Todo fuego es político: ecos patagónicos en los incendios de Córdoba
La provincia de Córdoba padeció durante diez días -aún existen sectores afectados- devastadores incendios: las condiciones climáticas adversas se profundizan en un escenario de desfinanciamiento de las políticas de protección contra el fuego y se vivieron días similares a los que experimentó la Patagonia en 2021 con los incendios en la Comarca Andina, que derivó en grandes pérdidas y, sobre todo, reflejó la desidia a la que están sometidos los habitantes. Colectivos ambientales exigen que los gobiernos dejen de ensayar soluciones de contención y prioricen, de una vez por todas, planes de prevención a largo plazo. El "Estado ausente" que propicia la gestión libertaria.
Desde el 18 de septiembre las llamas arrasaron con todo a su paso en gran parte de la provincia de Córdoba. Sobre el fin de la semana la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó que en total fueron tres los focos: el de Capilla del Monte -que se extendió hasta San Marcos Sierras-, otro en Salsacate y otro en La Granja.
El miércoles se produjo el recambio de 800 bomberos por nuevos efectivos, y allí el Gobierno provincial subrayó que "el personal cuenta con el apoyo de todas las fuerzas especializadas, con la ayuda de bomberos de otras ciudades y como así también de cuarteles de otras provincias". Nada dijo del aporte del Gobierno nacional, que demoró cinco días en enviar hidrantes y otras herramientas para enfrentar el siniestro.
La evaluación provisoria estableció que las llamas pulverizaron más de 40 mil hectáreas en Punilla, 5.100 en Chancaní y 2.200 en Villa Berna; además de decenas de viviendas consumidas y miles de personas afectadas, sin contar el daño a la biodiversidad del sector. Esta cantidad es casi la mitad de lo que consumió el fuego en nueve meses, ya que en lo que va del años allí las llamas afectaron 69.500 hectáreas de bosques nativos.
Mientras las imágenes de la desesperación de los habitantes de las regiones afectadas y el denodado esfuerzo de los brigadistas y bomberos se extendían en las pantallas de los medios de comunicación de todo el país, el presidente Javier Milei sonreía en su paseo por Estados Unidos: primero en la ONU donde anunció su rechazo al "Pacto del Futuro" -es decir que se declaró contrario a cualquier medida de protección del ambiente ante el cambio climático-; y después tocó la campanita en Wall Street, el casino del capitalismo más grande del mundo.
Ni bien regresó al país, el Presidente, influenciado por sus asesores que le marcaron el daño en su imagen que generó su desaparición, decidió visitar las zonas afectadas. Se abrigó con una impoluta campera camuflada y sobrevoló los incendios. Sólo eso: sobrevolar la desgracia y regresar a las ocupaciones que más lo apasionan, como difundir informaciones falsas y culpar a "los ku-k de La Cámpora" por los siniestros, algo desmentido hasta por las propias autoridades cordobesas.
Extinguir incendios sin presupuesto
En medio de la catástrofe y las críticas por el accionar de los gobiernos provincial y nacional, la Vicejefatura de Gabinete del Interior detalló el último miércoles los "grande recursos" aportados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
"Desde el Gobierno nacional, en un trabajo coordinado entre la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, enviamos recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para combatir los focos de incendio que azotan a la provincia de Córdoba", se lee en una publicación de la red social X.
Para el foco de Villa Berna, el organismo nacional detalló que aportó 16 brigadistas, dos helicópteros, un avión hidrante AT 802 y un camión con personal. Para el incendio en Capilla del Monte, dispuso de un avión hidrante AT 802. Y para el sector de Chancaní-Salsacate, envió un avión hidrante, un camión con personal, y 32 brigadistas; además de vehículos y equipamiento.
Estos recursos, sin embargo, no alcanzan para solventar una situación de desfinanciamiento estructural que aumenta la vulnerabilidad de los territorios, y dejan casi en soledad a los recursos locales en su lucha por sobrevivir.
En diálogo con La Ranchada, el comunicador Charly Astoreli de Radio Garabato (ubicada en San Marcos Sierras, una de las zonas más afectadas) se refirió al decreto 70/23 firmado por Javier Milei a pocos días de su asunción, el cual declara la emergencia económica y prevé las "bases para la reconstrucción de la economía argentina".
Ese decreto "tiró abajo un montón de leyes que preveían una serie de presupuestos para abordar estas situaciones, como la posibilidad de comprar aviones, a través de los fondos que manda la Ley de bosques".
"Hay un desfinanciamiento constante y progresivo de estas políticas de prevención, del financiamiento de materiales, del financiamiento de los cuarteles de bomberos, que se ha visto mermada. Han aumentado presupuestos muy por debajo de la inflación que en los últimos años fue de más de 3.000 puntos y los presupuestos han aumentado en escasos 1.000 puntos", agregó.
Un documento elaborado por La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) detalla la situación presupuestaria en relación a la agenda socioambiental. Allí se aprecia un recorte en el Ministerio de Ambiente y en Parques Nacionales que asciende a un 40%.
"Si consideramos la inflación del 79,8 por ciento entre enero y junio del 2024, la participación de la deuda en el Presupuesto Nacional tuvo un aumento del 30 por ciento con respecto al 2023. Mientras que los fondos destinados a las partidas ambientales tuvieron caídas que van desde un 35 por ciento hasta más del 44", plantean desde FARN.
En este panorama se vieron fuertemente afectadas las áreas destinadas al manejo del fuego y el cuidado de bosques. Y estiman que el ajuste podría elevarse al 58% para fin de año.
En concreto, precisan que hubo recortes en asignaciones sobre dos leyes clave para combatir los incendios: la Ley de Manejo del Fuego (Nª 26.815) y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N°26.331)
Respecto a la primera, el documento indica que se registró una fuerte caída de su ejecución en la primera mitad del año, con gastos de apenas el 26,7% de su presupuesto vigente, contra un 45%, 80% y 78% ejecutados en 2021, 2022 y 2023. A ello se suma un ajuste de casi el 300% en el primer trimestre, en comparación con el mismo período de 2023.
Además, se registró una reducción de las horas de capacitación para el personal especializado en control de incendios.
En cuanto a la segunda, detallan que el fondo de la Ley de Presupuestos Mínimos es 18 veces menor a lo que debería por ley, y advierten que en los primeros seis meses del año "no se ejecutó ni un sólo peso de los montos estipulados en el Presupuesto Nacional para su cumplimiento".
En la misma dirección, tanto la Subsecretaría de Ambiente como la Administración de Parques Nacionales sufrieron recortes de más del 40% para el primer semestre de este año.
De acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, en el trimestre octubre-noviembre-diciembre se registrarán temperaturas más altas de lo normal y mayores niveles de sequía en gran parte del país, un escenario favorable para la generación y propagación de incendios.
Luego de los incendios ocurridos en Córdoba en 2020 -con un récord de más de 190 mil hectáreas quemadas-, el colectivo Hijos del Churqui (integrado por investigadores, profesionales y activistas por el ambiente) presentó una carta al Gobierno provincial solicitando, entre otras cosas, garantizar la participación ciudadana en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, e incrementar el trabajo de prevención y de educación ambiental. Sin embargo, remarcan que a la fecha nada de eso se concretó. La petición acumula más de 300 mil firmas.
En el escenario actual, el grupo volvió a poner el foco sobre estas demandas. Subrayan que, incluso con el preocupante historial de algunas regiones como Córdoba o la Patagonia, los gobiernos siguen enfocándose en la contención en lugar de apuntar a planes de prevención y soluciones de fondo.
"Si bien el apoyo al sacrificado esfuerzo de los bomberos voluntarios debe mantenerse, el Plan de Manejo del Fuego debe, necesariamente, empezar a concentrarse en la prevención, la detección y combate temprano de incendios, así como permitir la participación ciudadana y contar con un protocolo para restaurar las zonas afectadas, a la vez que se debe castigar debidamente a los culpables", detallan en un escrito publicado en Tierra Viva.
En este marco, exigen a los gobiernos una serie de acciones de prevención y combate temprano de incendios que implican, entre otros puntos, el estricto cumplimiento de la Ley de Bosques, la participación ciudadana en el Plan de Manejo del Fuego, la colaboración con instituciones de investigación e impulsar el control y las vigías permanentes en sitios estratégicos.
Por otro lado, y al igual que se ha denunciado en territorio patagónico, sostienen que gran parte de los incendios están vinculados a negocios inmobiliarios y agropecuarios.
Esta idea fue rebatida por funcionarios provinciales, quienes indicaron que en la provincia rige la Ley 9814 que impide el cambio de uso en todos los inmuebles incendiados que estén clasificados como bosques nativos y establece "zonas rojas" donde la construcción está prohibida.
Paralelamente, desde el año 2020 se encuentra vigente la Ley de Manejo del Fuego que protege los ecosistemas de los incendios al prohíbir la venta de estos terrenos en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas.
Los controles, sin embargo, son escasos, y la misma normativa provincial contempla la posibilidad de recategorizaciones si se considera que una obra resulta de "interés público".
"Como enseñan las organizaciones socioambientales, Todo incendio es político'", remarcaron desde Hijos del Churqui, "por lo tanto, si no cambia la política para hacer frente a los incendios que azotan a nuestra provincia, el gobierno de Córdoba seguirá siendo el responsable directo de su origen. Por todo ello, invitamos a organizar una gran movilización ciudadana para exigir los cambios necesarios en la política ambiental y de manejo del fuego en la provincia de Córdoba".
La falta de una estrategia a largo plazo, el retaceo de recursos y el desfinanciamiento del Plan del Manejo del Fuego, el avance de la frontera de los cultivos y los establecimientos ganaderos, el déficit habitacional y la necesidad de mudarse a zonas donde los incendios son corrientes y los proyectos urbanísticos sin control son algunas de las razones que explican por qué, desde 1987, en Córdoba se quemaron más de 2.000.000 de hectáreas.
Ecos de la Patagonia
La situación de Córdoba refleja una realidad nacional que la Patagonia vivió en carne propia en más de una ocasión. En 2021 los incendios de la Comarca Andina provocaron numerosas pérdidas en materia de infraestructura y ambiente, sumado a miles de vecinos y vecinas afectados.
Los siete focos que se propagaron rápidamente acabaron afectando a varios sectores: Lago Puelo, Las Golondrinas, El Hoyo, Epuyén, Cerro Radal, El Maitén y Cholila. Estos hechos reflotaron varios debates latentes en las provincias patagónicas: la situación salarial de los brigadistas, la falta de estrategias estatales de prevención del fuego y la ausencia marcada de políticas ambientales.
A tres años de los incendios del 9 de marzo, la situación no parece haber cambiado mucho. Los vecinos de los barrios más carenciados siguen exigiendo respuestas tras haber sufrido pérdidas materiales y productivas. La reconstrucción es lenta y no se vislumbra acompañamiento.
En total, los incendios afectaron unas 13.000 hectáreas, entre las que se perdieron dos vidas humanas, más de 500 viviendas, bosque nativo e implantado, animales de cría y de compañía, infraestructura productiva y de servicios e incluso la sede de la Brigada Provincial de Incendios de Golondrinas.
"Si bien han disminuido en superficie a nivel global en los últimos veinte años, son cada vez más intensos y devastadores en los lugares donde ocurren, como en las interfases urbano-rurales en El Hoyo, Lago Puelo y Golondrinas. Afectan cada vez a más y más personas, bienes y estructuras. Se han agravado peligrosamente en los últimos años", advirtió el especialista Guillermo Defossé a pocos meses de los incidentes, en diálogo con este medio.
Y agregó que ese agravamiento "se debe sin dudas a la aplicación de políticas y leyes no sustentables, tanto en lo ambiental, de gestión del fuego, como de desarrollo y expansión urbana. La revisión crítica de esas políticas, su adecuación y reemplazo por otras basadas en el conocimiento científico, que tiendan a la sustentabilidad de los ecosistemas y puedan ser comunicadas eficazmente, comprendidas, y adoptadas por todos los estamentos de la sociedad, permitirán atenuar y reencauzar este drama socio-ecológico, que afecta negativamente el futuro de la humanidad".
Su premisa es la misma que hoy se debate en Córdoba: "La clave está en la prevención. Es un problema social. Si se realiza una buena prevención, no hay incendios. A la prevención no le dan la importancia que merece. A la gente le emociona más ver una motobomba funcionando que una brigada trabajando en invierno para bajar la biomasa, de manera que cuando llegue el verano no haya incendios. Es una patología socio-ecológica; les es más simpático ver cuando se apaga el fuego y no cuándo se realizan medidas de prevención".