Universidades en alerta: el Gobierno ejecuta un ajuste brutal y amenaza con vetar la Ley de Financiamiento
A poco menos de un año del inicio de la gestión libertaria, la comunidad universitaria reclama cada vez con más fuerza aumentos presupuestarios que garanticen el funcionamiento así como la recomposición salarial de sus docentes. Las distintas casas de estudios en todo el país atravesaron un 2024 con un presupuesto prorrogado muy lejano a las actualizaciones inflacionarias. Ahora, el presentado por Javier Milei prevé la mitad del monto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional para el próximo año, lo que dificulta la continuidad de las trayectorias educativas. Además, el Presidente anunció que vetará la Ley de Financiamiento Universitario -aprobada por ambas Cámaras- que contempla reajustes salariales y partidas presupuestarias acordes al índice de inflación. El gobierno se mantiene firme con el veto total y los gremios preparan acciones de lucha para esta semana.
El pasado 30 de agosto se llevó adelante en Santa Rosa (La Pampa) el 92° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En ese marco, y antes que el presidente Javier Milei presentara el proyecto de Presupuesto 2025, el CIN presentó su propio proyecto de presupuesto universitario.
Tomando como base la Ley de Financiamiento Universitario que ya contaba con media sanción en la Cámara de Diputados, el Consejo acordó un presupuesto para 2025 que contempla "aumentos razonables para el normal funcionamiento del sistema el próximo año". De esta forma, se elevó una planilla que estipula un total final de 7.19 billones de pesos, monto que representa aproximadamente el 1% del PBI. Además, el Consejo aprobó un acuerdo plenario para solicitar la aprobación y promulgación de la ley.
En la reunión también se discutieron otros temas de relevancia para la agenda universitaria, considerando especialmente la situación económica actual y la necesidad de sostener las universidades nacionales.
"Si hay algo que funciona bien en nuestro Estado argentino son las universidades", fueron las palabras de apertura del presidente del Consejo, Víctor Moriñigo. "Vamos a tener que defenderla sin ponernos colorados, pero no por nosotros y por un reclamo sectorial, sino por cada uno de nuestros chicos, porque estoy convencido de que en nuestro presente está el futuro de muchos jóvenes que necesitan tener, al menos, las posibilidades que nosotros hemos tenido en un pasado próximo", agregó.
"Veto total" a la Ley de Financiamiento Universitario
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados -con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención-, el 12 de septiembre el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. En este caso, se contabilizaron 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del Sistema Universitario Nacional para este 2024, con el objetivo de "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales".
Por otro lado, propone la actualización de las partidas del Presupuesto 2023 -que fue prorrogado por el Gobierno nacional- según la inflación acumulada de ese año, para luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Además el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, establece nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades, entre los cuales se contemplan el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
"Lo establecido acerca de la recomposición salarial no se aplicará si las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para 2024 son acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo Nacional y las federaciones representantes de los trabajadores de la educación superior y las escuelas preuniversitarias", agrega el dictamen.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta medida implicaría para el 2024 un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones.
Sin embargo, más allá de las definiciones del Poder Legislativo, Milei ya adelantó que, al igual que lo hizo con el proyecto de movilidad jubilatoria, vetará la ley. A partir de su aprobación, el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para ejecutar el veto, aunque fuentes cercanas al Gobierno especulan que es inminente. En la presentación del Presupuesto 2025, ya había confirmado que vetará todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal del Estado.
En el medio, en un acto realizado en el Senado por el Día del Profesor, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, denunció que existe una "oligarquía universitaria" y un "adoctrinamiento ideológico que penetra la mente de los estudiantes", al tiempo que expresó su apoyo al equilibrio fiscal de la gestión libertaria.
Estos dichos se suman a la retórica que el Gobierno de derecha sostiene desde inicios del mandato, que ha apuntado directamente a las universidades nacionales y sus trabajadores bajo la idea del "adoctrinamiento",
Presupuesto 2025: qué queda para las universidades
El veto de la Ley de Financiamiento Universitario recrudece una situación que ya genera preocupación entre la comunidad académica. El pasado 15 de septiembre, Milei presentó en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2025, que contempla severos recortes a las partidas destinadas para las universidades nacionales.
En el detalle del proyecto se expresa un aumento del 28% para el presupuesto universitario en relación al 2024. Este número, sin embargo, está muy lejos de lo necesario para asegurar el funcionamiento mínimo. Mientras el proyecto del CIN había solicitado un monto de $7,2 billones para las universidades nacionales, el presupuesto del Gobierno nacional apenas asciende a $3,8 billones. Es decir, se necesitará aproximadamente el doble del presupuesto para garantizar las actividades académicas y los sueldos docentes.
En el detalle de la distribución, la UBA está a la cabeza, con un monto asignado de 657 mil millones de pesos, seguida de la UTN (259 mil millones), La Plata (249 mil millones) y la UNC (243 mil millones). En cuanto a las universidades patagónicas, se asignaron 73 mil millones a la Universidad de Comahue, 58 mil millones a la UNPSJB, 28 mil millones a la UNRN y 16 mil millones a la UNTDF.
En relación con la educación inicial y media, el Proyecto de Presupuesto 2025 suspende el Artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo, el cual garantiza una inversión consolidada del 6% del PIB para el sistema educativo.
Además de la cuestión presupuestaria, la comunidad universitaria expresó su preocupación ante otras modificaciones que ponen en riesgo la autonomía universitaria. El artículo 17 establece que las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. "El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma", indica el artículo.
"Hay una sobreactuación de todos los ministerios de quedar bien con el Poder Ejecutivo, de cuestionar a todos y poner a todos en duda y en el medio no consultan y no preguntan", dijo en diálogo con El Cronista el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, quien expresó que este pasaje viola la autonomía universitaria, detallando además que la información de pago de salarios se envía todos los meses.
Fuerte caída en Ciencia y Tecnología
Durante la reunión de rectores se discutió sobre la situación crítica que atraviesa el campo científico en Argentina, fuertemente afectado por los recortes presupuestarios en materia educativa. Desde principios de la gestión libertaria, investigadores y becarios advierten la caída en las partidas asignadas para proyectos de investigación en todo el país. El CONICET fue uno de los primeros organismos públicos en caer en la mira de Javier Milei, quien amenazó con privatizar el organismo, además de cuestionar de manera constante la labor de sus integrantes.
"La situación salarial es crítica. La falta de actualización de los salarios de docentes investigadores afecta directamente a quienes participan en actividades de producción de nuevo conocimiento. Cabe recordar aquí, como lo venimos expresando sostenidamente, que el 60% de las personas que hacen ciencia en nuestro país trabajan dentro de las universidades nacionales. Se trata de profesionales que, con mucho esfuerzo y apoyo del Estado, han construido trayectorias de excelencia reconocidas tanto a nivel nacional como internacional", expresa el comunicado del CIN compartido durante la reunión de rectores.
Allí se habla de un estado de situación de la ciencia argentina "alarmante", tras haber transcurrido los primeros ocho meses de gestión del actual gobierno nacional.
El comunicado da cuenta de las distintas problemáticas que atraviesan el sistema científico nacional, como la falta de actualización de los salarios de los investigadores, el recorte de las partidas para las becas y la falta de asignación de convocatorias, la paralización de obras de infraestructura y la discontinuación de convenios con editoriales para la publicación de los resultados de las investigaciones.
"A esta situación crítica se suma que, en estos primeros ocho meses de gestión, el Gobierno nacional no ha financiado ningún proyecto nuevo ni ha formulado convocatorias que apoyen o fomenten la investigación, lo que ha provocado la virtual paralización de muchas líneas en curso y la renuncia de profesionales con alta formación. Esto, además, representa una amenaza directa a la calidad educativa en nuestras universidades", enfatiza el comunicado.
En esta línea, convocan a las comunidades universitarias a "velar por el sostenimiento de la política científica de nuestro país que, de no mediar un cambio trascendental de las políticas del Gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes, lo que impactará directamente en la soberanía y el desarrollo nacional".
Y se insta, además, a todas las agencias del Gobierno nacional a que "cumplan con las leyes vigentes, reviertan estas decisiones y prioricen el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, que son pilares fundamentales para el desarrollo del país".
Luego de conocerse los detalles del Presupuesto 2025, Daniel Filmus -ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación- adelantó las caídas presupuestarias que sufrirán los distintos organismos de Ciencia y Tecnología el próximo año.
La Agencia I+D+I se encontraría entre las más afectadas, con una caída del 67%, seguida por el Banco Nacional de Datos Genéticos (-50%), el INTI (-46%), el CONICET (-41%), la CONAE (-40%)y el INTA (-39%). En este sentido, el ex ministro advirtió que "la caída del presupuesto en Educación, Ciencia y Tecnología en 2025 será más profunda aún que en 2024".
Frente a este escenario, la CONADU Histórica adelantó un extenso plan de lucha, que comenzará con una semana de visibilización de las demandas desde este lunes 23 de septiembre. En esta línea, se convocó a un paro nacional el 26 y 27 de septiembre y una Marcha Federal Universitaria para el 2 de octubre. La consigna central es el repudio al veto de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cabe recordar que ya se convocó a una Marcha Federal Universitaria el 23 de abril, la cual contó con una asistencia masiva en todo el país y logró que el Gobierno otorgara un aumento del 270%, necesario para garantizar el inicio del segundo cuatrimestre. En los últimos días, sin embargo, el Gobierno adelantó que se mantendrá firme con el veto y Milei advirtió que no frenará ante ningún tipo de acción gremial.