Pueblo mapuche denuncia la inseguridad jurídica en Vaca Muerta por la falta de Consulta Previa
La Confederación Mapuche advierte que el gobierno de Rolando Figueroa continúa con la política de avanzar en los desarrollos hidrocarburíferos sin consultar a las comunidades mapuche, en violación de la legislación nacional e internacional. Señalan que, a 15 meses de gestión, no se ha implementado ningún procedimiento de consulta previa, lo que genera conflictos socioambientales y riesgos jurídicos para las empresas involucradas. Las comunidades anunciaron que iniciarán acciones legales y administrativas si persiste el incumplimiento.
CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE NEUQUÉN
En la provincia de Neuquén, el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales ha avanzado sin la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada al pueblo mapuche, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT, la Ley Nacional 24.071 y la Ley Provincial 3401. Esta situación vulnera los derechos del pueblo mapuche y genera conflictos socioambientales en la región. En este contexto, la ilegalidad del accionar estatal resulta sumamente violenta, ya que desconoce y atropella la institucionalidad que protege a nuestras comunidades.
La Ley Provincial 3401 fue impulsada por el entonces gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, quien también se encargó de su reglamentación. Actualmente, Gutiérrez forma parte del gobierno de Rolando Figueroa en su rol de director de YPF, cargo en el que representa los intereses de la provincia dentro del directorio de la petrolera estatal. Esta situación refuerza la contradicción entre la normativa aprobada y su incumplimiento sistemático en la actualidad.
El gobernador Rolando Figueroa es directamente responsable de garantizar el cumplimiento de la consulta previa a las comunidades mapuches antes de otorgar concesiones hidrocarburíferas o aprobar licencias ambientales. Sin embargo, su gestión ha optado por continuar con la misma política de sus predecesores: avanzar en los desarrollos hidrocarburíferos sin la consulta y participación de las comunidades afectadas. Esta omisión no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también genera inestabilidad jurídica y social en la provincia.
A 15 meses del inicio de su gobierno, Figueroa no ha implementado ni un solo procedimiento de consulta previa, incumpliendo flagrantemente las obligaciones establecidas en la legislación nacional e internacional. Esta inacción no solo constituye una falta de respeto a los derechos de las comunidades mapuche, sino que también expone al Estado provincial a riesgos jurídicos y conflictos que podrían haberse evitado con una gestión responsable y respetuosa del marco normativo vigente.
Un claro ejemplo de este incumplimiento son los proyectos La Angostura I y II. La expansión de estos proyectos en territorio mapuche sin un proceso adecuado de diálogo y consentimiento no solo incumple con la normativa vigente, sino que también genera un escenario de incertidumbre para las empresas involucradas, que podrían enfrentar paralizaciones y acciones legales.
Ante esta situación, hemos esperado un tiempo más que prudencial para que el gobierno de Figueroa implemente el cambio que prometió en campaña electoral. Frente a este incumplimiento sistemático, las comunidades han decidido iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes. De no corregirse esta situación, las comunidades mapuche estamos totalmente legitimadas a accionar en nuestra defensa. No podemos quedar pasivos ante las acciones directas y violentas del gobierno. Somos conscientes que estos enfrentamientos incrementan aún más la incertidumbre operativa y los riesgos económicos en la provincia, pero es el gobernador quien debe medir sus actos.
El Ministerio de Gobierno, a cargo de Jorge Tobares, es el órgano de aplicación de la Consulta Previa y permanece pasivo ante estas violaciones de derecho. Recientemente, el gobierno de Neuquén otorgó nuevas concesiones no convencionales en áreas donde aún existen concesiones convencionales activas. Muchas de estas áreas fueron renegociadas bajo el amparo de la Ley 2615 y poseen un inventario de pasivos ambientales sin que se haya realizado la remediación ampliamente publicitada y comprometida por el Ministro de Energía, Gustavo Medele.
El gobierno de Rolando Figueroa ha adoptado una política de aprobar sistemáticamente las solicitudes de las petroleras, sin considerar los procesos de consulta previos. Sin embargo, son las propias empresas las que terminan enfrentando las consecuencias de esta omisión, al sufrir medidas de acción directa por parte de las comunidades afectadas. Las ocupaciones, bloqueos y litigios derivados de la falta de consulta generan incertidumbre operativa y ponen en riesgo la viabilidad económica de los proyectos hidrocarburíferos.
El gobernador Figueroa debe entender que la Consulta no es una dádiva, un gesto de buena voluntad o un acto audaz de su parte. Es una obligación jurídica y constitucional. Es a la vez un mecanismo esencial para la convivencia pacífica y el desarrollo sustentable en Neuquén.
Es imperativo que el gobierno de Neuquén cumpla con lo que está normado en cuanto a los derechos a la consulta y participación mapuche en todo acto del estado que nos afecte. Solo un marco regulatorio claro y respetado asegura la estabilidad jurídica necesaria y la salida de esta ilegalidad constante del gobierno de Neuquen.
La Confederación Mapuche advierte que el gobierno de Rolando Figueroa continúa con la política de avanzar en los desarrollos hidrocarburíferos sin consultar a las comunidades mapuche, en violación de la legislación nacional e internacional. Señalan que, a 15 meses de gestión, no se ha implementado ningún procedimiento de consulta previa, lo que genera conflictos socioambientales y riesgos jurídicos para las empresas involucradas. Las comunidades anunciaron que iniciarán acciones legales y administrativas si persiste el incumplimiento.
CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE NEUQUÉN
En la provincia de Neuquén, el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales ha avanzado sin la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada al pueblo mapuche, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT, la Ley Nacional 24.071 y la Ley Provincial 3401. Esta situación vulnera los derechos del pueblo mapuche y genera conflictos socioambientales en la región. En este contexto, la ilegalidad del accionar estatal resulta sumamente violenta, ya que desconoce y atropella la institucionalidad que protege a nuestras comunidades.
La Ley Provincial 3401 fue impulsada por el entonces gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, quien también se encargó de su reglamentación. Actualmente, Gutiérrez forma parte del gobierno de Rolando Figueroa en su rol de director de YPF, cargo en el que representa los intereses de la provincia dentro del directorio de la petrolera estatal. Esta situación refuerza la contradicción entre la normativa aprobada y su incumplimiento sistemático en la actualidad.
El gobernador Rolando Figueroa es directamente responsable de garantizar el cumplimiento de la consulta previa a las comunidades mapuches antes de otorgar concesiones hidrocarburíferas o aprobar licencias ambientales. Sin embargo, su gestión ha optado por continuar con la misma política de sus predecesores: avanzar en los desarrollos hidrocarburíferos sin la consulta y participación de las comunidades afectadas. Esta omisión no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también genera inestabilidad jurídica y social en la provincia.
A 15 meses del inicio de su gobierno, Figueroa no ha implementado ni un solo procedimiento de consulta previa, incumpliendo flagrantemente las obligaciones establecidas en la legislación nacional e internacional. Esta inacción no solo constituye una falta de respeto a los derechos de las comunidades mapuche, sino que también expone al Estado provincial a riesgos jurídicos y conflictos que podrían haberse evitado con una gestión responsable y respetuosa del marco normativo vigente.
Un claro ejemplo de este incumplimiento son los proyectos La Angostura I y II. La expansión de estos proyectos en territorio mapuche sin un proceso adecuado de diálogo y consentimiento no solo incumple con la normativa vigente, sino que también genera un escenario de incertidumbre para las empresas involucradas, que podrían enfrentar paralizaciones y acciones legales.
Ante esta situación, hemos esperado un tiempo más que prudencial para que el gobierno de Figueroa implemente el cambio que prometió en campaña electoral. Frente a este incumplimiento sistemático, las comunidades han decidido iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes. De no corregirse esta situación, las comunidades mapuche estamos totalmente legitimadas a accionar en nuestra defensa. No podemos quedar pasivos ante las acciones directas y violentas del gobierno. Somos conscientes que estos enfrentamientos incrementan aún más la incertidumbre operativa y los riesgos económicos en la provincia, pero es el gobernador quien debe medir sus actos.
El Ministerio de Gobierno, a cargo de Jorge Tobares, es el órgano de aplicación de la Consulta Previa y permanece pasivo ante estas violaciones de derecho. Recientemente, el gobierno de Neuquén otorgó nuevas concesiones no convencionales en áreas donde aún existen concesiones convencionales activas. Muchas de estas áreas fueron renegociadas bajo el amparo de la Ley 2615 y poseen un inventario de pasivos ambientales sin que se haya realizado la remediación ampliamente publicitada y comprometida por el Ministro de Energía, Gustavo Medele.
El gobierno de Rolando Figueroa ha adoptado una política de aprobar sistemáticamente las solicitudes de las petroleras, sin considerar los procesos de consulta previos. Sin embargo, son las propias empresas las que terminan enfrentando las consecuencias de esta omisión, al sufrir medidas de acción directa por parte de las comunidades afectadas. Las ocupaciones, bloqueos y litigios derivados de la falta de consulta generan incertidumbre operativa y ponen en riesgo la viabilidad económica de los proyectos hidrocarburíferos.
El gobernador Figueroa debe entender que la Consulta no es una dádiva, un gesto de buena voluntad o un acto audaz de su parte. Es una obligación jurídica y constitucional. Es a la vez un mecanismo esencial para la convivencia pacífica y el desarrollo sustentable en Neuquén.
Es imperativo que el gobierno de Neuquén cumpla con lo que está normado en cuanto a los derechos a la consulta y participación mapuche en todo acto del estado que nos afecte. Solo un marco regulatorio claro y respetado asegura la estabilidad jurídica necesaria y la salida de esta ilegalidad constante del gobierno de Neuquen.