Girbone estuvo en el Ejército durante la dictadura y siguió en esa fuerza hasta 2012, cuando quedó detenido por la apropiación de Pablo. En la denuncia se lo había señalado como el "entregador".
4)Teniente coronel Juan Amelong, condenado a perpetua por robo de bebés, secuestros y torturas
Condenado a:
• Prisión perpetua en Jucio Quinta de Funes- Guerrieri IV: 29 víctimas
• Prisión perpetua en juicio Guerrieri III: 47 víctimas
• 10 años de prisión en juicio Guerrieri II: 26 víctimas
• 13 años de prisión en juicio Hospital militar de Paraná: 2 víctimas
El teniente coronel retirado Juan Amelong fue varias veces condenado por crímenes de lesa humanidad. Tiene 4 cadenas perpetuas por homicidios, secuestros, torturas y robos de bebés. Fue miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar. Desde allí se organizó la represión ilegal en un circuito de cinco CCD que funcionaron en el Gran Rosario. Segundo jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia, su compromiso con el terrorismo de Estado fue tal que hasta proveyó una propiedad familiar ("La Intermedia") para convertirla en centro clandestino de tortura y detención. Amelong, que también es abogado, tiene condena firme en los casos conocidos como "Guerrieri I y II" y Hospital Militar de Paraná y en agosto pasado sumó una nueva cadena perpetua en "Guerrieri IV".
5) Pedro Alberto Rodríguez, civil, condenado a 8 años y seis meses
Condenado a 8 años y 6 meses por el secuestro y tortura de Manuel Oscar Casado, dirigente sindical.
En 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal de Rosario condenó a 8 años y seis meses de prisión al abogado Pedro Rodríguez y a los militares Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Hugo Maderna por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Se lo condenó por el secuestro y torturas al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la localidad de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casado. Tal como informó José Maggi en Página/12, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también confirmó el procesamiento de Rodríguez -ex concejal- por el secuestro de Reynaldo Luis Vivas, quien era intendente de San Lorenzo y fue depuesto por la dictadura. "En 1973 Pedro Alberto ‘Pili' Rodríguez se convirtió en el asesor letrado del Sindicato Unido Petrolero del Estado (Supe) y en diciembre de ese año ingresó a la municipalidad de San Lorenzo como asesor legal del intendente Reinaldo Vivas. Con poder creciente en el sindicato y en la municipalidad, Rodríguez se acercó e investigó a los militantes sociales de la región, especialmente a los ligados al sindicalismo combativo", escribió Maggi. "El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 destituyó y encarceló al intendente sanlorencino; junto con él se retiró la mayoría del gabinete, menos Rodríguez, que fue ratificado y ascendido por decreto de la dictadura, a director de asuntos jurídicos del municipio y se le otorgó la categoría más alta como empleado municipal sin mediar antigüedad. Un día después del golpe, Pedro Rodríguez señaló desde un auto a Manuel Casado, el delegado del sindicato de empleados municipales de San Lorenzo, quien fue secuestrado y torturado en el Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán. El caso de privación ilegítima de la libertad, torturas y tormentos fue el primero que llegó a juicio entre todas las atrocidades cometidas en el Cordón Industrial durante la los años de represión", agregó Maggi.
6) Teniente coronel José Tadeo Bettolli, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en Chaco
Condenado a:
• Prisión perpetua en juicio Ligas Agrarias, Chaco: 4 víctimas
• 25 años de prisión en juicio Caballero, Chaco: 26 víctimas
• 12 años de prisión en juicio Caballero II, Chaco: 10 víctimas
• 7 años y 6 meses de prisión en juicio Caballero III, Chaco: 33 víctimas
En junio de 2019 el exteniente coronel del Ejército José Tadeo Bettoli fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en el juicio conocido como "Ligas Agrarias". Se trata de delitos cometidos durante la última dictadura empresario-militar en Chaco contra pobladores rurales y militantes campesinos. El tribunal le impuso la pena de prisión perpetua por el homicidio agravado del dirigente campesino Raúl Eduardo Gómez Estigarribia. Según publicó el portal fiscales.gob.ar "el 12 de febrero de 1977 Gómez Estigarribia fue acribillado en la localidad de Corzuela por un grupo de fuerzas conjuntas comandado por Bettolli e integrado por cuatro efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco fuertemente armados, según reconstruyó la acusación". En diciembre de 2010, Bettolli fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en la causa "Caballero I", que fue el primer juicio oral que se realizó en Chaco por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. En 2018 Bettolli también fue condenado a 12 años de prisión en la causa "Caballero II", que abordó los crímenes cometidos en el CDD que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco.
7) Luis Alberto Patetta, oficial de inteligencia, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en Chaco.
Condenado a:
• Prisión perpetua en juicio Masacre Margarita Belén, Chaco: 15 víctimas
• 25 años de prisión en juicio Caballero I, Chaco: 26 víctimas
• 12 años de prisión en juicio Conscriptos, Chaco: 5 víctimas
• 11 años y 6 meses de prisión en juicio Caballero III, Chaco: 33 víctimas
• 19 años de prisión en juicio Caballero II, Chaco: 10 víctimas
Luis Patetta fue condenado en tres ocasiones por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura y terminó beneficiado con prisión domiciliaria en 2019. Fue uno de los protagonistas del terrorismo de Estado en Chaco. Al igual que Bettolli fue condenado en 2010 a 25 años por torturas en la causa Caballero I y en 2018 a 19 años en "Caballero II" por desapariciones, secuestros y torturas. También fue condenado a perpetua por los fusilamientos de la Masacre de Margarita Belén.
8) Héctor Di Pasquale, condenado por delitos de lesa humanidad en la Brigada de San Justo
Condenado a:
• Prisión perpetua en juicio La Cacha: 147 víctimas
• Prisión perpetua en juicio Escuelita VII, Neuquén: 20 víctimas
• 25 años de prisión en juicio Brigada de Investigaciones San Justo: 81 víctimas
• 17 años de prisión en juicio Escuelita III, Neuquén: 55 víctimas
• 10 años de prisión en juicio Escuelita IV, Neuquén: 28 víctimas
• 6 años de prisión en juicio Escuelita VI, Neuquén: 10 víctimas
• 5 años y 4 meses de prisión en juicio Escuelita V, Neuquén: 2 víctimas
Tal como publicó la Secretaría de DD.HH., en diciembre de 2020 el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a 16 represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado contra 84 víctimas en el CDD que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en el Gran Buenos Aires. En ese juicio, Di Pasquale fue condenado a perpetua. Compartió el proceso con el ex comisario general Miguel Etchecolatz y el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires de la dictadura, Jaime Smart. La Brigada de San Justo pertenecía al denominado circuito represivo Camps. Di Pasquale está detenido desde 2010 y sostiene la misma línea negacionista que Villarruel. Publicó un libro en el que afirma que los desaparecidos no son 30.000. El 8 de septiembre de este año, el diario La Nación publicó una nota sobre él: "Un militar detenido publicó un libro que dice que los desaparecidos fueron 6505". Di Pasquale es autor del libro negacionista "Crónica de una guerra negada" que hasta se presentó en la Feria del Libro.
9) Rogelio Masson Iglesias, agente penitenciario, condenado a 14 años de prisión
Condenado a 14 años de prisión en 2015 en el juicio Marengo, Jujuy: 90 víctimas
Rogelio Masson Iglesias era agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y fue condenado a 14 años de prisión en 2015 por crímenes de lesa humanidad y luego beneficiado por la Cámara Federal de Casación Penal. Post dictadura, Masson había sido juez de Mercedes, provincia de Buenos Aires. La condena en su contra fue por la privación ilegítima de la libertad y tormentos sobre 90 personas por su rol en el "Operativo Aire 718". Se trata de un violento traslado aéreo de detenidos desde Jujuy a Buenos Aires, que se ejecutó el 7 de octubre de 1976. Como agente del SPF Masson fue parte de ese vuelo que se hizo con un avión Hércules y donde los detenidos fueron vendados, maniatados y sometidos a tormentos. El operativo estuvo a cargo del teniente coronel (RE) del Ejército Horacio Marengo.
10) José Roberto Abba estuvo detenido, acusado de crímenes de lesa humanidad, pero terminó absuelto por "el principio de duda". En la actualidad está acusado en el juicio "Jefatura III".
José Roberto Abba fue militar y abogado general del Estado (fiscal de Estado) del gobierno de facto del general Antonio Domingo Bussi en Tucumán durante la última dictadura empresario-militar. Estuvo preso por crímenes de lesa humanidad, por la desaparición del periodista francés Maurice Jeger y su compañera Olga Cristina González. Terminó absuelto en 2017 por el principio de duda en uno de los juicios que se hicieron por el Operativo Independencia. El padre de Victoria Villarruel, el teniente coronel Eduardo Villarruel, recibió un diploma de honor en mayo de 1976 por su desempeño en esa operación en Tucumán en la que "ha participado activamente en la lucha contra la subversión".
En la actualidad, Abba es uno de los 30 imputados que tiene el juicio Jefatura III, donde según publica el portal fiscales se aborda "la tercera parte del universo procesal de la megacausa 'Jefatura de Policía de Tucumán', en la que se investigan crímenes de lesa humanidad que tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la jefatura policial tucumana y en las instalaciones del Ingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966."
Ese 17 de febrero de 2016 Villarruel no fue la única que se reunió con estos genocidas. También estuvo Santiago Sinópoli, un militar y abogado con una buena cantidad de publicaciones donde busca fundamentar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y, al igual que Villarruel, alegar que hubo violaciones a los derechos humanos de ambos bandos y que lo necesario es una amnistía general.
Uno de sus libros se llama "Lesa Humanidad: Técnica de una Injusticia", publicado en 2021 en coautoría con Guillermo Palombo, donde se dedican a criticar los fallos de la Corte Suprema vinculados a los delitos de lesa humanidad (Caso Arancibia Clavel), la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (Caso Simón), la negación de "cosa juzgada" (Caso Mazzeo) y lo que denominan la "desaparición forzada" del principio de ley penal más benigna (Caso Batalla). Otro "La batalla por el relato. Ensayo historiográfico sobre la guerra revolucionaria en Argentina: 1959-1989", también en coautoría con Palombo y Alberto Jorge Crinigan, un Coronel del Ejército, Oficial de Inteligencia y ex Jefe del Destacamento de Inteligencia de Córdoba, que estuvo detenido por por crímenes de lesa humanidad. En 2011, Página/12 consignó que Sinopoli fue uno de los 26 militares que conformaron tribunales de guerra especiales que hacían farsas de juicios a presos políticos durante la dictadura.
Otras dos visitas a represores
Dos semanas después de esta visita generalizada a represores, el 2 de marzo de 2016, Villarruel volvió al Complejo Penitenciario Federal 2 y visitó a tres genocidas con los que ya se había reunido: Amelong, Bettolli y Girbone.
Previamente, según pudo reconstruir El Destape, el 21 de mayo de 2014 Villarruel había ido al CFP 2 para ver al represor de la ESMA Alberto González, a quien volvió a visitar el 17 de febrero de 2016.
Esta decena de visitas se suman a las ya conocidas y difundidas como las que Villarruel hizo al dictador Videla, revelada por el militar Pedro Rafael Mercado, esposo de la negacionista Cecilia Pando, o al represor Norberto Cozzani, mano derecha de Miguel Etchecolatz, difundida por la abogada Guadalupe Godoy, querellante en la causa sobre la desaparición de Jorge Julio López. Etchecolatz tenía anotada a Villarruel en uno de sus cuadernos como contacto de cara al juicio que iba a afrontar por el caso López, como también reveló Godoy.
Una persona que frecuentaba a militares que secuestraron, torturaron, violaron y robaron niños puede convertirse en vicepresidenta en una semanas. Algunos de ellos lo hicieron en cientos de oportunidades. ¿Cuál es la catadura moral de alguien que toma mate con asesinos en serie? ¿Qué garantías tendrán los argentinos bajo su mando? Es imprescindible que quienes vayan a votar el 22 de octubre sepan quién es Victoria Villarruel.
Fuente: El Destape
Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi
Si Javier Milei es elegido presidente, Victoria Villarruel presidirá el Senado. Cuando el presidente viaje será presidenta en ejercicio. El candidato ya dijo que su vice estará a cargo de las áreas de Defensa y Seguridad. Si Milei es destituido o sufre una enfermedad que le impida gobernar, se convertirá en presidenta. Buena parte del destino de 47 millones de argentinos quedará en manos de una persona que se reunió al menos con 10 genocidas en la cárcel de Marcos Paz entre 2014 y 2016. Uno estuvo involucrado en más de 250 secuestros, otro en 25 casos de torturas además de fusilamientos y desapariciones, uno fue agente de inteligencia que integró la patota de la ESMA y fue condenado además por delitos sexuales, otro fue condenado a prisión perpetua por robo de bebés, uno reprimió a poblaciones rurales, otro fue condenado por 84 casos de desapariciones. Autopercibida representante de víctimas, su relación es mucho más estrecha con los victimarios.
La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza es poco consultada sobre estos vínculos y nada consultada sobre el dispositivo de abogados del establishment con los que comparte el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), revelados por El Destape. De sus relaciones con genocidas habla poco; de los negocios que vienen detrás de esas relaciones nada.
En una entrevista con La Nación le preguntaron sobre sus visitas a genocidas. La nota consignó que "Villarruel dijo que es cierto que visitó a Jorge Rafael Videla cuando estaba detenido, así como también a otros militares, pero aseguró que lo hizo porque estaba trabajando en su primer libro sobre la década del 70 que se tituló 'Los llaman... jóvenes idealistas' y que -según dijo- buscó 'documentar con todas las voces'".
Los datos que ahora revela El Destape, sin embargo, la desmienten. Ese libro fue publicado en 2009 y las visitas a los genocidas fueron en 2014 y 2016. Tal vez se equivocó y hablaba de su otro libro, "Los otros muertos", en coautoría con Carlos Manfroni. Pero las fechas tampoco dan: lo editó en 2014 y las visitas a genocidas que publica este medio son en su mayoría en 2016.
El Destape pudo reconstruir que el 17 de febrero de 2016 Villarruel fue al penal de Marcos Paz a ver a 10 represores. Sus prontuarios son los siguientes:
1) Alberto González Menotti, agente de inteligencia, integrante del Grupo de Tareas de la ESMA, condenado a perpetua
Condenado a:
• 20 años de prisión por violaciones en la ESMA: 3 víctimas
• Prisión perpetua por secuestros y torturas en juicio ESMA III: 789 víctimas
• Prisión perpetua en juicio ESMA II: 86 víctimas
Agente de inteligencia, integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA. Fue condenado en 2011 a cadena perpetua junto a Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta por los crímenes cometidos en la ESMA. Entre sus víctimas se encuentra Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. En agosto de 2021, González volvió a ser condenado en otro juicio por crímenes en el centro clandestino de la Armada. Se lo sentenció a 20 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra secuestradas, incluidos abusos sexuales y psicológicos, manoseos y violaciones. En el mismo proceso que estuvo a cargo del TOCF 5 al Tigre Acosta se lo condenó a 24 años de prisión. Tal como informó Télam en aquel momento, las penas fueron unificadas a prisión perpetua por la sumatoria de condenas anteriores.
La periodista Luciana Bertoia escribió sobre la relación de la familia Villarruel con González Menotti: "El matrimonio Pando-Mercado suele recordarle a Villarruel otro vínculo con otro ilustre integrante de la patota de la ESMA: Alberto Eduardo González, conocido en el campo de concentración de la Marina como el 'Gato' o 'González Menotti'. González -condenado a prisión perpetua- es historiador de la Marina, como el abuelo materno de Villarruel, y escribió cuatro libros, según declaró en una indagatoria. Pando dice que los libros que publicó Villarruel fueron escritos, en realidad, por González. Este diario consultó con el defensor de González, Guillermo Fanego, quien reconoció el vínculo con Villarruel, aunque desestimó la coautoría".
2) Gerardo Jorge Arráez, área de inteligencia de Policía Federal, 25 años de condena
Condenado a 25 años de prisión en 2017 en el juicio ABO III: 352 víctimas
El ex inspector de la Dirección de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA Gerardo Arráez estuvo en los centros clandestinos de detención y tortura en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Fue condenado en 2017 a 25 años de prisión por más de 250 secuestros y torturas durante el terrorismo de Estado. Entre los hechos que se le adjudicaron figura el caso del secuestro del empresario de medios Jorge Fontevecchia. Según publicó Infojus en 2014, Arráez ejerció como abogado hasta 2012, cuando le dictaron pedido de captura, y en la tortura solía fotografiar a las detenidas.
3) Coronel retirado Héctor Girbone, oficial de inteligencia del Ejército, condenado a 8 años por apropiación de bebés
Condenado a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda
En 2014 Héctor Salvador Girbone fue condenado a la pena de 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, nieto restituido en 2012. Girbone oficial de inteligencia de la Escuela de Caballería del Ejército durante la dictadura empresario-militar. El 23 de septiembre de 2016, la Cámara de Casación confirmó su condena y lo mismo hizo la Corte Suprema en 2019. Fue juzgado junto a su primo Salvador Norberto Girbone y Haydeé Raquel Alí Ahmed, pareja de este último, por los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años y falsedad ideológica. Pablo fue robado cuando tenía un mes de vida. Su padre era Ricardo Gaona y su madre María Rosa Miranda. Ambos permanecen desaparecidos. Al bebé robado lo inscribieron en 1978 como Leandro Daniel Girbone. Tal como relató Alejandra Dandan en Página/12, el genocida Girbone estuvo en el Ejército durante la dictadura y siguió en esa fuerza hasta 2012, cuando quedó detenido por la apropiación de Pablo. En la denuncia se lo había señalado como el "entregador".
4)Teniente coronel Juan Amelong, condenado a perpetua por robo de bebés, secuestros y torturas
Condenado a:
• Prisión perpetua en Jucio Quinta de Funes- Guerrieri IV: 29 víctimas
• Prisión perpetua en juicio Guerrieri III: 47 víctimas
• 10 años de prisión en juicio Guerrieri II: 26 víctimas
• 13 años de prisión en juicio Hospital militar de Paraná: 2 víctimas
El teniente coronel retirado Juan Amelong fue varias veces condenado por crímenes de lesa humanidad. Tiene 4 cadenas perpetuas por homicidios, secuestros, torturas y robos de bebés. Fue miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar. Desde allí se organizó la represión ilegal en un circuito de cinco CCD que funcionaron en el Gran Rosario. Segundo jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia, su compromiso con el terrorismo de Estado fue tal que hasta proveyó una propiedad familiar ("La Intermedia") para convertirla en centro clandestino de tortura y detención. Amelong, que también es abogado, tiene condena firme en los casos conocidos como "Guerrieri I y II" y Hospital Militar de Paraná y en agosto pasado sumó una nueva cadena perpetua en "Guerrieri IV".
5) Pedro Alberto Rodríguez, civil, condenado a 8 años y seis meses
Condenado a 8 años y 6 meses por el secuestro y tortura de Manuel Oscar Casado, dirigente sindical.
En 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal de Rosario condenó a 8 años y seis meses de prisión al abogado Pedro Rodríguez y a los militares Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Hugo Maderna por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Se lo condenó por el secuestro y torturas al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la localidad de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casado. Tal como informó José Maggi en Página/12, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también confirmó el procesamiento de Rodríguez -ex concejal- por el secuestro de Reynaldo Luis Vivas, quien era intendente de San Lorenzo y fue depuesto por la dictadura. "En 1973 Pedro Alberto ‘Pili' Rodríguez se convirtió en el asesor letrado del Sindicato Unido Petrolero del Estado (Supe) y en diciembre de ese año ingresó a la municipalidad de San Lorenzo como asesor legal del intendente Reinaldo Vivas. Con poder creciente en el sindicato y en la municipalidad, Rodríguez se acercó e investigó a los militantes sociales de la región, especialmente a los ligados al sindicalismo combativo", escribió Maggi. "El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 destituyó y encarceló al intendente sanlorencino; junto con él se retiró la mayoría del gabinete, menos Rodríguez, que fue ratificado y ascendido por decreto de la dictadura, a director de asuntos jurídicos del municipio y se le otorgó la categoría más alta como empleado municipal sin mediar antigüedad. Un día después del golpe, Pedro Rodríguez señaló desde un auto a Manuel Casado, el delegado del sindicato de empleados municipales de San Lorenzo, quien fue secuestrado y torturado en el Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán. El caso de privación ilegítima de la libertad, torturas y tormentos fue el primero que llegó a juicio entre todas las atrocidades cometidas en el Cordón Industrial durante la los años de represión", agregó Maggi.
6) Teniente coronel José Tadeo Bettolli, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en Chaco
Condenado a:
• Prisión perpetua en juicio Ligas Agrarias, Chaco: 4 víctimas
• 25 años de prisión en juicio Caballero, Chaco: 26 víctimas
• 12 años de prisión en juicio Caballero II, Chaco: 10 víctimas
• 7 años y 6 meses de prisión en juicio Caballero III, Chaco: 33 víctimas
En junio de 2019 el exteniente coronel del Ejército José Tadeo Bettoli fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en el juicio conocido como "Ligas Agrarias". Se trata de delitos cometidos durante la última dictadura empresario-militar en Chaco contra pobladores rurales y militantes campesinos. El tribunal le impuso la pena de prisión perpetua por el homicidio agravado del dirigente campesino Raúl Eduardo Gómez Estigarribia. Según publicó el portal fiscales.gob.ar "el 12 de febrero de 1977 Gómez Estigarribia fue acribillado en la localidad de Corzuela por un grupo de fuerzas conjuntas comandado por Bettolli e integrado por cuatro efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco fuertemente armados, según reconstruyó la acusación". En diciembre de 2010, Bettolli fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en la causa "Caballero I", que fue el primer juicio oral que se realizó en Chaco por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. En 2018 Bettolli también fue condenado a 12 años de prisión en la causa "Caballero II", que abordó los crímenes cometidos en el CDD que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco.
7) Luis Alberto Patetta, oficial de inteligencia, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en Chaco.
Condenado a:
• Prisión perpetua en juicio Masacre Margarita Belén, Chaco: 15 víctimas
• 25 años de prisión en juicio Caballero I, Chaco: 26 víctimas
• 12 años de prisión en juicio Conscriptos, Chaco: 5 víctimas
• 11 años y 6 meses de prisión en juicio Caballero III, Chaco: 33 víctimas
• 19 años de prisión en juicio Caballero II, Chaco: 10 víctimas
Luis Patetta fue condenado en tres ocasiones por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura y terminó beneficiado con prisión domiciliaria en 2019. Fue uno de los protagonistas del terrorismo de Estado en Chaco. Al igual que Bettolli fue condenado en 2010 a 25 años por torturas en la causa Caballero I y en 2018 a 19 años en "Caballero II" por desapariciones, secuestros y torturas. También fue condenado a perpetua por los fusilamientos de la Masacre de Margarita Belén.
8) Héctor Di Pasquale, condenado por delitos de lesa humanidad en la Brigada de San Justo
Condenado a:
• Prisión perpetua en juicio La Cacha: 147 víctimas
• Prisión perpetua en juicio Escuelita VII, Neuquén: 20 víctimas
• 25 años de prisión en juicio Brigada de Investigaciones San Justo: 81 víctimas
• 17 años de prisión en juicio Escuelita III, Neuquén: 55 víctimas
• 10 años de prisión en juicio Escuelita IV, Neuquén: 28 víctimas
• 6 años de prisión en juicio Escuelita VI, Neuquén: 10 víctimas
• 5 años y 4 meses de prisión en juicio Escuelita V, Neuquén: 2 víctimas
Tal como publicó la Secretaría de DD.HH., en diciembre de 2020 el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a 16 represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado contra 84 víctimas en el CDD que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en el Gran Buenos Aires. En ese juicio, Di Pasquale fue condenado a perpetua. Compartió el proceso con el ex comisario general Miguel Etchecolatz y el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires de la dictadura, Jaime Smart. La Brigada de San Justo pertenecía al denominado circuito represivo Camps. Di Pasquale está detenido desde 2010 y sostiene la misma línea negacionista que Villarruel. Publicó un libro en el que afirma que los desaparecidos no son 30.000. El 8 de septiembre de este año, el diario La Nación publicó una nota sobre él: "Un militar detenido publicó un libro que dice que los desaparecidos fueron 6505". Di Pasquale es autor del libro negacionista "Crónica de una guerra negada" que hasta se presentó en la Feria del Libro.
9) Rogelio Masson Iglesias, agente penitenciario, condenado a 14 años de prisión
Condenado a 14 años de prisión en 2015 en el juicio Marengo, Jujuy: 90 víctimas
Rogelio Masson Iglesias era agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y fue condenado a 14 años de prisión en 2015 por crímenes de lesa humanidad y luego beneficiado por la Cámara Federal de Casación Penal. Post dictadura, Masson había sido juez de Mercedes, provincia de Buenos Aires. La condena en su contra fue por la privación ilegítima de la libertad y tormentos sobre 90 personas por su rol en el "Operativo Aire 718". Se trata de un violento traslado aéreo de detenidos desde Jujuy a Buenos Aires, que se ejecutó el 7 de octubre de 1976. Como agente del SPF Masson fue parte de ese vuelo que se hizo con un avión Hércules y donde los detenidos fueron vendados, maniatados y sometidos a tormentos. El operativo estuvo a cargo del teniente coronel (RE) del Ejército Horacio Marengo.
10) José Roberto Abba estuvo detenido, acusado de crímenes de lesa humanidad, pero terminó absuelto por "el principio de duda". En la actualidad está acusado en el juicio "Jefatura III".
José Roberto Abba fue militar y abogado general del Estado (fiscal de Estado) del gobierno de facto del general Antonio Domingo Bussi en Tucumán durante la última dictadura empresario-militar. Estuvo preso por crímenes de lesa humanidad, por la desaparición del periodista francés Maurice Jeger y su compañera Olga Cristina González. Terminó absuelto en 2017 por el principio de duda en uno de los juicios que se hicieron por el Operativo Independencia. El padre de Victoria Villarruel, el teniente coronel Eduardo Villarruel, recibió un diploma de honor en mayo de 1976 por su desempeño en esa operación en Tucumán en la que "ha participado activamente en la lucha contra la subversión".
En la actualidad, Abba es uno de los 30 imputados que tiene el juicio Jefatura III, donde según publica el portal fiscales se aborda "la tercera parte del universo procesal de la megacausa 'Jefatura de Policía de Tucumán', en la que se investigan crímenes de lesa humanidad que tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la jefatura policial tucumana y en las instalaciones del Ingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966."
Ese 17 de febrero de 2016 Villarruel no fue la única que se reunió con estos genocidas. También estuvo Santiago Sinópoli, un militar y abogado con una buena cantidad de publicaciones donde busca fundamentar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y, al igual que Villarruel, alegar que hubo violaciones a los derechos humanos de ambos bandos y que lo necesario es una amnistía general.
Uno de sus libros se llama "Lesa Humanidad: Técnica de una Injusticia", publicado en 2021 en coautoría con Guillermo Palombo, donde se dedican a criticar los fallos de la Corte Suprema vinculados a los delitos de lesa humanidad (Caso Arancibia Clavel), la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (Caso Simón), la negación de "cosa juzgada" (Caso Mazzeo) y lo que denominan la "desaparición forzada" del principio de ley penal más benigna (Caso Batalla). Otro "La batalla por el relato. Ensayo historiográfico sobre la guerra revolucionaria en Argentina: 1959-1989", también en coautoría con Palombo y Alberto Jorge Crinigan, un Coronel del Ejército, Oficial de Inteligencia y ex Jefe del Destacamento de Inteligencia de Córdoba, que estuvo detenido por por crímenes de lesa humanidad. En 2011, Página/12 consignó que Sinopoli fue uno de los 26 militares que conformaron tribunales de guerra especiales que hacían farsas de juicios a presos políticos durante la dictadura.
Otras dos visitas a represores
Dos semanas después de esta visita generalizada a represores, el 2 de marzo de 2016, Villarruel volvió al Complejo Penitenciario Federal 2 y visitó a tres genocidas con los que ya se había reunido: Amelong, Bettolli y Girbone.
Previamente, según pudo reconstruir El Destape, el 21 de mayo de 2014 Villarruel había ido al CFP 2 para ver al represor de la ESMA Alberto González, a quien volvió a visitar el 17 de febrero de 2016.
Esta decena de visitas se suman a las ya conocidas y difundidas como las que Villarruel hizo al dictador Videla, revelada por el militar Pedro Rafael Mercado, esposo de la negacionista Cecilia Pando, o al represor Norberto Cozzani, mano derecha de Miguel Etchecolatz, difundida por la abogada Guadalupe Godoy, querellante en la causa sobre la desaparición de Jorge Julio López. Etchecolatz tenía anotada a Villarruel en uno de sus cuadernos como contacto de cara al juicio que iba a afrontar por el caso López, como también reveló Godoy.
Una persona que frecuentaba a militares que secuestraron, torturaron, violaron y robaron niños puede convertirse en vicepresidenta en una semanas. Algunos de ellos lo hicieron en cientos de oportunidades. ¿Cuál es la catadura moral de alguien que toma mate con asesinos en serie? ¿Qué garantías tendrán los argentinos bajo su mando? Es imprescindible que quienes vayan a votar el 22 de octubre sepan quién es Victoria Villarruel.
Fuente: El Destape
