Milei no las ve: Un año sin recursos para enfrentar la violencia de género y el 2025 será peorEste lunes es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cero pesos para estas políticas públicas en el país del Ni Una Menos.
Por María Florencia Alcaraz
El programa Acompañar y la Línea 144 fueron dos políticas públicas troncales para la prevención de la violencia machista en Argentina. En el proyecto de presupuesto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso no figuran partidas para estas iniciativas, que fueron desmanteladas aunque continúan dentro del organigrama estatal.
"Eso puede significar dos cosas: o no hay transparencia en la información de la asignación de recursos, lo que dificulta su monitoreo; o se eliminan estos programas en 2025", plantean las organizaciones de la sociedad civil Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Friedrich Ebert Argentina, Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundar, La Poderosa, Ni Una Menos y Shalom Bait, que se ocuparon de analizar el presupuesto enviado al Congreso.
Un presupuesto sin plata
El programa Acompañar ofrece apoyo económico para quienes están atravesando situaciones de violencia. De las 20.000 altas programadas para el primer trimestre de este año, sólo se realizaron 434, mientras que en el mismo período de 2023 fueron alcanzadas por esta política 34.023 personas. Además, se decidió restringir la temporalidad de la prestación y se sumó el pedido de una denuncia de violencia como requisito de acceso.
Las acciones de fortalecimiento de la Línea telefónica 144, de atención, prevención y asistencia, que hasta ahora contaban con una partida presupuestaria específica, dejan de tener una erogación propia en el presupuesto 2025, según el texto del Gobierno. A este ajuste se le suma el de recursos humanos: desde que asumió Milei, fueron despedidas el 38% de las personas que brindaban este servicio, lo que impactó en una reducción en la cantidad de intervenciones y acompañamientos, de acuerdo al informe de las organizaciones de la sociedad civil.
En su análisis, ELA y ACIJ pusieron el foco en los beneficios fiscales que el Estado asigna a ciertos sectores empresariales, por los cuales deja de percibir miles de millones de pesos, para desarmar el mito que "no hay plata". "El gasto tributario correspondiente al Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento alcanzó los 77.392 millones de pesos (en valores nominales de 2023). Este equivale a casi 50 veces lo que se destinó en 2023 para fortalecer a la línea 144 (1.553 millones de pesos, también en valores nominales de 2023), donde atiende 24 horas los siete días de la semana", señala el informe.
Parálisis y desfinanciamiento en Argentina
La paralización de la obra pública también tiene su impacto en materia de género. Hay 69% menos de presupuesto para fortalecimiento edilicio de jardines infantiles y un recorte del 83% de inversión en infraestructura social y del cuidado, en comparación con lo ejecutado el año pasado.
"Con el proyecto actual se profundiza la situación de parálisis actual en el que se encuentran las políticas para el abordaje de las violencias de género", sostienen ELA y ACIJ, que hicieron una proyección conservadora (del 18%) de la inflación del año próximo para poder hacer los cálculos, pero todavía es una incógnita cómo será ese panorama.
ESI con Javier Milei, ¡afuera!
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) establece que todo el estudiantado tiene derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales. Según lo monitoreado por ELA y ACIJ, el presupuesto otorgado este año a la implementación de esta normativa es el más bajo de los últimos siete años. Sería la primera vez que el presupuesto nacional no contempla una partida destinada a su fortalecimiento de la ESI desde que se sancionó su ley el 4 de octubre de 2006.
Si se compara lo ejecutado en 2023, los recortes también alcanzan al Plan ENIA, que redujo a la mitad el embarazo adolescente en Argentina: hay un 78% menos de dinero destinado para esta política que empezó a implementarse durante la gestión de Mauricio Macri y se continuó durante el gobierno de Alberto Fernández.
Mientras en el Congreso no avanza la discusión por el Presupuesto 2025 dentro de los plazos formales, aparece en el horizonte la posibilidad de ampliar la prórroga del Presupuesto 2023, que ya fue extendido para este año. Este tipo de desplazamientos es un obstáculo para la transparencia y abre un camino para la distribución de fondos de manera discrecional por la desactualización que plantean las proyecciones.
Si bien no es una novedad el ataque a las políticas de género en términos simbólicos del gobierno liberal libertario, en medio de la discusión están las historias de vida de las personas que atraviesan situaciones de maltrato y no tienen respuesta estatal. La violencia machista no puede resolverse entre privados. Las organizaciones advierten que el impacto de la desinversión en estas políticas tiene un impacto alto aún para el propio Estado: es 22 veces mayor el costo de intervenir de manera tardía en casos de violencia de género. El Gobierno no la ve.
Fuente: Letra P
Este lunes es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cero pesos para estas políticas públicas en el país del Ni Una Menos.
Por María Florencia Alcaraz
El programa Acompañar y la Línea 144 fueron dos políticas públicas troncales para la prevención de la violencia machista en Argentina. En el proyecto de presupuesto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso no figuran partidas para estas iniciativas, que fueron desmanteladas aunque continúan dentro del organigrama estatal.
"Eso puede significar dos cosas: o no hay transparencia en la información de la asignación de recursos, lo que dificulta su monitoreo; o se eliminan estos programas en 2025", plantean las organizaciones de la sociedad civil Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Friedrich Ebert Argentina, Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundar, La Poderosa, Ni Una Menos y Shalom Bait, que se ocuparon de analizar el presupuesto enviado al Congreso.
Un presupuesto sin plata
El programa Acompañar ofrece apoyo económico para quienes están atravesando situaciones de violencia. De las 20.000 altas programadas para el primer trimestre de este año, sólo se realizaron 434, mientras que en el mismo período de 2023 fueron alcanzadas por esta política 34.023 personas. Además, se decidió restringir la temporalidad de la prestación y se sumó el pedido de una denuncia de violencia como requisito de acceso.
Las acciones de fortalecimiento de la Línea telefónica 144, de atención, prevención y asistencia, que hasta ahora contaban con una partida presupuestaria específica, dejan de tener una erogación propia en el presupuesto 2025, según el texto del Gobierno. A este ajuste se le suma el de recursos humanos: desde que asumió Milei, fueron despedidas el 38% de las personas que brindaban este servicio, lo que impactó en una reducción en la cantidad de intervenciones y acompañamientos, de acuerdo al informe de las organizaciones de la sociedad civil.
En su análisis, ELA y ACIJ pusieron el foco en los beneficios fiscales que el Estado asigna a ciertos sectores empresariales, por los cuales deja de percibir miles de millones de pesos, para desarmar el mito que "no hay plata". "El gasto tributario correspondiente al Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento alcanzó los 77.392 millones de pesos (en valores nominales de 2023). Este equivale a casi 50 veces lo que se destinó en 2023 para fortalecer a la línea 144 (1.553 millones de pesos, también en valores nominales de 2023), donde atiende 24 horas los siete días de la semana", señala el informe.
Parálisis y desfinanciamiento en Argentina
La paralización de la obra pública también tiene su impacto en materia de género. Hay 69% menos de presupuesto para fortalecimiento edilicio de jardines infantiles y un recorte del 83% de inversión en infraestructura social y del cuidado, en comparación con lo ejecutado el año pasado.
"Con el proyecto actual se profundiza la situación de parálisis actual en el que se encuentran las políticas para el abordaje de las violencias de género", sostienen ELA y ACIJ, que hicieron una proyección conservadora (del 18%) de la inflación del año próximo para poder hacer los cálculos, pero todavía es una incógnita cómo será ese panorama.
ESI con Javier Milei, ¡afuera!
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) establece que todo el estudiantado tiene derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales. Según lo monitoreado por ELA y ACIJ, el presupuesto otorgado este año a la implementación de esta normativa es el más bajo de los últimos siete años. Sería la primera vez que el presupuesto nacional no contempla una partida destinada a su fortalecimiento de la ESI desde que se sancionó su ley el 4 de octubre de 2006.
Si se compara lo ejecutado en 2023, los recortes también alcanzan al Plan ENIA, que redujo a la mitad el embarazo adolescente en Argentina: hay un 78% menos de dinero destinado para esta política que empezó a implementarse durante la gestión de Mauricio Macri y se continuó durante el gobierno de Alberto Fernández.
Mientras en el Congreso no avanza la discusión por el Presupuesto 2025 dentro de los plazos formales, aparece en el horizonte la posibilidad de ampliar la prórroga del Presupuesto 2023, que ya fue extendido para este año. Este tipo de desplazamientos es un obstáculo para la transparencia y abre un camino para la distribución de fondos de manera discrecional por la desactualización que plantean las proyecciones.
Si bien no es una novedad el ataque a las políticas de género en términos simbólicos del gobierno liberal libertario, en medio de la discusión están las historias de vida de las personas que atraviesan situaciones de maltrato y no tienen respuesta estatal. La violencia machista no puede resolverse entre privados. Las organizaciones advierten que el impacto de la desinversión en estas políticas tiene un impacto alto aún para el propio Estado: es 22 veces mayor el costo de intervenir de manera tardía en casos de violencia de género. El Gobierno no la ve.
Fuente: Letra P