"En la Patagonia la universidad es soberanía": sigue la resistencia de la educación pública ante la embestida libertaria A pocas semanas de finalizar el segundo cuatrimestre, las universidades siguen resistiendo el embate del gobierno libertario que, a pesar de los múltiples reclamos, insiste en otorgar al sistema universitario un Presupuesto 2025 muy por debajo de lo que requiere para funcionar. La preocupación, sin embargo, va más allá de lo presupuestario: advierten que el gobierno busca avanzar con cambios profundos en el sistema educativo.
Para el 12 de noviembre estaba prevista una tercera Marcha Federal Universitaria, tras la masiva convocatoria de las primeras, realizadas el 23 de abril y el 2 de octubre. La convocatoria se realizó en el marco de una asamblea interfacultades en Plaza de Mayo, entre estudiantes y agrupaciones de la UBA, la UTN y la UNA.
Sin embargo, por algunas diferencias entre agrupaciones y gremios, y al no contar con el respaldo de la Federación Universitaria Argentina, la manifestación terminó convocando un número significativamente menor al de las movilizaciones anteriores.
En algunas universidades, sin embargo, las agrupaciones y los claustros adhirieron a la propuesta y llevaron adelante movilizaciones y actividades de protesta.
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En la sede de Comodoro Rivadavia de la UNPSJB se llevó a cabo el Encuentro de Universidades de la Patagonia Sur. Allí se reunieron representantes la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad de Tierra del Fuego (UNDTF), la Universidad Tecnológica (UTN) seccional Chubut y la Universidad de Chubut (UDC) con docentes y estudiantes de la universidad local y encabezaron una marcha.
En este marco, la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, remarcó la necesidad de seguir visibilizando la lucha que inició en diciembre del 2023 y recordó los puntos centrales del reclamo que sigue vigente: la actualización salarial para compensar la pérdida por la inflación, un presupuesto acorde para el funcionamiento, el fortalecimiento del desarrollo de Ciencia y Técnica y la reactivación de las obras de infraestructura, que fueron todas suspendidas.
"Si bien los números para el funcionamiento se acomodaron en 2024, no sabemos qué va a pasar con el 2025", remarcó.
Por su parte, la referente de ADU, Elena González, subrayó el anclaje territorial de las universidades públicas: "Como patagónicos, es el momento de unirnos y de mostrar la realidad patagónica y la necesidad de conseguir fondos para que se puedan realizar las acciones sustantivas de toda la universidad pública".
"Las universidades están en los lugares más recónditos de nuestro país. Queremos defender con estos actos la universidad como un derecho y no como lo que plantean algunos, como un servicio que va a redituar económicamente a los dueños. Y decimos que en la Patagonia la universidad es soberanía. Nos tenemos que preguntar quién va a ir a poner una sede de una Universidad en Río Turbio, quién va a ir a poner una sede en El Maitén", agregó.
En esta línea, un comunicado de la UNPSJB en ocasión del Encuentro subraya que las universidades públicas emplazadas en territorios patagónicos facilitan el acceso a la educación superior de los estudiantes de la región, así como el desarrollo de tareas de investigación, extensión y transferencia.
"Por ello es que volvemos a señalar la necesidad de un financiamiento adecuado para las universidades, para garantizar su funcionamiento y el derecho del estudiantado a la educación. Los desafíos geográficos únicos de la Patagonia requieren una atención especial en el financiamiento, a fin de mantener la equidad educativa", cierra.
En este escenario, el 21 de noviembre se llevó adelante en todo el país "La noche de las Universidades", con actividades culturales y de visibilización en medio de un momento complejo para las instituciones universitarias. La convocatoria tuvo como objetivo celebrar los 75 años de gratuidad universitaria, aunque en este contexto también fue antesala de los múltiples reclamos que se sostienen desde diciembre.
En 1949, a través del Decreto Nº 29337, Juan Domingo Perón eliminó los aranceles para la educación superior, lo que democratizó el acceso de sectores con menores recursos a la universidad. Esto se vio rápidamente reflejado en números: se pasó de 47.400 estudiantes a 80.445 en 1950.
Diez años más tarde, la población universitaria se duplicó y llegó a 138.317 estudiantes. Actualmente, el sistema universitario público cuenta con alrededor de 2 millones de estudiantes en todo el país.
Con distintas propuestas como charlas, ferias y espectáculos musicales, las 62 universidades públicas celebraron la gratuidad, en medio de la incertidumbre de un 2025 con un presupuesto brutalmente ajustado.
La cuestión salarial
El reclamo salarial ha sido, junto al presupuestario, uno de los ítems nodales de las distintas expresiones de protesta. Si bien los salarios de docentes y no docentes experimentan niveles por debajo de la inflación desde hace largo tiempo, la situación se profundizó en el último año, ya que los aumentos propuestos por el Gobierno en paritarias no alcanzan a cubrir el aumento inflacionario que se produjo a partir de diciembre.
A la fecha, se calcula una pérdida del 65% de los salarios contra la inflación. El último aumento ofrecido por el Gobierno era de 6,8%, lo cual resulta insuficiente ante una inflación acumulada que supera el 100%.
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El gremio docente adhirió a diversos paros y actividades a lo largo del año, sumándose a otros sectores como el gremio de transporte, aunque sin respuestas. De no mediar una reapertura paritaria urgente, el incremento salarial hasta fin de año será del 0%. "Esta inadmisible situación consolida la mayor pérdida salarial de la que se tenga registro", remarcan desde ADU.
La AGN y la SIGEN en el medio de las auditorías
El punto más álgido de los ataques del gobierno contra el sistema universitario en los últimos meses fue la cuestión de las auditorías, un punto que los referentes libertarios han sostenido desde el inicio de los reclamos como principal argumento. A pesar de que las universidades presentaron información sobre el funcionamiento de las auditorías (que sí se realizan y no dependen directamente de las instituciones educativas, sino del Gobierno nacional), el discurso sobre la corrupción universitaria no hizo más que profundizarse.
"Por eso los queremos auditar. No porque querramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque los queremos cuidar, cuidando los recursos y para eso hay que auditar. Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios por lo tanto señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros", expresó el presidente Javier Milei hace poco más de un mes, en el marco de la inauguración del Palacio Libertad.
Afirmó que la gratuidad de la universidad "no está en discusión", sino que busca "cuidarlas mediante auditorías" para que los fondos "no lleguen a ladrones, delincuentes y mentirosos que prostituyen una causa noble para mantener sus curros". Y apuntó contra quienes defienden la universidad, pero usan "autos caros de 90.000 dólares y tremendos choferes que cobran 13 millones de pesos", a pesar de que más de la mitad de los docentes universitarios percibe salarios por debajo de la línea de pobreza.
Entre 2015 y 2022, la Auditoría General de la Nación (AGN) auditó el 89% de los fondos transferidos a las universidades, aunque el gobierno afirma que esos controles son insuficientes. La titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovello, sostiene que en ese período solo se han realizado seis auditorías específicas universidades.
Lo cierto es que el Plan de Acción que elabora la AGN anualmente debe someterse a un sistema de revisión y aprobación por parte de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. El plan no abarca todas las universidades todos los años, sino que selecciona algunas en función de criterios de riesgo y materialidad. En 2024 se realizaron auditorías a las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Jujuy, Salta, Formosa y del Nordeste. La Universidad de Buenos Aires, que ha sido el principal objeto de ataque por parte del gobierno, está programada para una auditoría en los próximos años.
Este funcionamiento está vigente desde 1995 en que se sancionó la Ley de Educación Superior, que en su artículo 95 bis contempla el control administrativo de las universidades públicas por parte de la AGN, aunque no establece una periodicidad para la realización de las auditorías.
Cada institución cuenta, además, con mecanismos internos de auditoría que se publican periódicamente.
El problema es que el Gobierno avanzó con las auditorías encabezadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo que no tiene competencia sobre las universidades públicas. Un dictamen de la Procuración del Tesoro emitido en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández ratificó que la intervención de la SIGEN en las universidades violaba su autonomía.
El debate de los estudiantes extranjeros
Aunque los distintos referentes y simpatizantes de la gestión libertaria ya habían deslizado en más de una ocasión la posibilidad de cobrar un arancel a los estudiantes extranjeros no residentes, recientemente se conoció la intención del Gobierno de formalizar un proyecto de ley en este sentido.
Se trata de un punto que había quedado afuera de la Ley Bases y fue trabajado por Federico Sturzenegger y Sandra Petovello, de los ministerios de Desregulación y Capital Humano. El proyecto estaría siendo analizado en la Secretaría de Legal y Técnica para ser enviado a comisiones de Diputados.
Hasta el momento, para estudiar en una universidad pública un extranjero debe tramitar su DNI, es decir, acceder a algún tipo de residencia. Desde el CIN confirmaron que en todas las universidades se exige la realización del trámite de residencia para el ingreso, incluso para los estudiantes de intercambio.
El Gobierno incorporó este ítem en la Ley Bases, que planteaba algunas modificaciones en la Ley de Educación Superior. Sin embargo, junto a otra decena de puntos, quedó afuera durante la votación.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que le parece "una medida razonable".
"Estoy totalmente de acuerdo, me parece una medida razonable porque vienen de otras partes a estudiar. No es gente que se ha quedado acá, no han pagado ningún impuesto durante toda su vida", argumentó.
"Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y la justicia, me parece razonable que quienes utilicen estos servicios que por lo menos paguen un arancel. En sus países no debe ser tan accesible la educación", agregó, en entrevista con TN. Esto generó algunas dudas respecto a si el arancelamiento impactaría también en los actuales alumnos extranjeros que tramitaron su residencia para poder inscribirse.
El grueso de estudiantes extranjeros, sin embargo, apenas representa el 4,1% en estudiantes de pregrado y grado y el 9,9% en estudios de posgrado, de acuerdo al informe "Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023", elaborado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación. En 2022 un total de 2.720.531 estudiantes realizaban estudios en universidades nacionales. De esa cifra, 122.769 eran estudiantes extranjeros.
Desde 2015 el porcentaje de estudiantes extranjeros experimenta un crecimiento, comenzando en 2,8% y alcanzando el 4,1% en 2022. No obstante, el Gobierno de Milei ha argumentado que estos estudiantes generan "una carga adicional para el sistema". Muy por el contrario, los expertos en migración afirman que los extranjeros también pagan impuestos y ello contribuye al financiamiento de la Educación.
El debate de fondo sigue siendo el acceso democratizante de la educación y la necesidad de un presupuesto acorde para garantizar un derecho. Hasta el momento, los gremios no anunciaron nuevas medidas, pero no se descartan acciones de lucha en la medida en que no haya respuestas claras sobre el futuro de la educación universitaria y gratuita en el país.
A pocas semanas de finalizar el segundo cuatrimestre, las universidades siguen resistiendo el embate del gobierno libertario que, a pesar de los múltiples reclamos, insiste en otorgar al sistema universitario un Presupuesto 2025 muy por debajo de lo que requiere para funcionar. La preocupación, sin embargo, va más allá de lo presupuestario: advierten que el gobierno busca avanzar con cambios profundos en el sistema educativo.
Para el 12 de noviembre estaba prevista una tercera Marcha Federal Universitaria, tras la masiva convocatoria de las primeras, realizadas el 23 de abril y el 2 de octubre. La convocatoria se realizó en el marco de una asamblea interfacultades en Plaza de Mayo, entre estudiantes y agrupaciones de la UBA, la UTN y la UNA.
Sin embargo, por algunas diferencias entre agrupaciones y gremios, y al no contar con el respaldo de la Federación Universitaria Argentina, la manifestación terminó convocando un número significativamente menor al de las movilizaciones anteriores.
En algunas universidades, sin embargo, las agrupaciones y los claustros adhirieron a la propuesta y llevaron adelante movilizaciones y actividades de protesta.
Nota relacionada: El veto presidencial que despertó al movimiento estudiantil y la lucha de las universidades continúa en todo el país
En la sede de Comodoro Rivadavia de la UNPSJB se llevó a cabo el Encuentro de Universidades de la Patagonia Sur. Allí se reunieron representantes la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad de Tierra del Fuego (UNDTF), la Universidad Tecnológica (UTN) seccional Chubut y la Universidad de Chubut (UDC) con docentes y estudiantes de la universidad local y encabezaron una marcha.
En este marco, la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, remarcó la necesidad de seguir visibilizando la lucha que inició en diciembre del 2023 y recordó los puntos centrales del reclamo que sigue vigente: la actualización salarial para compensar la pérdida por la inflación, un presupuesto acorde para el funcionamiento, el fortalecimiento del desarrollo de Ciencia y Técnica y la reactivación de las obras de infraestructura, que fueron todas suspendidas.
"Si bien los números para el funcionamiento se acomodaron en 2024, no sabemos qué va a pasar con el 2025", remarcó.
Por su parte, la referente de ADU, Elena González, subrayó el anclaje territorial de las universidades públicas: "Como patagónicos, es el momento de unirnos y de mostrar la realidad patagónica y la necesidad de conseguir fondos para que se puedan realizar las acciones sustantivas de toda la universidad pública".
"Las universidades están en los lugares más recónditos de nuestro país. Queremos defender con estos actos la universidad como un derecho y no como lo que plantean algunos, como un servicio que va a redituar económicamente a los dueños. Y decimos que en la Patagonia la universidad es soberanía. Nos tenemos que preguntar quién va a ir a poner una sede de una Universidad en Río Turbio, quién va a ir a poner una sede en El Maitén", agregó.
En esta línea, un comunicado de la UNPSJB en ocasión del Encuentro subraya que las universidades públicas emplazadas en territorios patagónicos facilitan el acceso a la educación superior de los estudiantes de la región, así como el desarrollo de tareas de investigación, extensión y transferencia.
"Por ello es que volvemos a señalar la necesidad de un financiamiento adecuado para las universidades, para garantizar su funcionamiento y el derecho del estudiantado a la educación. Los desafíos geográficos únicos de la Patagonia requieren una atención especial en el financiamiento, a fin de mantener la equidad educativa", cierra.
En este escenario, el 21 de noviembre se llevó adelante en todo el país "La noche de las Universidades", con actividades culturales y de visibilización en medio de un momento complejo para las instituciones universitarias. La convocatoria tuvo como objetivo celebrar los 75 años de gratuidad universitaria, aunque en este contexto también fue antesala de los múltiples reclamos que se sostienen desde diciembre.
En 1949, a través del Decreto Nº 29337, Juan Domingo Perón eliminó los aranceles para la educación superior, lo que democratizó el acceso de sectores con menores recursos a la universidad. Esto se vio rápidamente reflejado en números: se pasó de 47.400 estudiantes a 80.445 en 1950.
Diez años más tarde, la población universitaria se duplicó y llegó a 138.317 estudiantes. Actualmente, el sistema universitario público cuenta con alrededor de 2 millones de estudiantes en todo el país.
Con distintas propuestas como charlas, ferias y espectáculos musicales, las 62 universidades públicas celebraron la gratuidad, en medio de la incertidumbre de un 2025 con un presupuesto brutalmente ajustado.
La cuestión salarial
El reclamo salarial ha sido, junto al presupuestario, uno de los ítems nodales de las distintas expresiones de protesta. Si bien los salarios de docentes y no docentes experimentan niveles por debajo de la inflación desde hace largo tiempo, la situación se profundizó en el último año, ya que los aumentos propuestos por el Gobierno en paritarias no alcanzan a cubrir el aumento inflacionario que se produjo a partir de diciembre.
A la fecha, se calcula una pérdida del 65% de los salarios contra la inflación. El último aumento ofrecido por el Gobierno era de 6,8%, lo cual resulta insuficiente ante una inflación acumulada que supera el 100%.
Nota relacionada: La protesta estudiantil se intensifica en todo el país mientras Milei sostiene sus falacias sobre la universidad pública
El gremio docente adhirió a diversos paros y actividades a lo largo del año, sumándose a otros sectores como el gremio de transporte, aunque sin respuestas. De no mediar una reapertura paritaria urgente, el incremento salarial hasta fin de año será del 0%. "Esta inadmisible situación consolida la mayor pérdida salarial de la que se tenga registro", remarcan desde ADU.
La AGN y la SIGEN en el medio de las auditorías
El punto más álgido de los ataques del gobierno contra el sistema universitario en los últimos meses fue la cuestión de las auditorías, un punto que los referentes libertarios han sostenido desde el inicio de los reclamos como principal argumento. A pesar de que las universidades presentaron información sobre el funcionamiento de las auditorías (que sí se realizan y no dependen directamente de las instituciones educativas, sino del Gobierno nacional), el discurso sobre la corrupción universitaria no hizo más que profundizarse.
"Por eso los queremos auditar. No porque querramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque los queremos cuidar, cuidando los recursos y para eso hay que auditar. Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios por lo tanto señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros", expresó el presidente Javier Milei hace poco más de un mes, en el marco de la inauguración del Palacio Libertad.
Afirmó que la gratuidad de la universidad "no está en discusión", sino que busca "cuidarlas mediante auditorías" para que los fondos "no lleguen a ladrones, delincuentes y mentirosos que prostituyen una causa noble para mantener sus curros". Y apuntó contra quienes defienden la universidad, pero usan "autos caros de 90.000 dólares y tremendos choferes que cobran 13 millones de pesos", a pesar de que más de la mitad de los docentes universitarios percibe salarios por debajo de la línea de pobreza.
Entre 2015 y 2022, la Auditoría General de la Nación (AGN) auditó el 89% de los fondos transferidos a las universidades, aunque el gobierno afirma que esos controles son insuficientes. La titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovello, sostiene que en ese período solo se han realizado seis auditorías específicas universidades.
Lo cierto es que el Plan de Acción que elabora la AGN anualmente debe someterse a un sistema de revisión y aprobación por parte de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. El plan no abarca todas las universidades todos los años, sino que selecciona algunas en función de criterios de riesgo y materialidad. En 2024 se realizaron auditorías a las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Jujuy, Salta, Formosa y del Nordeste. La Universidad de Buenos Aires, que ha sido el principal objeto de ataque por parte del gobierno, está programada para una auditoría en los próximos años.
Este funcionamiento está vigente desde 1995 en que se sancionó la Ley de Educación Superior, que en su artículo 95 bis contempla el control administrativo de las universidades públicas por parte de la AGN, aunque no establece una periodicidad para la realización de las auditorías.
Cada institución cuenta, además, con mecanismos internos de auditoría que se publican periódicamente.
El problema es que el Gobierno avanzó con las auditorías encabezadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo que no tiene competencia sobre las universidades públicas. Un dictamen de la Procuración del Tesoro emitido en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández ratificó que la intervención de la SIGEN en las universidades violaba su autonomía.
El debate de los estudiantes extranjeros
Aunque los distintos referentes y simpatizantes de la gestión libertaria ya habían deslizado en más de una ocasión la posibilidad de cobrar un arancel a los estudiantes extranjeros no residentes, recientemente se conoció la intención del Gobierno de formalizar un proyecto de ley en este sentido.
Se trata de un punto que había quedado afuera de la Ley Bases y fue trabajado por Federico Sturzenegger y Sandra Petovello, de los ministerios de Desregulación y Capital Humano. El proyecto estaría siendo analizado en la Secretaría de Legal y Técnica para ser enviado a comisiones de Diputados.
Hasta el momento, para estudiar en una universidad pública un extranjero debe tramitar su DNI, es decir, acceder a algún tipo de residencia. Desde el CIN confirmaron que en todas las universidades se exige la realización del trámite de residencia para el ingreso, incluso para los estudiantes de intercambio.
El Gobierno incorporó este ítem en la Ley Bases, que planteaba algunas modificaciones en la Ley de Educación Superior. Sin embargo, junto a otra decena de puntos, quedó afuera durante la votación.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que le parece "una medida razonable".
"Estoy totalmente de acuerdo, me parece una medida razonable porque vienen de otras partes a estudiar. No es gente que se ha quedado acá, no han pagado ningún impuesto durante toda su vida", argumentó.
"Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y la justicia, me parece razonable que quienes utilicen estos servicios que por lo menos paguen un arancel. En sus países no debe ser tan accesible la educación", agregó, en entrevista con TN. Esto generó algunas dudas respecto a si el arancelamiento impactaría también en los actuales alumnos extranjeros que tramitaron su residencia para poder inscribirse.
El grueso de estudiantes extranjeros, sin embargo, apenas representa el 4,1% en estudiantes de pregrado y grado y el 9,9% en estudios de posgrado, de acuerdo al informe "Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023", elaborado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación. En 2022 un total de 2.720.531 estudiantes realizaban estudios en universidades nacionales. De esa cifra, 122.769 eran estudiantes extranjeros.
Desde 2015 el porcentaje de estudiantes extranjeros experimenta un crecimiento, comenzando en 2,8% y alcanzando el 4,1% en 2022. No obstante, el Gobierno de Milei ha argumentado que estos estudiantes generan "una carga adicional para el sistema". Muy por el contrario, los expertos en migración afirman que los extranjeros también pagan impuestos y ello contribuye al financiamiento de la Educación.
El debate de fondo sigue siendo el acceso democratizante de la educación y la necesidad de un presupuesto acorde para garantizar un derecho. Hasta el momento, los gremios no anunciaron nuevas medidas, pero no se descartan acciones de lucha en la medida en que no haya respuestas claras sobre el futuro de la educación universitaria y gratuita en el país.