Miles de indígenas marcharon en Chiapas contra la violencia del crimen organizadoSPUTNIK
Miles de personas marcharon este 25 de enero en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de Chiapas (sureste), para exigir a las autoridades del país latinoamericano que detengan la violencia de los grupos del crimen organizado, que se ha incrementado a niveles históricos en los últimos meses.
Unas 7.000 personas participaron en la manifestación convocada por la organización Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal de la Casas, para conmemorar los 100 años del nacimiento del obispo Samuel García Ruiz, uno de los dirigentes religiosos más querido, respetado y cercano a los movimientos sociales indígenas de Chiapas y mediador en el conflicto que estalló tras el surgimiento de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994.
Los manifestantes también exigieron justicia por la muerte del padre Marcelo Pérez, un sacerdote también conocido por su activismo y por su defensa de los derechos humanos en pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, y asesinado el pasado 20 de octubre en hechos que no han sido esclarecidos por las autoridades.
"En la actualidad, desde hace tiempo venimos denunciando que las autoridades de los tres niveles de Gobierno tanto municipal, estatal y federal desempeñen correctamente sus labores ante tanta inseguridad en que se vive", señalaron las organizaciones convocantes en un comunicado de prensa.
"Que caminen en las comunidades, como lo hicieron durante sus campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente", afirmaron.
Los manifestantes recordaron que la situación de inseguridad y violencia que viven varios municipios de Chiapas no es un conflicto social, sino que es provocada por diferentes grupos del crimen organizado, "que se disputan el territorio por intereses de máxima ganancia y que tienen secuestrado a nuestros pueblos, además les obligan a ponerse como barrera humana, exponiéndolos a la muerte o a ser criminalizados por las autoridades".
Los participantes de la manifestación también denunciaron que los grupos criminales han controlado el mercado de los productos de los campesinos, provocando un encarecimiento de los productos y, "por ende, mermando el bolsillo de las personas más pobres".
Los convocantes exigieron que los gobernantes "cumplan su papel de garantizar sus derechos y no para oprimir con sus leyes autoritarias, ni como cómplices del mal y no hagan oídos sordos ante la violencia que trae sufrimiento a los pueblos".
"Que el derecho a una vida digna se cumpla con justicia y libertad ante tanta marginación, injusticias e impunidad que acontece en nuestro Estado de Chiapas. Dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga simulación mediática de estar resolviendo los problemas", señalaron.
Los manifestantes demandaron un reconocimiento público por parte del estado de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal, así como su atención integral, que incluye la garantía de un retorno seguro y permanente, libre de violencias.
También, el desarme de los grupos criminales que provocan el desplazamiento forzado y que el Gobierno ponga un alto al crimen organizado.
Asimismo, que el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez no se quede impune y que se agilice la investigación para encontrar a los verdaderos culpables materiales e intelectuales.
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Miles de personas marcharon este 25 de enero en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de Chiapas (sureste), para exigir a las autoridades del país latinoamericano que detengan la violencia de los grupos del crimen organizado, que se ha incrementado a niveles históricos en los últimos meses.
Unas 7.000 personas participaron en la manifestación convocada por la organización Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal de la Casas, para conmemorar los 100 años del nacimiento del obispo Samuel García Ruiz, uno de los dirigentes religiosos más querido, respetado y cercano a los movimientos sociales indígenas de Chiapas y mediador en el conflicto que estalló tras el surgimiento de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994.
Los manifestantes también exigieron justicia por la muerte del padre Marcelo Pérez, un sacerdote también conocido por su activismo y por su defensa de los derechos humanos en pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, y asesinado el pasado 20 de octubre en hechos que no han sido esclarecidos por las autoridades.
"En la actualidad, desde hace tiempo venimos denunciando que las autoridades de los tres niveles de Gobierno tanto municipal, estatal y federal desempeñen correctamente sus labores ante tanta inseguridad en que se vive", señalaron las organizaciones convocantes en un comunicado de prensa.
"Que caminen en las comunidades, como lo hicieron durante sus campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente", afirmaron.
Los manifestantes recordaron que la situación de inseguridad y violencia que viven varios municipios de Chiapas no es un conflicto social, sino que es provocada por diferentes grupos del crimen organizado, "que se disputan el territorio por intereses de máxima ganancia y que tienen secuestrado a nuestros pueblos, además les obligan a ponerse como barrera humana, exponiéndolos a la muerte o a ser criminalizados por las autoridades".
Los participantes de la manifestación también denunciaron que los grupos criminales han controlado el mercado de los productos de los campesinos, provocando un encarecimiento de los productos y, "por ende, mermando el bolsillo de las personas más pobres".
Los convocantes exigieron que los gobernantes "cumplan su papel de garantizar sus derechos y no para oprimir con sus leyes autoritarias, ni como cómplices del mal y no hagan oídos sordos ante la violencia que trae sufrimiento a los pueblos".
"Que el derecho a una vida digna se cumpla con justicia y libertad ante tanta marginación, injusticias e impunidad que acontece en nuestro Estado de Chiapas. Dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga simulación mediática de estar resolviendo los problemas", señalaron.
Los manifestantes demandaron un reconocimiento público por parte del estado de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal, así como su atención integral, que incluye la garantía de un retorno seguro y permanente, libre de violencias.
También, el desarme de los grupos criminales que provocan el desplazamiento forzado y que el Gobierno ponga un alto al crimen organizado.
Asimismo, que el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez no se quede impune y que se agilice la investigación para encontrar a los verdaderos culpables materiales e intelectuales.