¿Por qué en Argentina el litio no es nacional ni estratégico, como en México, Chile o Bolivia?Por Patricia Lee Waynne
A diferencia de lo que sucede en Chile, Bolivia o México, la producción de litio en Argentina no es controlada por el Estado nacional. Las disposiciones de la constitución de 1994 otorgan el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, gracias a lo cual las multinacionales tienen condiciones "decididamente amigables".
"Imagine un país en América del Sur que sea pronegocios, atractivo al capital extranjero y ofrezca estabilidad política para inversiones de largo plazo. La mayoría pensará en Chile. Pero cuando se trata de litio, el país en cuestión es su vecino disfuncional, Argentina, más conocido por cifras de inflación de tres dígitos y sus discusiones con el FMI (Fondo Monetario Internacional), donde los funcionarios han hecho una cariñosa ofensiva de Washington a Londres con un mensaje alentador: el sector minero está abierto a los negocios", escribe la famosa revista inglesa The Economist.
El Wilson Center, un prestigioso think tank de EEUU, coincide: "Dos de los mayores productores de litio del mundo están en América del Sur. El país número uno tiene una industria de litio en pleno boom, con generosos incentivos a las inversiones que atraen a docenas de inversores privados. En el país número dos, la producción es manejada por el Estado y solo operan dos compañías bajo estrictas cuotas de producción y la exigencia de vender hasta el 25% de su producción a un precio preferencial a los compradores locales. Irónicamente, el país número uno no es otro que Argentina, donde el populismo y la crisis económica permanente ha sido la norma por décadas", y donde "la política del litio es decididamente amigable".
Argentina es uno de los vértices del triángulo del litio, con las segundas reservas mundiales. Junto a Bolivia y Chile, cuenta con el 58% de los recursos globales de este recurso estratégico, seguido por China (25%) y Australia (10%).
La necesidad de litio crecerá a medida que aumente la fabricación de autos eléctricos: dos tercios de su demanda se destinan a la producción de baterías y se estima que la producción debería crecer 40 veces para 2040.
Según The Economist, el precio del carbonato de litio pasó en 2022 de 14.000 dólares la tonelada a más de 80.000. Además, se estima que la venta de autos eléctricos incrementará la demanda a 2,4 millones de toneladas en 2030, comparada con los 600.000 en 2022.
Sobre las expectativas argentinas, el banco JPMorgan Chase espera que el país supere a Chile como el segundo productor mundial en 2027 y que pase del 6% de la producción mundial en 2021 al 16% en 2030.
De México, Chile y Bolivia: el litio como recurso estratégico
La cuestión es que tanto Bolivia como México y Chile tienen una política nacional que le da al Estado el control de la producción de este nuevo oro blanco. Argentina está muy lejos de eso.
Chile
En abril, el presidente chileno Gabriel Boric anunció la estrategia nacional para desarrollar el litio con foco en la participación del Estado en el ciclo productivo y la apuesta por el desarrollo científico y tecnológico para agregar valor dentro del país.
Se crea una Empresa Nacional del Litio y se impulsa la promoción y desarrollo de productos del mineral con valor agregado. Actualmente hay solo dos empresas privadas que extraen litio en el país austral: SQM (65%) y Albemarle (35%o), que tienen contratos de arrendamiento con el Estado hasta 2030 y 2043. El anuncio tiene que ver con la pronta finalización de la concesión de SQM para definir el futuro del salar de Atacama, que tiene más del 90% de las reservas del país. Esto transferiría el control a una empresa estatal separada.
México
En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la nacionalización del litio "para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos (...) El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México", determinó el mandatario.
La normativa establece que cerca de 234.855 hectáreas de reservas en el estado de Sonora, en el norte del país, son consideradas como una reserva mineral de litio y que su exploración, explotación y aprovechamiento debe ser realizado por el Gobierno mexicano.
Bolivia
En 2008 el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) eliminó el régimen concesional y otorgó estatus nacional a la explotación de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni, en el sur del país.
Un año después, la constitución boliviana declaró los recursos naturales de carácter estratégico e interés público y en 2017 se creó la empresa pública Yacimientos Litíferos Bolivianos (YLB). Desde la época de la colonia los recursos naturales de Bolivia eran explotados por las multinacionales.
El caso argentino
La constitución de 1994, surgida después del Pacto de Olivos entre los partidos peronista y radical, fue redactada durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), en pleno auge del neoliberalismo en el mundo, cuando se privatizaba todo por monedas, desde Rusia hasta Argentina.
En su artículo 124, la carta magna consagra que las provincias tienen el "dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". De esta manera, son las provincias las que deciden sobre los recursos naturales y estratégicos del país y no el Gobierno nacional.
Esto fue respaldado entusiastamente por los gobernadores de las provincias ricas en petróleo y minería, entre ellos, Néstor Kirchner de la patagónica Santa Cruz, y por su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, que fue convencional constituyente y defendió ardientemente esta reforma. En ese momento, las provincias pobres del norte argentino -entre otras, Salta, Jujuy y Catamarca-, eran las más perjudicadas. Ahora, el milagro del litio se le apareció a estas tres provincias.
Por eso, recientemente estos gobernadores pusieron el grito en el cielo cuando se habló de una OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) del litio con Chile y Bolivia y se alegraron de los impulsos a la nacionalización de los países vecinos, porque consideran que los inversores preferirán el clima más "amigable" de negocios en Argentina.
"Enhorabuena que vayan para atrás", dijo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sobre la decisión de Chile de considerar estratégico el litio. "Y Bolivia también, así vienen más inversiones para Argentina", agregó.
En su discurso del 25 de mayo, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a estos gobernadores criticándolos justamente por su "vocación de colonia" y propuso industrializar el litio argentino para hacer "una parte de la batería o la batería entera" en el país.
Pero la vicepresidenta no propone reformar el regresivo texto constitucional de 1994, que le quitó el control de los principales recursos a la nación para dejarlo en manos de gobernadores de provincias pobres, que negocian en condiciones de inferioridad con las grandes multinacionales y que solo reciben migajas. Esta es la clave del asunto.
Para empeorar las cosas, esta gravosa concesión del Estado nacional a las provincias viene de la mano de una legislación muy favorable para los inversores extranjeros y muy desfavorable para el país.
Tal como escribió el senador oficialista Oscar Parrilli, el Código de Minería de 1886 establece que el Estado, si bien es el dueño de los salares y minas, no puede explotarlos sino que los debe concesionar a un privado que se transforma en el dueño para siempre y puede venderlo, alquilarlo o heredarlo.
Además, la Ley de Inversiones Mineras de 1993 -también aprobada durante el Gobierno de Menem- estableció enormes beneficios para las empresas mineras, que pagan a las provincias regalías del 3% sobre el precio de boca de mina, de lo cual se deducen costos de transporte, trituración y administración, tienen estabilidad fiscal por 30 años, están exentas del impuesto a las ganancias y del pago de derechos de importación y reciben reintegros a la exportación por parte de la nación, que van del 2,5% al 5% de las ventas.
En Chile, por el contrario, las regalías están en un 40%, el canon es en dólares y las empresas tienen que invertir parte de sus ganancias en las comunidades y en proyectos de ciencia y tecnología.
Litio argentino: monopolio de EEUU
La empresa NewCo, producto de la reciente fusión de la estadounidense Livent y la australiana Allkem, opera los dos únicos proyectos que se encuentran en producción en Argentina: Fénix, en el salar de Hombre Muerto, Catamarca (Livent), y el salar de Olaroz, en sales de Jujuy (Allkem). Con la fusión, la sociedad se convierte en la quinta empresa litera del mundo y la única occidental entre las cinco primeras, ya que las otras cuatro son chinas. Las dos empresas fueron responsables en la Argentina de ventas de carbonato de litio al exterior por 696 millones de dólares en 2022.
Así las cosas, la producción de litio en el país es monopolio de una empresa de EEUU.
Según el senador Parrilli, el precio de exportación que declaran las dos empresas que operan en Argentina es ampliamente inferior al precio de mercado y al que declaran las empresas en Chile. La subfacturación de precios y cantidades ya ha hecho que las compañías reciban varias demandas.
El interés estadounidense
Argentina ha sido el mayor exportador de litio a EEUU en los últimos años, concentrando el 54% de las adquisiciones del país anglosajón entre 2017 y 2020, de acuerdo al estudio del Wilson Center.
La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de EEUU en 2022, abarca una inversión de 400.000 millones de dólares, y en el capítulo de la electromovilidad subsidios a la compra de vehículos eléctricos, por lo que se espera un salto en la demanda de litio.
El problema es que estos subsidios serán para la fabricación de los vehículos con recursos de EEUU o de países con los cuales tenga acuerdos de libre comercio. Ahí es donde Argentina podría quedarse afuera del negocio, y esa es justamente la excepción que busca hacer Washington.
Si Argentina quiere de verdad aprovechar la revolución del litio, debe partir de tener una política progresiva sobre los recursos naturales para devolver a la nación el dominio originario de los mismos, lo cual requiere una reforma constitucional.
Esto no lo propone ni el Frente de Todos, que gobierna Catamarca, ni la oposición de Juntos por el Cambio, que gobierna Jujuy. Tampoco lo plantea el economista libertario Javier Milei ni el propio Gobierno nacional.
Si no se sigue el ejemplo de México, Bolivia y Chile, a pesar de que Argentina tenga el oro blanco entre las manos se evaporará más rápido que el agua en los salares.
Por Patricia Lee Waynne
A diferencia de lo que sucede en Chile, Bolivia o México, la producción de litio en Argentina no es controlada por el Estado nacional. Las disposiciones de la constitución de 1994 otorgan el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, gracias a lo cual las multinacionales tienen condiciones "decididamente amigables".
"Imagine un país en América del Sur que sea pronegocios, atractivo al capital extranjero y ofrezca estabilidad política para inversiones de largo plazo. La mayoría pensará en Chile. Pero cuando se trata de litio, el país en cuestión es su vecino disfuncional, Argentina, más conocido por cifras de inflación de tres dígitos y sus discusiones con el FMI (Fondo Monetario Internacional), donde los funcionarios han hecho una cariñosa ofensiva de Washington a Londres con un mensaje alentador: el sector minero está abierto a los negocios", escribe la famosa revista inglesa The Economist.
El Wilson Center, un prestigioso think tank de EEUU, coincide: "Dos de los mayores productores de litio del mundo están en América del Sur. El país número uno tiene una industria de litio en pleno boom, con generosos incentivos a las inversiones que atraen a docenas de inversores privados. En el país número dos, la producción es manejada por el Estado y solo operan dos compañías bajo estrictas cuotas de producción y la exigencia de vender hasta el 25% de su producción a un precio preferencial a los compradores locales. Irónicamente, el país número uno no es otro que Argentina, donde el populismo y la crisis económica permanente ha sido la norma por décadas", y donde "la política del litio es decididamente amigable".
Argentina es uno de los vértices del triángulo del litio, con las segundas reservas mundiales. Junto a Bolivia y Chile, cuenta con el 58% de los recursos globales de este recurso estratégico, seguido por China (25%) y Australia (10%).
La necesidad de litio crecerá a medida que aumente la fabricación de autos eléctricos: dos tercios de su demanda se destinan a la producción de baterías y se estima que la producción debería crecer 40 veces para 2040.
Según The Economist, el precio del carbonato de litio pasó en 2022 de 14.000 dólares la tonelada a más de 80.000. Además, se estima que la venta de autos eléctricos incrementará la demanda a 2,4 millones de toneladas en 2030, comparada con los 600.000 en 2022.
Sobre las expectativas argentinas, el banco JPMorgan Chase espera que el país supere a Chile como el segundo productor mundial en 2027 y que pase del 6% de la producción mundial en 2021 al 16% en 2030.
De México, Chile y Bolivia: el litio como recurso estratégico
La cuestión es que tanto Bolivia como México y Chile tienen una política nacional que le da al Estado el control de la producción de este nuevo oro blanco. Argentina está muy lejos de eso.
Chile
En abril, el presidente chileno Gabriel Boric anunció la estrategia nacional para desarrollar el litio con foco en la participación del Estado en el ciclo productivo y la apuesta por el desarrollo científico y tecnológico para agregar valor dentro del país.
Se crea una Empresa Nacional del Litio y se impulsa la promoción y desarrollo de productos del mineral con valor agregado. Actualmente hay solo dos empresas privadas que extraen litio en el país austral: SQM (65%) y Albemarle (35%o), que tienen contratos de arrendamiento con el Estado hasta 2030 y 2043. El anuncio tiene que ver con la pronta finalización de la concesión de SQM para definir el futuro del salar de Atacama, que tiene más del 90% de las reservas del país. Esto transferiría el control a una empresa estatal separada.
México
En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la nacionalización del litio "para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos (...) El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México", determinó el mandatario.
La normativa establece que cerca de 234.855 hectáreas de reservas en el estado de Sonora, en el norte del país, son consideradas como una reserva mineral de litio y que su exploración, explotación y aprovechamiento debe ser realizado por el Gobierno mexicano.
Bolivia
En 2008 el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) eliminó el régimen concesional y otorgó estatus nacional a la explotación de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni, en el sur del país.
Un año después, la constitución boliviana declaró los recursos naturales de carácter estratégico e interés público y en 2017 se creó la empresa pública Yacimientos Litíferos Bolivianos (YLB). Desde la época de la colonia los recursos naturales de Bolivia eran explotados por las multinacionales.
El caso argentino
La constitución de 1994, surgida después del Pacto de Olivos entre los partidos peronista y radical, fue redactada durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), en pleno auge del neoliberalismo en el mundo, cuando se privatizaba todo por monedas, desde Rusia hasta Argentina.
En su artículo 124, la carta magna consagra que las provincias tienen el "dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". De esta manera, son las provincias las que deciden sobre los recursos naturales y estratégicos del país y no el Gobierno nacional.
Esto fue respaldado entusiastamente por los gobernadores de las provincias ricas en petróleo y minería, entre ellos, Néstor Kirchner de la patagónica Santa Cruz, y por su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, que fue convencional constituyente y defendió ardientemente esta reforma. En ese momento, las provincias pobres del norte argentino -entre otras, Salta, Jujuy y Catamarca-, eran las más perjudicadas. Ahora, el milagro del litio se le apareció a estas tres provincias.
Por eso, recientemente estos gobernadores pusieron el grito en el cielo cuando se habló de una OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) del litio con Chile y Bolivia y se alegraron de los impulsos a la nacionalización de los países vecinos, porque consideran que los inversores preferirán el clima más "amigable" de negocios en Argentina.
"Enhorabuena que vayan para atrás", dijo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sobre la decisión de Chile de considerar estratégico el litio. "Y Bolivia también, así vienen más inversiones para Argentina", agregó.
En su discurso del 25 de mayo, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a estos gobernadores criticándolos justamente por su "vocación de colonia" y propuso industrializar el litio argentino para hacer "una parte de la batería o la batería entera" en el país.
Pero la vicepresidenta no propone reformar el regresivo texto constitucional de 1994, que le quitó el control de los principales recursos a la nación para dejarlo en manos de gobernadores de provincias pobres, que negocian en condiciones de inferioridad con las grandes multinacionales y que solo reciben migajas. Esta es la clave del asunto.
Para empeorar las cosas, esta gravosa concesión del Estado nacional a las provincias viene de la mano de una legislación muy favorable para los inversores extranjeros y muy desfavorable para el país.
Tal como escribió el senador oficialista Oscar Parrilli, el Código de Minería de 1886 establece que el Estado, si bien es el dueño de los salares y minas, no puede explotarlos sino que los debe concesionar a un privado que se transforma en el dueño para siempre y puede venderlo, alquilarlo o heredarlo.
Además, la Ley de Inversiones Mineras de 1993 -también aprobada durante el Gobierno de Menem- estableció enormes beneficios para las empresas mineras, que pagan a las provincias regalías del 3% sobre el precio de boca de mina, de lo cual se deducen costos de transporte, trituración y administración, tienen estabilidad fiscal por 30 años, están exentas del impuesto a las ganancias y del pago de derechos de importación y reciben reintegros a la exportación por parte de la nación, que van del 2,5% al 5% de las ventas.
En Chile, por el contrario, las regalías están en un 40%, el canon es en dólares y las empresas tienen que invertir parte de sus ganancias en las comunidades y en proyectos de ciencia y tecnología.
Litio argentino: monopolio de EEUU
La empresa NewCo, producto de la reciente fusión de la estadounidense Livent y la australiana Allkem, opera los dos únicos proyectos que se encuentran en producción en Argentina: Fénix, en el salar de Hombre Muerto, Catamarca (Livent), y el salar de Olaroz, en sales de Jujuy (Allkem). Con la fusión, la sociedad se convierte en la quinta empresa litera del mundo y la única occidental entre las cinco primeras, ya que las otras cuatro son chinas. Las dos empresas fueron responsables en la Argentina de ventas de carbonato de litio al exterior por 696 millones de dólares en 2022.
Así las cosas, la producción de litio en el país es monopolio de una empresa de EEUU.
Según el senador Parrilli, el precio de exportación que declaran las dos empresas que operan en Argentina es ampliamente inferior al precio de mercado y al que declaran las empresas en Chile. La subfacturación de precios y cantidades ya ha hecho que las compañías reciban varias demandas.
El interés estadounidense
Argentina ha sido el mayor exportador de litio a EEUU en los últimos años, concentrando el 54% de las adquisiciones del país anglosajón entre 2017 y 2020, de acuerdo al estudio del Wilson Center.
La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de EEUU en 2022, abarca una inversión de 400.000 millones de dólares, y en el capítulo de la electromovilidad subsidios a la compra de vehículos eléctricos, por lo que se espera un salto en la demanda de litio.
El problema es que estos subsidios serán para la fabricación de los vehículos con recursos de EEUU o de países con los cuales tenga acuerdos de libre comercio. Ahí es donde Argentina podría quedarse afuera del negocio, y esa es justamente la excepción que busca hacer Washington.
Si Argentina quiere de verdad aprovechar la revolución del litio, debe partir de tener una política progresiva sobre los recursos naturales para devolver a la nación el dominio originario de los mismos, lo cual requiere una reforma constitucional.
Esto no lo propone ni el Frente de Todos, que gobierna Catamarca, ni la oposición de Juntos por el Cambio, que gobierna Jujuy. Tampoco lo plantea el economista libertario Javier Milei ni el propio Gobierno nacional.
Si no se sigue el ejemplo de México, Bolivia y Chile, a pesar de que Argentina tenga el oro blanco entre las manos se evaporará más rápido que el agua en los salares.
