Entre la "tolerancia cero" y la culpa católica: la olla que destapó los abusos en la Iglesia y se hace cada vez más grande
Tras ser investigado por varias denuncias realizadas en el 2021, el cura Ariel Príncipi fue expulsado del ministerio sacerdotal de la Diócesis de Río Cuarto, Córdoba. Más que casos aislados, los abusos eclesiásticos se perfilan como una problemática estructural dentro de los ámbitos religiosos. No hace mucho fue el periodismo el que demostró que se trata de delitos sistemáticamente silenciados por las autoridades religiosas. Las cifras son elevadas en casi todos los países del mundo; sin embargo, los sobrevivientes sostienen que no reflejan la ominosa cantidad de casos que nunca salen a la luz. La Iglesia apenas empieza a tomar medidas al respecto.
El cura Ariel Príncipi fue expulsado la semana pasada del ministerio sacerdotal, según confirmó el obispo de la Diócesis de Río Cuarto. El religioso, que reside en Buenos Aires y había oficiado de cura en distintas parroquias del sur cordobés, fue hallado autor de abuso de menores a partir de denuncias recibidas en 2021 por hechos ocurridos en La Carlota. Apenas se conocieron las denuncias, el obispo apartó inmediatamente a Príncipi hasta la ratificación de las autoridades del Vaticano, según indican los procedimientos que se han elaborado en los últimos años para dar respuesta a este tipo de situaciones.
El obispo Adolfo Uriona confirmó la noticia, que se habría formalizado canónicamente el pasado marzo. En línea con las directrices impulsadas por el Papa Francisco, Uriona enfatizó que la Iglesia debe mantener su política de "tolerancia cero" frente a estos casos.
"El proceso canónico se inició hace unos años cuando decidimos desde el Obispado suspender a Príncipi inmediatamente en sus funciones como sacerdote", explicó monseñor Uriona al portal local El Puntal. Y añadió: "El caso fue investigado por el Tribunal Canónico de Córdoba, el que tras confirmar los hechos denunciados decidió expulsarlo". El Tribunal Canónico de Buenos Aires también confirmó los hechos y ratificó la expulsión.
Reformas en el Vaticano
Los abusos eclesiásticos constituyen una problemática de larga data, pero han sido visibilizados como tales hace apenas poco más de dos décadas. La investigación del Equipo Spotlight del diario Boston Globe en 2001 destapó una trama de complicidades religiosas que evidenció la magnitud y la gravedad de los abusos sexuales cometidos por autoridades de la Iglesia.
El reportaje del equipo de periodistas estadounidenses no sólo probó la existencia de múltiples víctimas en todo el país -lo que luego llevaría al reconocimiento de víctimas en todo el mundo-, sino que además aportó evidencia que demostraba que las autoridades clericales eran conscientes de estos delitos y los ocultaban de manera sistemática, generalmente trasladando a los acusados para que ejerzan su función religiosa en otro Estado. Decisión que protegía a los abusadores y vulneraba a las víctimas: algunas vieron la justicia en su vejez, mientras que muchas otras fallecieron sin lograr una condena.
Paulatinamente, la sociedad comenzó a comprender la dimensión de una problemática extendida mundialmente y así también silenciada. Las acciones del Vaticano, sin embargo, llegaron más tarde. Fue Bergoglio quien introdujo serias modificaciones en este sentido, aunque no al principio de su mandato sino hace apenas algunos años. Y aunque su discurso hoy está fuertemente enfocado en la persecución y condena de los religiosos que cometen abusos, organizaciones de sobrevivientes no están del todo conformes con el compromiso de la máxima autoridad religiosa.
En marzo del 2014 se erigió en las afueras del Vaticano la Comisión para la Protección de Menores, un organismo dedicado a impulsar "las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y adultos vulnerables, a fin de poner en marcha todo lo posible para que tales delitos no se repitan nunca más en la Iglesia", en palabras del Papa Francisco.
Sin embargo, se necesitaron otros siete años para dar un paso más. El 1 de junio de 2021 Jorge Bergoglio anunció la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico, lo que permitió que los sacerdotes comenzaran a ser sancionados por cometer abusos sexuales. Hasta el momento, las condenas caían sobre quienes no respetaban el celibato, independientemente de si para ello cometían un abuso. La reforma era objeto de debate desde 2007, bajo el mandato de Benedicto XVI.
En paralelo, Bergoglio ha impulsado una serie de disposiciones que prevén la investigación y eventual sanción de los acusados de abusos sexuales a menores y el resguardo de los derechos de las infancias en el proceso.
"Con la mente y el corazón vuelvo a las historias de algunos de estos pequeños que conocí anteayer. Los escuché, sentí su sufrimiento como abusados y lo repito aquí: en la Iglesia hay lugar para todos, pero todos serán juzgados y no hay lugar para el abuso, no hay lugar para encubrir el abuso", expresó Bergoglio en una misa durante su visita a Bélgica, tras mantener una reunión con sobrevivientes de abuso eclesiástico.
Argentina, a años luz de la justicia
Pese a los discursos de "tolerancia cero" de la máxima autoridad cristiana, algunos colectivos han criticado su actitud frente a las víctimas. Es el caso de Sebastián Cuattromo -sobreviviente de abuso eclesiástico e impulsor de la Asociación Adultxs por los Derechos de la Infancia-, quien intentó reunirse varias veces con el pontífice, sin éxito.
Sus intentos para ver a Bergoglio comenzaron en 2002, cuando el actual Papa ejercía las funciones de cardenal de Buenos Aires: "Cuando denuncié ante la justicia los abusos que viví en un colegio católico, el trato que recibí por parte de la jerarquía eclesiástica argentina dirigida por Francisco fue de una profunda arrogancia y de una enorme subestimación de la gravedad del delito".
"Tras 10 años de papado de Francisco, en Argentina estamos a años luz de poder pensar que la jerarquía católica buscará realmente maneras concretas de reparar y de llevar la justicia a todas las víctimas de abusos. Por eso vamos a seguir insistiendo y pidiendo que se nos reciba y reconozca", cuestionó Cuattromo el año pasado.
Además, enfatizó que "respecto de los gestos que Francisco viene realizando a nivel universal, nosotros no hemos visto ningún correlato en la Iglesia argentina".
"Hoy están hablando en el Vaticano de la necesidad de escuchar a las víctimas, de acercarse a su dolor, pero en todos estos años nadie de la Conferencia Episcopal, jamás, se comunicó conmigo, y mi historia ha tenido una fuerte visibilidad pública en los medios. Creo que vale en este caso la autorreferencia, de hecho en 2015 propuse un encuentro con Francisco que no prosperó, pero esto va más allá de lo personal. En el país del Papa, si realmente hubiera en la Iglesia una comprensión cabal de lo que significa semejante crimen contra la infancia y un compromiso real de revertir esta terrible situación hacia el futuro, los cambios ya tendríamos que haberlos visto aquí. Y sin embargo, sin ir más lejos, siguen resistiéndose a que en las escuelas confesionales se aplique plenamente la ley de Educación Sexual Integral", agregó.
Las cifras que complican a la Iglesia
El caso más paradigmático en la Argentina es el de Julio Grassi: el cura condenado en 2009 por abusos sexuales cometidos en 1996 y que hoy reclama su libertad. A partir de ese caso, se contabilizan cerca de 150 miembros de la Iglesia Católica denunciados por delitos similares.
La mayoría fueron condenados y expulsados del sacerdocio. Otros, aún condenados, siguen siendo parte de la institución católica. Es el caso de Grassi, así como el de Justo José Ilarraz -condenado por abuso sexual a menores seminaristas de una institución religiosa en Entre Ríos- y Horacio Corbacho -uno de los acusados de la Causa Próvolo-.
Según el Informe Anual y Mapa del Abuso Eclesiástico en Argentina (2022) que la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico confeccionó, desde 1970 han sido denunciadas más de 148 personas consagradas en el país.
De ese total, 89 son sacerdotes diocesanos de la Iglesia Católica; 37 son frailes y/o religiosos de órdenes católicas y de otras denominaciones cristianas, como Testigos de Jehová o Budistas; 11 de ellas son monjas con rango de superioras o responsables de establecimientos educativos o de cuidado de las infancias; 6 son laicos consagrados o afines a establecimientos católicos; 5 son obispos católicos y 3 son, además, fundadores de órdenes religiosas ultraconservadoras.
La Red detalló además que de esos 148 casos sólo 66 denuncias fueron radicadas únicamente en el fuero penal, mientras que 27 se hicieron sólo en el ámbito eclesiástico y 38 en otros ámbitos. El informe también incluye 17 denuncias públicas que no prosperaron por el fallecimiento del agresor.
En este sentido, expresaron su "preocupación de que los abusos eclesiásticos no son tomados en cuenta con la real dimensión con que éstos perjudican a infancias, adolescencias y adulteces vulnerables a lo largo de los años".
La Red recomienda no acudir a tribunales eclesiásticos, sino acudir a la justicia penal, la única justicia con validez para sancionar a los agresores. Y buscan evitar la revictimización que caracteriza a los Tribunales Canónicos "donde a nuestro entender, no se respetan las más mínimas garantías que contempla la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, actuando con imparcialidad y malicia en detrimento de la integridad de lxs sobrevivientes".
Desde la Red también destacan que "la ausencia de organizaciones similares en países de habla hispana ha movido a diferentes sobrevivientes a la consulta, diálogo e implementación de abordajes multidisciplinares para acompañar de forma remota a numerosos sobrevivientes de países vecinos, como Brasil, Paraguay y Venezuela".
Las estructuras religiosas todavía no parecen estar listas para romper la impunidad que rodea a estos casos, que cada vez alcanzan a más autoridades religiosas, mientras los sobrevivientes ensayan formas de acompañar, contener y lograr justicia.