Más de 1.000 académicos y docentes respaldan la Segunda Iniciativa Popular contra la MegamineríaComo es de público conocimiento, el gobierno y empresarios mineros intentan habilitar la megaminería (específicamente, minería metalífera a cielo abierto) en la provincia. Se trata de un proyecto que no cuenta con licencia social y que es rechazado por múltiples sectores de la comunidad. Con el objetivo de impedir definitivamente la habilitación de la megaminería y con la esperanza de promover un desarrollo productivo inclusivo y sustentable, la Unión de Asambleas Comunitarias de la provincia llevó adelante la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminería, juntando más de 30.000 firmas en un contexto de aislamiento. El proyecto de ley fue presentado el 16 de octubre al tribunal electoral de la provincia y ya atravesó las verificaciones correspondientes.
Es un hecho importantísimo, porque se trata de una modalidad de democracia participativa que solo fue efectuada en dos ocasiones en la historia de Chubut: en 2014, cuando se presentó la Primera Iniciativa Popular contra la Megaminería, y ahora, con la Segunda Iniciativa Popular. Es un ejemplo de madurez y de compromiso democrático de la población. Sin embargo, este proceso fue subestimado tanto por el gobierno como por gran parte de los medios de prensa.
En apoyo a la Segunda Iniciativa Popular, más de 1.000 académicos manifestaron su apoyo en una nota que fue puesta en circulación por las redes sociales. En tan solo diez días, se han sumado investigadores de distintas universidades del mundo: Reino Unido, EEUU, Canadá, México, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Portugal, Chile, Uruguay, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Catalunya. El comunicado fue firmado por reconocidos especialistas en problemáticas socio-ambientales como Carlos Walter Porto-Gonçalves, Arturo Escobar, Enrique Leff, Maristella Svampa, Gabriela Merlinsky, Mariano Féliz, Lucrecia Wagner, Julio Gambina, Horacio Machado Aráoz. El posicionamiento no sólo fue acompañado por académicos de estas regiones, sino que cuenta con un amplio apoyo de docentes e investigadores de nuestro país y de la provincia de Chubut, que vienen investigando los impactos que las industrias extractivas tienen en nuestra región y los peligros que supone la habilitación de nuevas actividades de este tipo.
Esta declaración se suma además a los ya emitidos pronunciamientos realizados en ocasiones anteriores por el Consejo Superior de la UNPSJB; investigadores del CENPAT-CONICET Chubut, así como también al reciente rechazo expresado por Becarixs de Organismos de Ciencia y Técnica (CONICET, INTA, Universidad, Agencia de promoción científica, Secretaría de ciencia de Chubut) con sede en la provincia de Chubut.
El amplio apoyo a este comunicado ratifica que el ámbito científico académico de la región rechaza la megaminería, y plantea objeciones motivadas por argumentos científico-técnicos que son producto de investigaciones que, a lo largo y ancho de nuestro continente, han mostrado los impactos negativos del extractivismo en los territorios.
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpYKAfN4dmkw9bBYQ92iV_6_jKgUL9LrCc8awwongalSIlPQ/viewform
Apoyo a la segunda iniciativa popular en Chubut
Desde la Universidad Nacional de la Patagonia, provincia del Chubut, volvemos a hacer un llamado urgente a todxs nuestrxs colegas, docentes e investigadores de distintas Universidades.
Una vez más nos encontramos en un contexto de atropello a la democracia, en una clara muestra del control y presiones que se ejercen desde las esferas de poder que buscan instalar la megaminería, desconociendo por completo las expresiones del pueblo chubutano.
En el mes de octubre de 2020, se llevó adelante la Segunda Iniciativa Popular (IP) para apoyar un proyecto de Ley impulsado por la Unión de Asambleas Comunitarias del Chubut (U.A.C.Ch.).
La IP busca prohibir la megaminería en todas sus etapas en el territorio provincial, reforzando el espíritu de la Ley XVII N° 68 (ex 5001), para así promover actividades alternativas al modelo extractivista, que sean realmente inclusivas y signifiquen una real diversificación de la matriz productiva. Estas más de 30.000 firmas se juntaron en un contexto de aislamiento por la pandemia, obteniendo en menos de 200 días, desde 48 localidades, pueblos y comunas, más del doble de firmas recolectadas en la primera IP, aquella que fue protagonista de un fraude legislativo tristemente famoso.
Expresamos nuestra preocupación ante el avance del Gobierno de la provincia con la clara intencionalidad de aprobar la zonificación minera, desconociendo este proceso de participación democrática y ciudadana.
Alertamos a la comunidad en general sobre el accionar motivado por el gobierno de Chubut, a través del que se impulsan discursos de odio y se criminaliza a la ciudadanía movilizada por no apoyar las imposiciones centralizadas que buscan instalar la megaminería en Chubut.
El contexto actual de crisis financiera, política y económica de la provincia va a traducirse en una verdadera crisis social si es que desde el poder político no se escucha la voluntad de la población.
El anuncio por redes sociales del gobernador Arcioni, la reunión desde la virtualidad anunciando la Mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, la estigmatización constante de los pueblos, las líneas editoriales emitidas con particular sincronía desde los medios de prensa hegemónicos y los simulacros de participación, no hacen más que reflejar la dificultad que tiene el gobierno para respetar el sistema democrático. El ignorar la voluntad popular expresada desde hace casi veinte años, y materializada en las 30.916 firmas constatadas en la Segunda IP, motivará sin ningún tipo de dudas, la movilización en todas las localidades de la provincia, tal como ya ocurrió en los últimos días.
Llamamos a nuestras legisladoras y legisladores a tomar conciencia de lo que podría provocar la aprobación de cualquier marco legal que signifique un avance de los proyectos mineros, ya que las ciudades de la provincia se van a movilizar por este tema, que nuclea no a un sector político partidario, sino a los más diversos sectores de la sociedad. La situación de pandemia y aislamiento difícilmente mantendrá a las poblaciones de la provincia, siendo la decisión política de las y los funcionarios lo que promueva la movilización en este contexto favoreciendo las posibilidades de contagios.
Hace ya dos años, la Universidad Nacional de la Patagonia se expresó a través del Consejo Superior, rechazando aquella vez el proyecto de zonificación minera propuesto. Retomamos algunos de los argumentos ya expresados en aquel momento para volver a indicar que esta intención carece de proyección a largo plazo y que "no cuenta con el respaldo de un análisis exhaustivo de los aspectos sociales, económicos, ambientales y político-legales implicados".
Además de la Universidad, otros organismos científicos se manifestaron en el mismo sentido. Su opinión contrasta con la de otros colectivos que, bajo rótulos pretendidamente académicos, avalan esta actividad extractiva con el fin no declarado de un beneficio económico directo o indirecto.
El contexto de pandemia es el más claro ejemplo que muestra la necesidad de un cambio de paradigma en los modos de vincularnos con la naturaleza como sociedad. Seamos ejemplo para buscar ese camino articulando sectores de gobierno, de la estructura productiva, del ámbito académico y - sobre todo - de la sociedad civil. Chubut cuenta con una población movilizada, con sectores emprendedores, con conocimiento local y creemos en la posibilidad de que exista, en algún momento, voluntad política. Solicitamos que sea en Chubut donde se avance con acciones concretas en línea con lo expresado en el internacional Acuerdo de Escazú, el cual ya fue ratificado por nuestro país y en los próximos 90 días entrará en vigencia. Desde aquí podemos ser ejemplo de acciones para la protección del ambiente y la participación ciudadana, tal como promueve este Tratado Internacional.
Quienes firmamos aquí, solicitamos a la Legislatura del Chubut que no dé tratamiento a las tentativas que impulsan la explotación minera en el territorio y pedimos que, en cambio, atienda la legítima voluntad del pueblo, expresada en la Segunda Iniciativa Popular. Vale apuntar que, hasta la fecha, en el presente período legislativo, es el único proyecto formalizado y público respecto de este tema, por lo que su tratamiento no debería ser postergado para dar lugar a un proyecto también referido a la cuestión minera que ingrese con posterioridad.
Asimismo, solicitamos al gobierno provincial que tome los recaudos necesarios para que el tratamiento de esta IP no corra la misma suerte que la presentada en 2014, en aquella bochornosa sesión del mes de noviembre.
Por estos motivos y acompañando además la defensa del mayor bien común que nuestro suelo alberga, EL AGUA, los abajo firmantes fijamos nuestro rechazo absoluto al avance que pretende habilitar la megaminería en Chubut.
Contactos:
Lic. Gustavo Romeo: 297-4205170
Dr. Sebastián Sayago: 2974 39-8308
Mg. Ana Mariel Weinstock: 280 470-9008
Mg. Letizia Vazquez: 2974161012
Como es de público conocimiento, el gobierno y empresarios mineros intentan habilitar la megaminería (específicamente, minería metalífera a cielo abierto) en la provincia. Se trata de un proyecto que no cuenta con licencia social y que es rechazado por múltiples sectores de la comunidad. Con el objetivo de impedir definitivamente la habilitación de la megaminería y con la esperanza de promover un desarrollo productivo inclusivo y sustentable, la Unión de Asambleas Comunitarias de la provincia llevó adelante la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminería, juntando más de 30.000 firmas en un contexto de aislamiento. El proyecto de ley fue presentado el 16 de octubre al tribunal electoral de la provincia y ya atravesó las verificaciones correspondientes.
Es un hecho importantísimo, porque se trata de una modalidad de democracia participativa que solo fue efectuada en dos ocasiones en la historia de Chubut: en 2014, cuando se presentó la Primera Iniciativa Popular contra la Megaminería, y ahora, con la Segunda Iniciativa Popular. Es un ejemplo de madurez y de compromiso democrático de la población. Sin embargo, este proceso fue subestimado tanto por el gobierno como por gran parte de los medios de prensa.
En apoyo a la Segunda Iniciativa Popular, más de 1.000 académicos manifestaron su apoyo en una nota que fue puesta en circulación por las redes sociales. En tan solo diez días, se han sumado investigadores de distintas universidades del mundo: Reino Unido, EEUU, Canadá, México, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Portugal, Chile, Uruguay, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Catalunya. El comunicado fue firmado por reconocidos especialistas en problemáticas socio-ambientales como Carlos Walter Porto-Gonçalves, Arturo Escobar, Enrique Leff, Maristella Svampa, Gabriela Merlinsky, Mariano Féliz, Lucrecia Wagner, Julio Gambina, Horacio Machado Aráoz. El posicionamiento no sólo fue acompañado por académicos de estas regiones, sino que cuenta con un amplio apoyo de docentes e investigadores de nuestro país y de la provincia de Chubut, que vienen investigando los impactos que las industrias extractivas tienen en nuestra región y los peligros que supone la habilitación de nuevas actividades de este tipo.
Esta declaración se suma además a los ya emitidos pronunciamientos realizados en ocasiones anteriores por el Consejo Superior de la UNPSJB; investigadores del CENPAT-CONICET Chubut, así como también al reciente rechazo expresado por Becarixs de Organismos de Ciencia y Técnica (CONICET, INTA, Universidad, Agencia de promoción científica, Secretaría de ciencia de Chubut) con sede en la provincia de Chubut.
El amplio apoyo a este comunicado ratifica que el ámbito científico académico de la región rechaza la megaminería, y plantea objeciones motivadas por argumentos científico-técnicos que son producto de investigaciones que, a lo largo y ancho de nuestro continente, han mostrado los impactos negativos del extractivismo en los territorios.
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpYKAfN4dmkw9bBYQ92iV_6_jKgUL9LrCc8awwongalSIlPQ/viewform
Apoyo a la segunda iniciativa popular en Chubut
Desde la Universidad Nacional de la Patagonia, provincia del Chubut, volvemos a hacer un llamado urgente a todxs nuestrxs colegas, docentes e investigadores de distintas Universidades.
Una vez más nos encontramos en un contexto de atropello a la democracia, en una clara muestra del control y presiones que se ejercen desde las esferas de poder que buscan instalar la megaminería, desconociendo por completo las expresiones del pueblo chubutano.
En el mes de octubre de 2020, se llevó adelante la Segunda Iniciativa Popular (IP) para apoyar un proyecto de Ley impulsado por la Unión de Asambleas Comunitarias del Chubut (U.A.C.Ch.).
La IP busca prohibir la megaminería en todas sus etapas en el territorio provincial, reforzando el espíritu de la Ley XVII N° 68 (ex 5001), para así promover actividades alternativas al modelo extractivista, que sean realmente inclusivas y signifiquen una real diversificación de la matriz productiva. Estas más de 30.000 firmas se juntaron en un contexto de aislamiento por la pandemia, obteniendo en menos de 200 días, desde 48 localidades, pueblos y comunas, más del doble de firmas recolectadas en la primera IP, aquella que fue protagonista de un fraude legislativo tristemente famoso.
Expresamos nuestra preocupación ante el avance del Gobierno de la provincia con la clara intencionalidad de aprobar la zonificación minera, desconociendo este proceso de participación democrática y ciudadana.
Alertamos a la comunidad en general sobre el accionar motivado por el gobierno de Chubut, a través del que se impulsan discursos de odio y se criminaliza a la ciudadanía movilizada por no apoyar las imposiciones centralizadas que buscan instalar la megaminería en Chubut.
El contexto actual de crisis financiera, política y económica de la provincia va a traducirse en una verdadera crisis social si es que desde el poder político no se escucha la voluntad de la población.
El anuncio por redes sociales del gobernador Arcioni, la reunión desde la virtualidad anunciando la Mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, la estigmatización constante de los pueblos, las líneas editoriales emitidas con particular sincronía desde los medios de prensa hegemónicos y los simulacros de participación, no hacen más que reflejar la dificultad que tiene el gobierno para respetar el sistema democrático. El ignorar la voluntad popular expresada desde hace casi veinte años, y materializada en las 30.916 firmas constatadas en la Segunda IP, motivará sin ningún tipo de dudas, la movilización en todas las localidades de la provincia, tal como ya ocurrió en los últimos días.
Llamamos a nuestras legisladoras y legisladores a tomar conciencia de lo que podría provocar la aprobación de cualquier marco legal que signifique un avance de los proyectos mineros, ya que las ciudades de la provincia se van a movilizar por este tema, que nuclea no a un sector político partidario, sino a los más diversos sectores de la sociedad. La situación de pandemia y aislamiento difícilmente mantendrá a las poblaciones de la provincia, siendo la decisión política de las y los funcionarios lo que promueva la movilización en este contexto favoreciendo las posibilidades de contagios.
Hace ya dos años, la Universidad Nacional de la Patagonia se expresó a través del Consejo Superior, rechazando aquella vez el proyecto de zonificación minera propuesto. Retomamos algunos de los argumentos ya expresados en aquel momento para volver a indicar que esta intención carece de proyección a largo plazo y que "no cuenta con el respaldo de un análisis exhaustivo de los aspectos sociales, económicos, ambientales y político-legales implicados".
Además de la Universidad, otros organismos científicos se manifestaron en el mismo sentido. Su opinión contrasta con la de otros colectivos que, bajo rótulos pretendidamente académicos, avalan esta actividad extractiva con el fin no declarado de un beneficio económico directo o indirecto.
El contexto de pandemia es el más claro ejemplo que muestra la necesidad de un cambio de paradigma en los modos de vincularnos con la naturaleza como sociedad. Seamos ejemplo para buscar ese camino articulando sectores de gobierno, de la estructura productiva, del ámbito académico y - sobre todo - de la sociedad civil. Chubut cuenta con una población movilizada, con sectores emprendedores, con conocimiento local y creemos en la posibilidad de que exista, en algún momento, voluntad política. Solicitamos que sea en Chubut donde se avance con acciones concretas en línea con lo expresado en el internacional Acuerdo de Escazú, el cual ya fue ratificado por nuestro país y en los próximos 90 días entrará en vigencia. Desde aquí podemos ser ejemplo de acciones para la protección del ambiente y la participación ciudadana, tal como promueve este Tratado Internacional.
Quienes firmamos aquí, solicitamos a la Legislatura del Chubut que no dé tratamiento a las tentativas que impulsan la explotación minera en el territorio y pedimos que, en cambio, atienda la legítima voluntad del pueblo, expresada en la Segunda Iniciativa Popular. Vale apuntar que, hasta la fecha, en el presente período legislativo, es el único proyecto formalizado y público respecto de este tema, por lo que su tratamiento no debería ser postergado para dar lugar a un proyecto también referido a la cuestión minera que ingrese con posterioridad.
Asimismo, solicitamos al gobierno provincial que tome los recaudos necesarios para que el tratamiento de esta IP no corra la misma suerte que la presentada en 2014, en aquella bochornosa sesión del mes de noviembre.
Por estos motivos y acompañando además la defensa del mayor bien común que nuestro suelo alberga, EL AGUA, los abajo firmantes fijamos nuestro rechazo absoluto al avance que pretende habilitar la megaminería en Chubut.
Contactos:
Lic. Gustavo Romeo: 297-4205170
Dr. Sebastián Sayago: 2974 39-8308
Mg. Ana Mariel Weinstock: 280 470-9008
Mg. Letizia Vazquez: 2974161012
