Parlamento Mapuche-Tehuelche de Rio Negro: "Cambian los gobiernos, pero sigue la política anti indígena"El 20 de diciembre de 2020 con otro gobierno nacional expresabamos estas palabras en un comunicado público. Para que nos demos cuenta que por más que cambien los partidos gobernantes la política anti Mapuche e anti indígena sigue siempre por el mismo carril de la violencia estatal y violación de los DDHH.
Defensa del Territorio Comunitario. Siempre vigente
Curru Leufú, 20 de diciembre de 2020
Desde la Coordinadora Mapuche Tehuelche, hacemos un llamado a organizarnos para resistir los desalojos comunitarios que pretendía llevar adelante la Justicia de Río Negro, estando en vigencia de la ley 26160 de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena y que en la actualidad no se aplica en el territorio de la provincia. Esto se debe a una voluntad política expresa de la Gobernadora Arabela Carreras de no aplicar el relevamiento territorial incumpliendo una ley nacional.
La actualidad comunitaria de hoy, no ha cambiado en absoluto, las órdenes de desalojo siguen vigentes, algunas suspendidas hasta que finalice la vigencia de la ley 26160 en noviembre de 2021, otras órdenes de suspensión están siendo apeladas por empresas, resoluciones de carpetas técnicas de Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI impugnadas en sede judicial, desalojos exprés ordenadas políticamente por el ejecutivo provincial, acatada por el poder judicial y ejecutada por la Policía de Río Negro. Un poder Judicial a medida de los intereses empresariales nacionales y extranjeros, genuflexos ante el poder políticodel cual también son parte, sin conocimiento de Derecho Indígena. Aplica sentencias y admite presentaciones judiciales racistas, xenófobas y arbitrarias, generando las legítimas resistencias de las comunidades.
Política y judicialmente en Río Negro el panorama es muy complejo, también con la participación de la prensa antimapuche y racista que crea el enemigo interno. Para agravar el conflicto debe sumar las actuaciones de la Dirección de Tierras autorizando permisos de ocupación en territorios de veranadas, autorizando alambrados en alta montaña, generando conflictos comunitarios, también una mala actuación de la Secretaría de Minería provincial otorgando permisos de cateos en territorios comunitarios sin la Consulta Libre Previa e Informada, a las comunidades afectadas, desconociendo el derecho indígena, además de autorizar el proyecto de Uranio Amarillo Grande sin consenso social y sin Consulta Previa a pesar de dos pedidos de comunidades en este sentido.
En el plano nacional, la cuestión no varía en mucho. A pesar de implementar la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos, las soluciones no llegan, el dialogo no avanza, fundamentalmente porque no hay decisión política de devolver territorios y sin devolución de territorios, ninguna solución es posible. Sin el reconocimiento de la historia de un Genocidio, ninguna reparación es posible, pues clausura un debate social que la democracia le debe a la sociedad. Al contrario la política indígena del gobierno comienza a tomar el mismo camino que en el gobierno de Macri, siguiéndole los pasos a una Justicia Federal que es una cloaca pestilente sin control, bajo las ordenes de los racistas del Pro, que tienen el control de jueces, fiscales y la Corte Suprema de Justicia. Si se quejan del Lawfare en las altas esferas del gobierno, hay que imaginarse lo que le cabe a las comunidades indígenas que continúan siendo desalojadas, perseguidas, denunciadas, espiadas, intervenidas, y criminalizadas penalmente a pesar de que el convenio 169 de la OIT, pone énfasis en que no es el camino para solucionar un problema de tierras con las comunidades. En el gobierno nacional los actores no tienen capacidad política de resolver los problemas territoriales, ni siquiera son capaces de frenar la extranjerización de la tierra. En Mascardi la inspección ocular llevada adelante la última semana por fuerzas federales, a las órdenes de la racista Fiscal Sylvia Little, es la muestra de la nueva estrategia gubernamental, ceder frente a la derecha criminal cuyos referentes más nefastos, Arieto y Patricia Bullrich, siguen interviniendo directa y descaradamente en el conflicto. Parques Nazionales, mira para otro lado y no aporta ninguna solución, no revisa su historia criminal de usurpación y despojo, al contrario oculta que en Villa Mascardi tiene la llave para la resolución de cualquier conflicto de tierras, pues tiene 200 ha. a su nombre en 63 lotes, pero piensa más en ser una inmobiliaria del Estado, que en reparar su nefasto pasado de denuncias judiciales para correr a la población de sus lugares ancestrales. Esto también demuestra que el conflicto tiene tintes raciales. El gobierno de la provincia de Río Negro, el empresariado turístico, Parques Nazionales, parte de la sociedad racista de Bariloche influenciados por una prensa hegemónica y ahora también el gobierno nacional no quieren que una comunidad mapuche este instalada frente al Lago, esa es la realidad que trasuntan las últimas acciones.
Hoy que también se ha emitido una orden de desalojo de la Justicia de Neuquén contra la Lof Kinxikew en la ruta 40 entre Bariloche y Villa La Angostura, que tiene acompañamiento social a la comunidad y también la voluntad de resistir el desalojo. Esto pone en evidencia que el conflicto con las comunidades del país marcha por el mismo camino. La violencia estatal, indefectiblemente generará más violencia. La responsabilidad mayor del Estado es ineludible. No es posible culpar a las comunidades por defenderse y defender su integridad territorial.
En un marco de Inseguridad Territorial, las reivindicaciones son una necesidad imperiosa de las comunidades por la falta de tierras aptas y suficientes. La aplicación de una política persecutoria por parte de una Justicia racista, la falta de aplicación de la ley 26160, sin Titulos Comunitarios, sin devolución de territorios , sin Consulta Libre Previa e Informada, con aplicación de políticas antimapuchepor parte de los gobiernos provinciales y nacionales, impulsando la megaminería, forestales, inmobiliarias, petroleras, monocultivo con agrotóxicos y de mega represas, las comunidades no tenemos más alternativas que resistir todas las órdenes de desalojo emitidas por la Justicia, tanto provincial como federal, haciendo uso de la autonomía y autodeterminación de los pueblos, derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT. Hacemos responsables al gobierno nacional y provinciales por las consecuencias de dicho accionar, además de hacer las denuncias pertinentes ante los organismos internacionales.
Marichiweu Marichiweu Marichiweu!!!!!!
Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro
El 20 de diciembre de 2020 con otro gobierno nacional expresabamos estas palabras en un comunicado público. Para que nos demos cuenta que por más que cambien los partidos gobernantes la política anti Mapuche e anti indígena sigue siempre por el mismo carril de la violencia estatal y violación de los DDHH.
Defensa del Territorio Comunitario. Siempre vigente
Curru Leufú, 20 de diciembre de 2020
Desde la Coordinadora Mapuche Tehuelche, hacemos un llamado a organizarnos para resistir los desalojos comunitarios que pretendía llevar adelante la Justicia de Río Negro, estando en vigencia de la ley 26160 de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena y que en la actualidad no se aplica en el territorio de la provincia. Esto se debe a una voluntad política expresa de la Gobernadora Arabela Carreras de no aplicar el relevamiento territorial incumpliendo una ley nacional.
La actualidad comunitaria de hoy, no ha cambiado en absoluto, las órdenes de desalojo siguen vigentes, algunas suspendidas hasta que finalice la vigencia de la ley 26160 en noviembre de 2021, otras órdenes de suspensión están siendo apeladas por empresas, resoluciones de carpetas técnicas de Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI impugnadas en sede judicial, desalojos exprés ordenadas políticamente por el ejecutivo provincial, acatada por el poder judicial y ejecutada por la Policía de Río Negro. Un poder Judicial a medida de los intereses empresariales nacionales y extranjeros, genuflexos ante el poder políticodel cual también son parte, sin conocimiento de Derecho Indígena. Aplica sentencias y admite presentaciones judiciales racistas, xenófobas y arbitrarias, generando las legítimas resistencias de las comunidades.
Política y judicialmente en Río Negro el panorama es muy complejo, también con la participación de la prensa antimapuche y racista que crea el enemigo interno. Para agravar el conflicto debe sumar las actuaciones de la Dirección de Tierras autorizando permisos de ocupación en territorios de veranadas, autorizando alambrados en alta montaña, generando conflictos comunitarios, también una mala actuación de la Secretaría de Minería provincial otorgando permisos de cateos en territorios comunitarios sin la Consulta Libre Previa e Informada, a las comunidades afectadas, desconociendo el derecho indígena, además de autorizar el proyecto de Uranio Amarillo Grande sin consenso social y sin Consulta Previa a pesar de dos pedidos de comunidades en este sentido.
En el plano nacional, la cuestión no varía en mucho. A pesar de implementar la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos, las soluciones no llegan, el dialogo no avanza, fundamentalmente porque no hay decisión política de devolver territorios y sin devolución de territorios, ninguna solución es posible. Sin el reconocimiento de la historia de un Genocidio, ninguna reparación es posible, pues clausura un debate social que la democracia le debe a la sociedad. Al contrario la política indígena del gobierno comienza a tomar el mismo camino que en el gobierno de Macri, siguiéndole los pasos a una Justicia Federal que es una cloaca pestilente sin control, bajo las ordenes de los racistas del Pro, que tienen el control de jueces, fiscales y la Corte Suprema de Justicia. Si se quejan del Lawfare en las altas esferas del gobierno, hay que imaginarse lo que le cabe a las comunidades indígenas que continúan siendo desalojadas, perseguidas, denunciadas, espiadas, intervenidas, y criminalizadas penalmente a pesar de que el convenio 169 de la OIT, pone énfasis en que no es el camino para solucionar un problema de tierras con las comunidades. En el gobierno nacional los actores no tienen capacidad política de resolver los problemas territoriales, ni siquiera son capaces de frenar la extranjerización de la tierra. En Mascardi la inspección ocular llevada adelante la última semana por fuerzas federales, a las órdenes de la racista Fiscal Sylvia Little, es la muestra de la nueva estrategia gubernamental, ceder frente a la derecha criminal cuyos referentes más nefastos, Arieto y Patricia Bullrich, siguen interviniendo directa y descaradamente en el conflicto. Parques Nazionales, mira para otro lado y no aporta ninguna solución, no revisa su historia criminal de usurpación y despojo, al contrario oculta que en Villa Mascardi tiene la llave para la resolución de cualquier conflicto de tierras, pues tiene 200 ha. a su nombre en 63 lotes, pero piensa más en ser una inmobiliaria del Estado, que en reparar su nefasto pasado de denuncias judiciales para correr a la población de sus lugares ancestrales. Esto también demuestra que el conflicto tiene tintes raciales. El gobierno de la provincia de Río Negro, el empresariado turístico, Parques Nazionales, parte de la sociedad racista de Bariloche influenciados por una prensa hegemónica y ahora también el gobierno nacional no quieren que una comunidad mapuche este instalada frente al Lago, esa es la realidad que trasuntan las últimas acciones.
Hoy que también se ha emitido una orden de desalojo de la Justicia de Neuquén contra la Lof Kinxikew en la ruta 40 entre Bariloche y Villa La Angostura, que tiene acompañamiento social a la comunidad y también la voluntad de resistir el desalojo. Esto pone en evidencia que el conflicto con las comunidades del país marcha por el mismo camino. La violencia estatal, indefectiblemente generará más violencia. La responsabilidad mayor del Estado es ineludible. No es posible culpar a las comunidades por defenderse y defender su integridad territorial.
En un marco de Inseguridad Territorial, las reivindicaciones son una necesidad imperiosa de las comunidades por la falta de tierras aptas y suficientes. La aplicación de una política persecutoria por parte de una Justicia racista, la falta de aplicación de la ley 26160, sin Titulos Comunitarios, sin devolución de territorios , sin Consulta Libre Previa e Informada, con aplicación de políticas antimapuchepor parte de los gobiernos provinciales y nacionales, impulsando la megaminería, forestales, inmobiliarias, petroleras, monocultivo con agrotóxicos y de mega represas, las comunidades no tenemos más alternativas que resistir todas las órdenes de desalojo emitidas por la Justicia, tanto provincial como federal, haciendo uso de la autonomía y autodeterminación de los pueblos, derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT. Hacemos responsables al gobierno nacional y provinciales por las consecuencias de dicho accionar, además de hacer las denuncias pertinentes ante los organismos internacionales.
Marichiweu Marichiweu Marichiweu!!!!!!
Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro