El paralelismo es increíble. Justo el 20 de diciembre, pero 20 años después del "argentinazo", la movilización popular se llevó puesta a la zonificación minera en Chubut. Las múltiples represiones, la presión política y los montajes mediáticos para demonizar a los miles que protestan tozudamente pudieron evitar que los chubutenses salieran a las calles en una revuelta social indetenible. Lo siguen haciendo para exigir la derogación definitiva y rechazando la trampa dilatoria del plebiscito. La apertura minera fue derrotada, la clase dirigente se fragmentó, reculó y se acomodó a lo inexorable. Mientras tanto, un desconcertado y errático Arcioni intenta desesperadamente evitar tener que salir de la derruida Casa de Gobierno como lo hizo De la Rúa en un helicóptero.
Cautela y gente curtida en la protesta
Satisfacción, alegría, desconfianza y exigencia son los principales estados de ánimo que predominan hoy en una provincia de Chubut donde un 20 de diciembre -pero de 2021- la movilización popular derrumbó el intento de apertura minera pretendido con la Ley de Zonificación que fuera aprobada entre gallos y medianoche.
Las similitudes con el 19 y 20 de diciembre de 2001 son inocultables. Las manifestaciones multitudinarias y cotidianas, las barricadas y las fogatas contra la represión, las detenciones arbitrarias, el incendio de edificios públicos y las campañas mediáticas para construir falazmente un enemigo violento y antidemocrático son un calco de lo sucedido hace 20 años; ahora en la convulsionada Chubut Rebelde.
Ya sin margen de maniobra y tras quedarse en la más absoluta soledad política, con un enorme vacío de poder y tras una categórica derrota electoral en las urnas que se manifestó físicamente en las calles, el gobernador Mariano Arcioni anunció de manera poco ortodoxa -a través de su cuenta de Twitter- que daba marcha atrás con la zonificación.
En una pirueta que lo dejó desnudo y expuesto, el primer mandatario provincial buscó desmovilizar a los miles de chubutenses que se vienen manifestando en las calles desde la noche del pasado 15 de diciembre.
Los primeros cinco días que conmovieron a Chubut lo fueron arrinconando, quebraron el andamiaje político que consiguió con esos largamente trabajados votos a favor de los 14 diputados -más el aporte táctico de los ausentes y los que rechazaron el proyecto-
La clase política dirigente de los partidos tradicionales lo bancó en el arranque del proceso, incluyendo obviamente al propio presidente Alberto Fernández.
Por eso en la oscura noche del 15 de diciembre nadie hablaba de tirar abajo la zonificación. Los días fueron pasando, las movilizaciones creciendo geométricamente y el "acuerdo" político que estaba atado por el hilo del interés más especulativo se fue resquebrajando.
Después del incendio de la Casa de Gobierno, la política se abroqueló detrás de Arcioni para cobijar al poder en su última embestida contra el rechazo social; contando con el acompañamiento de un amplio sector de la prensa local, provincial y nacional.
En una situación que aún queda poco clara y sigue repleta de dudas que deberían ser despejadas por la Justicia -la hipótesis viable de una zona liberada, infiltraciones y potenciación de la bronca para que todo arda-; se instaló la execrable teoría de los dos demonios.
Los manifestantes pacíficos pasaron a ser los "terroristas" y se convirtieron en incendiarios. Ese fue el último intento de hacer pasar la zonificación con la desmovilización, apelando al miedo y la demonización.
La jugada política fracasó. Con Fontana 50 aún humeante Arcioni recorrió los destrozos en elegante sport y lanzó con contundencia: "yo nunca doy marcha atrás, jamás en mi vida".
Se estaba frente a lo que iba a terminar siendo la última acción ofensiva del gobierno y la última afirmación de Arcioni.
La respuesta popular fue llenar las calles con muchísimos más manifestantes y la clase política se dio cuenta de que ya no había marcha atrás.
Menos aún había posibilidades de hacer triunfar el proyecto de zonificación minera.
Pero había algo más merodeando el caldeado ambiente social. Ya no se cantaba solamente contra la minería, se escuchaba cada vez con más fuerza el histórico "que se vayan todos"; el mismo que tronó en forma de escarmiento durante 2001.
Tras el apuro del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, que rápidamente levantó las manos de los ediles para adherir a la controvertida ley, comenzaron a aparecer los distintos palacios legislativos municipales que rechazaban la ley y declaraban "personas no gratas" a los 14 diputados.
Como en un juego de dominó, uno a uno fueron cayendo los Concejos Deliberantes y los intendentes dejaron en soledad al gobernador. En paralelo empezaron a aparecer durante el fin de semana los proyectos de derogación de la ley.
Soltándole la mano a Arcioni, el resto de la clase política se fue reubicando camo pudo del lado del clamor popular. Quizás -o seguramente- no por convicción, sino por la necesidad de no ser devorados por el "que se vayan todos".
Era casi obvio que, al terminar el fin de semana, la ley de zonificación estaba casi derrotada; aunque aún faltaba una estocada final y sólo hubo que esperar hasta la mañana del lunes. Nuevamente miles de chubutenses salieron a las calles y fue cuestión de horas hasta que el gobernador anunciara por las redes sociales que había sido derrotado y que iba a dar marcha atrás.
Pero no menor fue el pedido de tiempo. "Quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad", escribió Arcioni en su Twitter; porque la salida de la zonificación es por espanto y con desorganización, para lo que necesita crear mecanismos que le permitan una derrota menos costosa y por lo menos un intento más de volver a imponerla para cumplir con acuerdos no públicos.
Para ese intento posterior se guardó en la manga la convocatoria a un plebiscito, el que seguramente deberá ser acordado con la implosionada clase política dirigente.
Las esperanzas de desmovilizar, pacificar y encausar una crisis que supera ampliamente a la cuestión minera fueron puestas en duda cuando se supo la noticia del costoso y casi vergonzoso retroceso político del gobernador.
Los manifestantes en las calles y en las redes sociales dieron amplísimas muestras de no confiar en las promesas de Arcioni. Exigen la derogación definitiva de la ley, rechazan la convocatoria a un plebiscito -aduciendo que se plebiscitó en las calles-, piden que se trate la ninguneada IP 2020 (segunda iniciativa popular acompañada por más de 30 mil firmas) y no faltan quienes quieren ir más allá y siguen cantando "que se vayan todos". Y todos son todos.
La aceptación de la derrota asumida por Arcioni no desmovilizó hasta ahora, y la olla a presión sigue levantando temperatura; aunque la alegría y la desconfianza dominan la escena popular.
Ya no queda claro si lo que busca el gobernador y buena parte del resto de la dirigencia política provincial es un camino alternativo, aunque más largo, para hacer un nuevo intento -y quizás el último- con la minería a través del plebiscito; o si de lo que se trata ahora es de preservar lo poco o casi nulo nivel de gobernabilidad que queda en Chubut.
De no lograr encausar la situación en horas o quizás días, lo que estará en evidencia creciente es un gobierno derrotado en las calles, completamente debilitado -ya había ocurrido con el rechazo en las urnas- y sin mucho margen de maniobra para los próximos dos años. Tal vez en enero a este ritmo de desgaste la cuerda esté rota.
Ese tiempo que pide Arcioni suena más a querer encontrar respaldo para la gobernabilidad que para avanzar con la minería. De no lograrlo, parece haber un helicóptero sobrevolando la ciudad de Rawson -rememorando al que se llevó a De la Rúa-. La amenaza de que se instale en la debilitada Fontana 50 un enorme vacío de poder ya no está lejos. Nadie sabe cómo y cuándo se podría restaurar. Lo cierto que es que cuando el pueblo hace sonar el escarmiento todo lo presuntamente sólido se desvanece en el aire, para unir libremente en una frase a Perón y Marx.
Por ahora no se observan en la realidad gérmenes de doble poder o reconversión de las manifestaciones en asambleas que discutan todo el poder en un Chubut por venir, quizás con la derogación concreta de la zonificación alcance para descomprimir. Lo que está más que claro es que, cuanto menos, la avanzada prominera hizo estallar por los aires la gobernabilidad y profundizó el quiebre del contrato social de la política con enormes sectores populares.
