Tres años del "Chubutazo ambiental": Entre la voz de la ecología y el poder de las finanzas En diciembre de 2021 se produce en Chubut un movimiento popular basado en la defensa ambiental del "No a la mina". El movimiento retoma el espíritu del plebiscito de Esquel y constituye un modelo social de participación popular sobre la cuestión ecológica. La zonificación minera es un hecho político-económico, una arquitectura jurídica para obviar una prohibición legal nacida del "Chubutazo" y con profunda raigambre popular. Se trata de -a partir de un impedimento- establecer áreas geográficas que se liberan de la prohibición en una suerte de territorialidad de excepción. Hace tres años, la movilización popular fue la reacción suprapolítica que impidió que se vulnerara la conciencia socioambiental que excluye la megaminería del modo de producción aceptado con licencia social. Apuntes de lo ocurrido y bases para el debate futuro.
I - Los chubutazos como constante histórica del mismo telón de fondo: empleo público, entrega de recursos naturales y deuda provincial
El término "Chubutazo" es políticamente contundente. No admite dobles interpretaciones tan propias en tiempos de pragmatismo utilitario, corrupción sostenida y opciones acomodaticias. Se levanta contra el mesianismo. Pretende describir una reacción popular, masiva, transversal -normalmente contestaria- emergente como respuesta y disconformidad profunda a alguna decisión o gestión política. Es un grito rebelde, una explosión circunstanciada y múltiple que algunos análisis lo conceptúan como un proceso abierto y permanente, aunque no hay indicadores sociales serios al respecto. Es más, la elecciones provinciales 2023 permitirían avizorar un futuro electoral conservador y no proclive a las conflictividades sociales propias de estos movimientos.
Sin embargo, puede afirmarse que los chubutazos -y sus espectros- no son meros acontecimientos y han estado presentes en la historia política del Chubut desde 1990 (caída del gobernador Néstor Perl, justicialista) y ante cada crisis económica y social. Sus orígenes -cada uno de ellos- debieran bucearse en la estructura productiva provincial de escaso valor agregado en petróleo, pesca, lana y la producción de aluminio; en la mirada financiera de los presupuestos provinciales en ajuste permanente y en los compromisos medioambientales de la población.
El modelo desarrollista de alternancia radical-peronista utilizó herramientas fiscales para plantear una débil industrialización. Pero el "neoliberalismo" limitó la industria textil que debía su existencia en la provincia a una política basada en subsidios y beneficios impositivos impulsada desde Nación hacia mediados de los sesenta. Hacia los 1990, las recetas ortodoxas hicieron sucumbir la producción de hilados en el Valle Inferior del Río Chubut. Parte de esa población "sobrante" fue absorbida por el Estado, incrementando la masa laboral del empleo público. Pero otra fue a engrosar la desocupación estructural con altos índices de desocupación y precarización laboral.
La constante y casi exclusiva dependencia de las regalías petroleras y de la Coparticipación Federal de Impuestos no permitió hacer frente a la crisis económica mundial de 2007-2008 y la baja de los precios del barril de petróleo al final de la primera década del siglo pasado. La trampa del endeudamiento atrapó las voluntades políticas y así se crearon las condiciones para endeudar a la provincia -en especial, con acreedores internacionales- en la que se garantizaba el cobro privilegiado de los servicios de la deuda con las regalías petroleras.
Este endeudamiento prosiguió y se aceleró en el tercer mandato de Mario Das Neves que utilizó préstamos por 700 millones de dólares, y llevó la deuda global a alrededor de 1.100 millones de dólares. Y en 2017 su sucesor, Mariano Arcioni, comenzó por profundizar el ajuste de cuentas públicas en articulación con el Gobierno nacional de Mauricio Macri. Tomaba fuerza -de la mano de Pan American Silver- el Proyecto Navidad en la meseta chubutense, considerado por publicaciones especializadas "el depósito de plata sin desarrollar más grande del mundo".
Sin embargo, el chubutazo de febrero-marzo de 2018 fue contra el ajuste en el Estado, el rechazo al pago escalonado y la exigencia de recomposición salarial.
Manifestaciones masivas, marchas provinciales a Casa de Gobierno, cortes de rutas y ocupaciones de edificios públicos como la toma del Ministerio de Educación en Rawson. Como resultado de esos movimientos populares, se logró una recomposición salarial de acuerdo con el índice inflacionario pero se continuó con el pago escalonado.
En el segundo semestre de 2019 el gobernador Arcioni, anunció la vuelta al pago escalonado, que se había regularizado dos meses antes de las elecciones. Este chubutazo incluyó varias puebladas, enfrentamientos con la policía y la quema de una parte de Legislatura y la puerta 2 de Casa de Gobierno.
En diciembre 2019 el Ejecutivo Nacional plantea "reestructurar el Estado" y avanzar con la megaminería a cambio de ayuda económica. Importantes movilizaciones impidieron que se pudiese tratar la zonificación minera en Legislatura y generaron la división del bloque oficialista de diputados. No se pudo lograr la "reestructuración del Estado" pero sí el acompañamiento legislativo para la reestructuración de la deuda hasta 2030. Continuó el pago escalonado durante casi todo 2020 y el cuasi congelamiento salarial.
Con estos antecedentes de reacción frente a la administración del Estado, en diciembre de 2021, se produce otro chubutazo basado en la defensa ambiental del "No a la mina". El movimiento retoma el espíritu del plebiscito de Esquel y constituye un modelo social de participación popular sobre la cuestión ecológica.
II - La máscara de la zonificación para eludir el "No a la mina"
Los intereses económicos son objetivos y suelen enfrentarse con límites establecidos en la legislación democrática. Por ello buscan los resquicios posibles para ignorar, evadir o eludir las leyes. Es la eterna puja entre la Economía (del poder) y la Política (del pueblo). Esos artilugios para presentar viejos deseos con ropaje nuevo sirven para diluir los intereses populares mediante acuerdos, concesiones, prebendas.
La zonificación minera es un hecho político-económico, una arquitectura jurídica para obviar una prohibición legal nacida del chubutazo y con profunda raigambre popular. Se trata de -a partir de un impedimento- establecer áreas geográficas que se liberan de la prohibición en una suerte de territorialidad de excepción.
Fue establecida por ley XVII Nro. 149 sancionada por la legislatura de la Provincia del Chubut y publicada el 16 de diciembre de 2021, con el eufemismo "Desarrollo Industrial Metalifero Sustentable de la Provincia del Chubut". Determinaba prebendas económicas y políticas a favor de sindicatos, municipios, instituciones educativas, ONG interesadas, que se financiaban por distribución de las magras regalías. Todo ello para disimular el contenido de fondo: habilitar una megaminería contaminante y extractiva con una retribución financiera mínima a favor de la provincia.
En esta Ley, el Capítulo 2- Zonificación Minera para los departamentos de Gastre y Telsen habilitaba la explotación minera a cielo abierto que había merecido una permanente repulsa social. Esta repulsa encuentra sanción legislativa el 9 de septiembre de 2010 mediante la Ley XVII-Nº 68 (Antes Ley 5001). Esta ley prohíbe la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro y tiene como antecedente esencial el resultado abrumador del plebiscito público realizado en Esquel y pueblos cercanos en marzo de 2003, en la que se populariza la consigna social "No a la mina".
III - Algunas notas para el debate
El pueblo del Chubut conforma su conciencia histórica ambiental a partir -al menos- del rechazo a la imposición del primer repositorio de residuos radioactivos de alta actividad hacia mediados de 1996. Esa historia muestra un estado de vigilia social permanente para repudiar los intentos -articulados por el poder económico en consonancia con administradores públicos- proclives a privilegiar intereses personales sobre el bien común.
Hace tres años, la movilización popular fue la reacción suprapolítica que impidió que se vulnerara la conciencia socioambiental que excluye la megaminería del modo de producción aceptado con licencia social.
El sujeto neoliberal es sólo intereses, el neoliberalismo es atemporal, desconsidera la historia y sus circunstancias como regulador ideológico. Por ello impulsa una base cero, una revisión permanente y día a día de los llamados "nuevos intereses". Lo que importa es el presente y no la referencia a tres años vista.
El estado actual del sentido común que impulsa la política gubernamental (anarcocapitalismo nacional y neoliberalismo provincial) nos introduce en nuevo estado de situación que debieran motivar nuevas preguntas.
¿Se sostiene el "No a la mina" frente a la vocación política de destruir al Estado? ¿Sucumbirá la visión ambiental frente al poder del mercado que instalan los gobiernos? ¿Podrá el "espíritu del chubutazo" enfrentar al "espíritu del capitalismo" y dar forma a nuevas expresiones contra el extractivismo? ¿Puede la movilización popular en tiempos de resignación social seguir siendo el guardián ecológico de la sociedad humana? ¿Es posible anestesiar la conciencia social? ¿Se instalará la megaminería como "buena idea" económica? ¿Se perfilarán soluciones intermedias en el marco de la economía de mercado?
El tema esconde la puja entre ideología y política; ética y acción; el mundo de la ideas versus el mundo de las acciones efectivas; entre el extractivismo de la megaminería -presentado por los gobiernos como una salida posible, accesible, obvia, inmediata y eficiente para el sistema capitalista- versus el enfoque ecológico de los recursos naturales.
Las políticas en Chubut ponen sobre la mesa de debate la teoría ortodoxa de la maldición de los recursos naturales y su monetización para hacer frente a una deuda pública. Esta se presenta como telón de fondo que justifica las posiciones políticas pragmáticas.
El futuro revelará si el sentir popular de los chubutazos ha alcanzado a delinear una conciencia social ambiental o si los nuevos intereses del utilitarismo de la política gubernamental subordinan la naturaleza a la economía y prevalecen sobre la sustentabilidad ecológica.
(*) Profesor, contador y ex Rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
En diciembre de 2021 se produce en Chubut un movimiento popular basado en la defensa ambiental del "No a la mina". El movimiento retoma el espíritu del plebiscito de Esquel y constituye un modelo social de participación popular sobre la cuestión ecológica. La zonificación minera es un hecho político-económico, una arquitectura jurídica para obviar una prohibición legal nacida del "Chubutazo" y con profunda raigambre popular. Se trata de -a partir de un impedimento- establecer áreas geográficas que se liberan de la prohibición en una suerte de territorialidad de excepción. Hace tres años, la movilización popular fue la reacción suprapolítica que impidió que se vulnerara la conciencia socioambiental que excluye la megaminería del modo de producción aceptado con licencia social. Apuntes de lo ocurrido y bases para el debate futuro.
I - Los chubutazos como constante histórica del mismo telón de fondo: empleo público, entrega de recursos naturales y deuda provincial
El término "Chubutazo" es políticamente contundente. No admite dobles interpretaciones tan propias en tiempos de pragmatismo utilitario, corrupción sostenida y opciones acomodaticias. Se levanta contra el mesianismo. Pretende describir una reacción popular, masiva, transversal -normalmente contestaria- emergente como respuesta y disconformidad profunda a alguna decisión o gestión política. Es un grito rebelde, una explosión circunstanciada y múltiple que algunos análisis lo conceptúan como un proceso abierto y permanente, aunque no hay indicadores sociales serios al respecto. Es más, la elecciones provinciales 2023 permitirían avizorar un futuro electoral conservador y no proclive a las conflictividades sociales propias de estos movimientos.
Sin embargo, puede afirmarse que los chubutazos -y sus espectros- no son meros acontecimientos y han estado presentes en la historia política del Chubut desde 1990 (caída del gobernador Néstor Perl, justicialista) y ante cada crisis económica y social. Sus orígenes -cada uno de ellos- debieran bucearse en la estructura productiva provincial de escaso valor agregado en petróleo, pesca, lana y la producción de aluminio; en la mirada financiera de los presupuestos provinciales en ajuste permanente y en los compromisos medioambientales de la población.
El modelo desarrollista de alternancia radical-peronista utilizó herramientas fiscales para plantear una débil industrialización. Pero el "neoliberalismo" limitó la industria textil que debía su existencia en la provincia a una política basada en subsidios y beneficios impositivos impulsada desde Nación hacia mediados de los sesenta. Hacia los 1990, las recetas ortodoxas hicieron sucumbir la producción de hilados en el Valle Inferior del Río Chubut. Parte de esa población "sobrante" fue absorbida por el Estado, incrementando la masa laboral del empleo público. Pero otra fue a engrosar la desocupación estructural con altos índices de desocupación y precarización laboral.
La constante y casi exclusiva dependencia de las regalías petroleras y de la Coparticipación Federal de Impuestos no permitió hacer frente a la crisis económica mundial de 2007-2008 y la baja de los precios del barril de petróleo al final de la primera década del siglo pasado. La trampa del endeudamiento atrapó las voluntades políticas y así se crearon las condiciones para endeudar a la provincia -en especial, con acreedores internacionales- en la que se garantizaba el cobro privilegiado de los servicios de la deuda con las regalías petroleras.
Este endeudamiento prosiguió y se aceleró en el tercer mandato de Mario Das Neves que utilizó préstamos por 700 millones de dólares, y llevó la deuda global a alrededor de 1.100 millones de dólares. Y en 2017 su sucesor, Mariano Arcioni, comenzó por profundizar el ajuste de cuentas públicas en articulación con el Gobierno nacional de Mauricio Macri. Tomaba fuerza -de la mano de Pan American Silver- el Proyecto Navidad en la meseta chubutense, considerado por publicaciones especializadas "el depósito de plata sin desarrollar más grande del mundo".
Sin embargo, el chubutazo de febrero-marzo de 2018 fue contra el ajuste en el Estado, el rechazo al pago escalonado y la exigencia de recomposición salarial.
Manifestaciones masivas, marchas provinciales a Casa de Gobierno, cortes de rutas y ocupaciones de edificios públicos como la toma del Ministerio de Educación en Rawson. Como resultado de esos movimientos populares, se logró una recomposición salarial de acuerdo con el índice inflacionario pero se continuó con el pago escalonado.
En el segundo semestre de 2019 el gobernador Arcioni, anunció la vuelta al pago escalonado, que se había regularizado dos meses antes de las elecciones. Este chubutazo incluyó varias puebladas, enfrentamientos con la policía y la quema de una parte de Legislatura y la puerta 2 de Casa de Gobierno.
En diciembre 2019 el Ejecutivo Nacional plantea "reestructurar el Estado" y avanzar con la megaminería a cambio de ayuda económica. Importantes movilizaciones impidieron que se pudiese tratar la zonificación minera en Legislatura y generaron la división del bloque oficialista de diputados. No se pudo lograr la "reestructuración del Estado" pero sí el acompañamiento legislativo para la reestructuración de la deuda hasta 2030. Continuó el pago escalonado durante casi todo 2020 y el cuasi congelamiento salarial.
Con estos antecedentes de reacción frente a la administración del Estado, en diciembre de 2021, se produce otro chubutazo basado en la defensa ambiental del "No a la mina". El movimiento retoma el espíritu del plebiscito de Esquel y constituye un modelo social de participación popular sobre la cuestión ecológica.
II - La máscara de la zonificación para eludir el "No a la mina"
Los intereses económicos son objetivos y suelen enfrentarse con límites establecidos en la legislación democrática. Por ello buscan los resquicios posibles para ignorar, evadir o eludir las leyes. Es la eterna puja entre la Economía (del poder) y la Política (del pueblo). Esos artilugios para presentar viejos deseos con ropaje nuevo sirven para diluir los intereses populares mediante acuerdos, concesiones, prebendas.
La zonificación minera es un hecho político-económico, una arquitectura jurídica para obviar una prohibición legal nacida del chubutazo y con profunda raigambre popular. Se trata de -a partir de un impedimento- establecer áreas geográficas que se liberan de la prohibición en una suerte de territorialidad de excepción.
Fue establecida por ley XVII Nro. 149 sancionada por la legislatura de la Provincia del Chubut y publicada el 16 de diciembre de 2021, con el eufemismo "Desarrollo Industrial Metalifero Sustentable de la Provincia del Chubut". Determinaba prebendas económicas y políticas a favor de sindicatos, municipios, instituciones educativas, ONG interesadas, que se financiaban por distribución de las magras regalías. Todo ello para disimular el contenido de fondo: habilitar una megaminería contaminante y extractiva con una retribución financiera mínima a favor de la provincia.
En esta Ley, el Capítulo 2- Zonificación Minera para los departamentos de Gastre y Telsen habilitaba la explotación minera a cielo abierto que había merecido una permanente repulsa social. Esta repulsa encuentra sanción legislativa el 9 de septiembre de 2010 mediante la Ley XVII-Nº 68 (Antes Ley 5001). Esta ley prohíbe la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro y tiene como antecedente esencial el resultado abrumador del plebiscito público realizado en Esquel y pueblos cercanos en marzo de 2003, en la que se populariza la consigna social "No a la mina".
III - Algunas notas para el debate
El pueblo del Chubut conforma su conciencia histórica ambiental a partir -al menos- del rechazo a la imposición del primer repositorio de residuos radioactivos de alta actividad hacia mediados de 1996. Esa historia muestra un estado de vigilia social permanente para repudiar los intentos -articulados por el poder económico en consonancia con administradores públicos- proclives a privilegiar intereses personales sobre el bien común.
Hace tres años, la movilización popular fue la reacción suprapolítica que impidió que se vulnerara la conciencia socioambiental que excluye la megaminería del modo de producción aceptado con licencia social.
El sujeto neoliberal es sólo intereses, el neoliberalismo es atemporal, desconsidera la historia y sus circunstancias como regulador ideológico. Por ello impulsa una base cero, una revisión permanente y día a día de los llamados "nuevos intereses". Lo que importa es el presente y no la referencia a tres años vista.
El estado actual del sentido común que impulsa la política gubernamental (anarcocapitalismo nacional y neoliberalismo provincial) nos introduce en nuevo estado de situación que debieran motivar nuevas preguntas.
¿Se sostiene el "No a la mina" frente a la vocación política de destruir al Estado? ¿Sucumbirá la visión ambiental frente al poder del mercado que instalan los gobiernos? ¿Podrá el "espíritu del chubutazo" enfrentar al "espíritu del capitalismo" y dar forma a nuevas expresiones contra el extractivismo? ¿Puede la movilización popular en tiempos de resignación social seguir siendo el guardián ecológico de la sociedad humana? ¿Es posible anestesiar la conciencia social? ¿Se instalará la megaminería como "buena idea" económica? ¿Se perfilarán soluciones intermedias en el marco de la economía de mercado?
El tema esconde la puja entre ideología y política; ética y acción; el mundo de la ideas versus el mundo de las acciones efectivas; entre el extractivismo de la megaminería -presentado por los gobiernos como una salida posible, accesible, obvia, inmediata y eficiente para el sistema capitalista- versus el enfoque ecológico de los recursos naturales.
Las políticas en Chubut ponen sobre la mesa de debate la teoría ortodoxa de la maldición de los recursos naturales y su monetización para hacer frente a una deuda pública. Esta se presenta como telón de fondo que justifica las posiciones políticas pragmáticas.
El futuro revelará si el sentir popular de los chubutazos ha alcanzado a delinear una conciencia social ambiental o si los nuevos intereses del utilitarismo de la política gubernamental subordinan la naturaleza a la economía y prevalecen sobre la sustentabilidad ecológica.
(*) Profesor, contador y ex Rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco