El año concluye con una larga lista de problemas sin resolver en Chubut. La pandemia no solamente golpeó en el aspecto sanitario, sino que además terminó resultando una herramienta válida de control social para un gobierno debilitado que atravesó otra crisis importante. La administración de Arcioni cuenta entre sus "trofeos" conquistados en 2020 la renegociación de la deuda en dólares, la aprobación "raspando" de un presupuesto que implicará un nuevo ajuste y la recepción constante de fondos nacionales para subsistir en el día a día. Entre los temas pendientes asoma la controvertida zonificación minera -que hasta ahora no superó la instancia legislativa- y el pago de los salarios adeudados a los estatales y jubilados. Se avecina una "guerra de poderes" con el sector Judicial.
La conflictividad social bajó sus decibeles como consecuencia del riesgo de contagios y no se propagó por las calles chubutenses como había sucedido en años anteriores.
Esa lógica de "quédate en casa" se rompió sobre el final del año cuando el gobierno de Arcioni avanzó con la minería y puso en marcha el proyecto de zonificación minera para los departamentos de Gastre y Telsen. Los movimientos ambientalistas rompieron el cerco de la pandemia y salieron a protestar contra la avanzada extractivista.
El 2020 conlleva una pregunta clave difícil de responder por su complejidad y multiplicidad de factores, debido a que abarca varios terrenos a tener en cuenta. ¿La administración de Arcioni termina este año más fortalecida o más debilitada de lo que estaba cuando comenzó?
Arcioni: ¿más débil o más fuerte?
El actual gobernador ganó con holgura las elecciones anticipadas de junio de 2019. Las urnas lo hicieron triunfador con el 41% de los sufragios y superó por 21.700 votos en toda la provincia el 34% que obtuvo el justicialista Carlos Linares.
Esa fortaleza electoral se diluyó en la segunda mitad del año pasado y el 2020 arrancó con una evidente debilidad política que tenía un correlato directo en la crisis económica de la provincia y la combinación de conflictos desatados en el ámbito estatal.
La gestión arcionista se sintió tambalear en varios momentos, crujió en su interior la alianza con el sastrismo y también con el madernismo -aunque esta última en menor medida-, se rompió el bloque oficialista en la Legislatura y solamente la entrada en escena de la política nacional con la protección de Alberto Fernández le otorgó suficiente aire como para ir capeando el temporal que se conjugó con la cuarentena.
Hasta este momento, la pandemia en Chubut ha dejado 34.844 contagios y 493 fallecimientos; aunque el repunte de casos no muestra un panorama muy auspicioso para las próximas semanas o meses.
Con la pandemia sobrevolando la provincia, Arcioni se aferró casi como ningún otro gobernador a la cuarentena iniciada a nivel nacional el 20 de marzo. Combinando lo sanitario con lo social, apuntó claramente a que las calles se calmaran a fuerza de patrullajes y controles.
Controles policiales en tiempos de pandemia liderados por el ministro Massoni.
El brazo ejecutor de esa política control de social fue el ministro Federico Massoni, el máximo ariete con que Arcioni le clavó una daga a la protesta. Con poderes plenipotenciarios otorgados por el gobernador, el ministro inquisidor sacó a sus "pucarás" policiales para patrullar las calles y con la bajada del sol se instauró una especie de toque no decretado formalmente.
En tiempos de extrema soledad política, el peronismo provincial le tiró dardos al corazón -en especial el derrotado Linares-, los aliados comenzaron a distanciarse y en el poder nacional no había grandes simpatías desde el albertismo/kirchnerismo. Claro que a Arcioni siempre le queda una última puerta que golpear: la del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Tomás Massa, su amigo.
De la mano de Massa, Arcioni llegó a Alberto Fernández -y al ministro de Economía Martín Guzmán- con la intención de conseguir dos ayudas esenciales. Una financiera para ir saldando el explosivo día a día marcado por el descalabro de las cuentas públicas de la provincia y otra relacionada con el tutelaje en la renegociación de la deuda en dólares.
Ambos procesos terminaron con el gobernador amarrándose a buen puerto. Consiguió hace pocas semanas cerrar el acuerdo con los bonistas privados y así sacarse de encima casi 168 millones de dólares de vencimientos hasta finalizar 2023 -transfiriéndole el mayor peso de la deuda a la próxima gestión-.
Desde el Gobierno nacional le enviaron 10.000 millones de pesos de ayuda que recién comenzará a devolver en enero próximo, le refinanciaron una deuda con Nación por otros 3.280 millones y llegaron no menos de 1.000 millones de pesos por Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estos sin devolución.
Sergio Massa y Alberto Fernández.
Control social exitoso
El control pandémico de la sociedad ejecutado por Massoni, la parsimonia de buena parte de la dirigencia sindical estatal y el aire político brindado por la Nación -después de que hasta se hablara de "intervención" en la provincia-, más los fondos nacionales y la renegociación de la deuda -donde el ministro de Economía, Oscar Antonena, cumplió un rol clave- hicieron que Arcioni se mantenga en el cargo pese a los pronósticos más agoreros.
La gran pregunta es si en la actualidad se encuentra más fortalecido o más debilitado que hace un año. A priori parecería ser que continúa sin adhesión social notable y casi sin ascendencia de liderazgo político sobre sectores cercanos o lejanos del justicialismo, Sin embargo, Arcioni encarará 2021 en mejores condiciones respecto de finales de 2019, aunque con numerosos temas amenazantes.
Solamente el devenir de los días irá respondiendo la pregunta con mayor precisión para un gobierno que aparenta ser el encargado de una frágil transición hacia 2023. En el medio se cruzan las urgencias y el humor social que se encuentra al borde de su capacidad para evitar el hartazgo que desencadena la conflictividad; muchos meses de protestas parecen haber agotado una porción importante de los perjudicados.
No obstante, es válido tener en cuenta que las revueltas y la lucha de clases suelen emerger sin correlato frente a los ritmos que manejan las clases políticas dirigentes.
¿Cortina de humo?: Minería y ajuste
La disputa por la habilitación de la minería en Chubut le terminó resultando a Arcioni una herramienta muy efectiva a la hora de ir concretando una arista muy compleja del plan de gobierno.
La zonificación minera se instaló en el centro de la escena social y política. Las calles se llenaron del "No a la Mina" y en la Legislatura provincial no se discutió otra cuestión de fondo más que el proyecto ingresado a comisión.
La lucha antiminera ganó protagonismo asemejándose a los tiempos del plebiscito de 2003 en Esquel, aunque posiblemente en una proporción menor de significación social y política.
Mientras el debate parece convertirse casi con exclusividad en "minería sí o minería no", el gobierno dio dos pasos importantísimos en su búsqueda de estructurar medidas que le posibiliten deslindarse de pagos de la deuda en dólares y preparar el terreno para la aplicación de un nuevo ajuste sobre el gasto público.
Una de las tantas marchas del "No a la Mina" en Esquel.
Cerró "exitosamente" la renegociación de la deuda y consiguió con el voto del diputado macrista "Cien lucas" Sebastián López que se apruebe el Presupuesto 2021 que en los papales anuncia "sangre, sudor y lágrimas" a partir de un fuertísimo recorte del gasto con el congelamiento salarial de los empleados públicos y los jubilados provinciales.
Aunque el avance de la minería forma parte de una decisión nacional, política y empresarial, para meter a Chubut en el paquete de las provincias mineras -derrotando de esa manera el ejemplo emblemático de la disputa dada desde Esquel hace casi 20 años- la contienda se terminó transformando en el telón de fondo de otra batalla tanto o más importante.
Resignación o impotencia
Seguramente nadie se habría animado a afirmar hace un año que los empleados públicos iban a aceptar cerrar el año con dos meses de atrasos salariales, el aguinaldo de junio en cuotas y el de diciembre impago. Además de haber transitado todo 2020 sin aumentos de sueldos y con la perspectiva de una nueva pérdida de poder adquisitivo con el ajuste proyectado para el 2021. Sin embargo, en ocasiones "la vida te da sorpresas", como canta Rubén Blades.
El panorama está planteado en esos términos y los trabajadores estatales -muchos de los cuales marchan contra la minería- no adoptan actitudes similares frente al atraso salarial ni tampoco desbordan a muchas direcciones sindicales timoratas o cómplices que aceptan mansamente la imposición.
Instaurar la minería en Chubut sin licencia social es una prioridad política donde no hay grieta -ya que atraviesa a radicales, peronistas y macristas-, pero además terminó siendo la cortina de humo que sacó de foco el ajuste para achicar el gasto público y dio por sentada la aceptación de la deuda en dólares.
Más allá de la invaluable constancia en la "resistencia", el variopinto movimiento antiminero empieza a chocar nuevamente con sus propias limitaciones. No tiene propuesta unificada para el funcionamiento estatal y menos aún para el desarrollo de una estructura productiva y generadora de riquezas en la provincia. En paralelo no se presenta como una alternativa política y programática de gobierno en Chubut.
Casi 20 años después del plebiscito en Esquel la discusión vuelve a ser más o menos la misma, quedando circunscripta en el "sí o no" a la minería.
El debate minero en la Legislatura no logró aún sortear la comisión que debe sacar el despacho para su tratamiento en una sesión, lo que podría suceder en el primer trimestre de 2021. Tampoco lo avanzó la Iniciativa Popular 2020 avalada por más de 31 mil firmas.
La intentona minera dejó las esquirlas diseminadas en el poder político y económico producto de las denuncias hechas públicas ante los supuestos pagos de coimas por los votos o para hacer lobby.
En contraposición, los bonistas privados ya tienen garantizado un nuevo plan de pagos y el ajuste ya pasó por el tamiz de los votos -ahora solamente habrá que ver cómo se produce su aceptación y aplicabilidad-.
El denunciado diputado macrista Sebastián López y la legisladora denunciante de "coimas" Leyla Lloyd Jones.
Guerra de poderes: La Justicia en la mira
"Se manejan como si fuera una casta", dijo esta semana antes de tomarse vacaciones el gobernador Arcioni respecto del Poder Judicial y lo volvió a subir al ring de una contienda que este año se suscitó en varias oportunidades.
Con un sesgo de fortaleza, Arcioni fue más allá y amplió diciendo que "es una bofetada a la sociedad que se aumenten 39% los salarios. El Poder Judicial se maneja de una manera totalmente autónoma, como si fuera una casta. Los poderes no se utilizan para hacer daño a otro poder, porque le están haciendo daño a la sociedad".
No conforme con eso, el primer mandatario adelantó que "vamos a encarar una reforma judicial. Para mediados de mes -de enero- vamos a estar enviando los pliegos".
Esta sería la segunda gran embestida contra el sector Judicial después del intento de avanzar con la "autarquía" en mayo pasado, proyecto que terminó cajoneado y solamente transitó debates mediáticos.
A priori no parece que a Arcioni le preocupe demasiado el funcionamiento y la celeridad del Poder Judicial -salvo en el caso de la diputada y ex ministra Graciela Cigudosa, por la que acusó a la Justicia y reclamó su sobreseimiento-. Es que en el marco de la aplicación de un ajuste de gastos en funcionamiento y salarios de estatales los judiciales quedan por fuera producto de su "enganche" con los aumentos que autoriza la Corte Suprema de la Nación.
Aunque las proyecciones elaboradas por Antonena en el Presupuesto 2021 le daban al sector Judicial un recorte menor al de todos los demás ámbitos del Estado provincial, el Poder Ejecutivo mandó a la Legislatura -y ésta lo aprobó a principios de mes- un congelamiento de salarios por seis meses.
Es que el "enganche" es un problema para aplicar un ajuste al resto de los estatales y de allí la imperiosa necesidad del gobierno de "desengancharlos", porque de lo contrario el resto de los gremios podrían a salir reclamar aumentos como los que tendrían los judiciales.
De fondo aparece una pelea más profunda que lo meramente salarial. El Poder Judicial no le estaría siendo afín a las necesidades del gobierno y más allá de la división de poderes establecida por mandato constitucional el Ejecutivo busca una mayor cercanía y "obediencia" del Judicial.
Arcioni junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, y al procurador general Jorge Miquelarena.
Causas desagradables para el Ejecutivo
El avance en las causas de corrupción que involucraron a políticos de la gestión dasnevista y del propio arcionismo -ya sea las surgidas en tiempos de temporal en Comodoro Rivadavia, las vinculadas al ministerio de Educación o los muchos pedidos de destitución y juicio político contra el gobernador- no constituyen un camino que al gobierno le resulte placentero. Especialmente porque en tiempos de debilidad política o de alejamiento del poder es sabido que la Justicia avanza.
La "guerra" judicial parece haberse vuelto a encender y habrá que esperar a enero para saber cuáles son los detalles del proyecto que Arcioni enviará a la Legislatura, aunque este será otro frente abierto mientras anhela avanzar con el ajuste y la habilitación minera en Chubut.
El primer trimestre de 2021 se preanuncia como movido. Aunque la pandemia acecha nuevamente, ya no sería posible que el confinamiento le baje los decibeles a la conflictividad social como en este 2020.
Hasta marzo o abril el gobierno provincial no lograría pagar los sueldos adeudados porque no se liberan regalías petroleras a pesar de la renegociación de la deuda; Nación ya no mandaría más plata e inclusive se deberían comenzar a pagar los préstamos en pesos otorgados. Se avecina una nueva vuelta de tuerca de la conflictividad porque en marzo deberían empezar las clases y aún no se sabe qué hará el gremio docente y si se impondrá su variante más concesiva o la combativa.
