Palos, gases y acusación de "terroristas" por protestarLa represión de la movilización contra la ley Bases en Congreso marcó un punto de quiebre. Manifestantes y transeúntes criminalizados, militantes presos en una cárcel federal. Para el gobierno, las protestas son un acto "desestabilizador". Denuncian el uso abusivo de la fuerza estatal al menos once veces este año.
Por Daniel Giarone
En la noche del 12 de junio pasado el Senado de la Nación aprobó la ley Bases con una votación tan ajustada como esperada. Afuera, miles de personas se manifestaban contra la norma por la que el gobierno de Javier Milei había bregado casi desde el comienzo mismo de su mandato. Sin embargo, la novedad no estuvo allí, sino en la represión desatada en las calles, que se saldó con la detención de 33 personas.
El pasado lunes, en el primer día del mes, unos 2.500 trabajadores públicos supieron que se habían quedado sin su fuente laboral. El 30 de junio habían vencido los contratos que los vinculaban laboralmente con distintas áreas del Estado nacional pero que "no fueron renovados". Hubo protestas en diferentes organismos afectados.
Uno de ellos fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que funciona en un parque situado en la esquina de Constituyentes y avenida General Paz, un punto limítrofe de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la puerta del edificio se concentraron trabajadores despedidos, así como dirigentes y militantes de distintas organizaciones. Contra todos ellos, y mediante golpes y gases lacrimógenos, arremetió la Policía de la Ciudad dependiente del gobierno de Jorge Macri, que además se llevó detenidas a dos personas.
El carácter sistemático y el grado de violencia desplegado personal armado de distintas jurisdicciones del Estado -por ejemplo desde el nivel nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, como en los casos aquí mencionados- en contra de personas que se movilizan en el espacio público como forma de expresar su descontento, son indicativos de una política generalizada.
Los antecedentes, aunque silenciosos, fueron acumulándose a lo largo de los siete meses de gobierno libertario. Según un relevamiento que Amnistía Internacional Argentina dará a conocer en las próximas semanas, en lo que va del año se registraron al menos once protestas en las que hubo un uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Un operativo "francamente bélico"
Según distintas evaluaciones, lo ocurrido hace casi un mes durante la protesta contra la ley Bases frente al Congreso marcó un "salto cualitativo" en el accionar represivo, un agravamiento en todos los sentidos.
Quienes fueron detenidos esa vez denunciaron golpizas y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y sus abogados señalaron una situación inédita: la imputación por un posible alzamiento contra el orden constitucional, que fue impulsada por el Poder Ejecutivo y seguida por el fiscal Carlos Stornelli.
Además, en otro hecho inusual para este tipo de casos, los apresados fueron trasladados a un penal federal, el de Ezeiza, donde cinco de ellos ya llevan más de veinte días privados de la libertad. El efecto de lo ocurrido puede ser duradero y la pregunta es si el gobierno de Javier Milei inició una nueva fase en la represión a la protesta social.
"El operativo conjunto, de carácter francamente bélico, tuvo ingredientes que ya hemos visto en muchas otras ocasiones, sólo que acá se dio todo junto", aseguró a Va Con Firma María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que integra la defensa de los detenidos.
Y agrega: "Hay un dato que surge del expediente. Cuando declararon varios policías dijeron que como había un grupo grande de manifestantes que no se retiraban, Operaciones' ordenó realizar detenciones puntuales. O sea, como el 20 de diciembre de 2001, la orden era despejar la plaza, a cualquier costo".
"La violencia estatal del 12 de junio, en línea con lo que viene sucediendo en los últimos meses, también se manifestó a través del discurso oficial, que calificó a la protesta como un intento desestabilizador, desnaturalizando la protesta, argumento que fue tomado como propio por el fiscal", señalóa Va Con Firma Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina (AI).
Palos, balas y gases
Las movilizaciones contra las políticas del gobierno nacional comenzaron casi con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El paro nacional convocado por la CGT en enero de este año, las movilización del 8M (en el Día Internacional de las Mujeres) y la marcha universitaria del 23 de abril desbordaron las calles y fueron, quizás, las más numerosas.
Sin hechos de violencia ni represión abierta, la masividad de la protesta inutilizó el protocolo antipiquete con que se inauguró la nueva administración. Pero el 12 de junio esto comenzó a cambiar, abriéndose un escenario tan peligroso como incierto.
"Observamos una restricción del espacio cívico para el ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta social. Ya sea mediante el ataque a través de las redes sociales y de la violencia discursiva o de la represión en las calles", detalló Garone, en sintonía con lo que dirá el informe.
Además, asegura que desde diciembre de 2023 las fuerzas de seguridad propenden "a desalojar a quienes protestan, como si la protesta no se pudiera realizar, lo que lleva a una situación de muchísima violencia, donde hay un uso arbitrario de la fuerza a través del uso de balas de goma (que deberían ser un último recurso) y de gases lacrimógenos".
Amnistía Internacional documentó también daños físicos a manifestantes en distintas ocasiones. Por ejemplo, el caso del abogado Matía Aufieri, quien perdió un ojo por una bala de goma durante la protesta contra la ley Ómnibus el 1 de febrero de este año. A esto se suma ataques con palos y gases contra periodistas y manifestantes en distintas protestas ocurridas desde entonces.
Horror show
Según constató Correpi, el 12 de junio pasado, entre las 15 y las 20:40, y mientras el Senado trataba la ley Bases, fueron detenidas 33 personas en unas 15 cuadras a la redonda del Congreso. Diez de ellas, apresadas por la Policía Federal y las restantes por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
"El mismo jueves 13, antes de comenzar las declaraciones indagatorias de las 10 personas a su disposición, la jueza Servini recibió un requerimiento del fiscal Stornelli en el que formuló la imputación contra los detenidos por graves delitos, como prepotencia ideológica, rebelión, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva e intimidación pública, además del clásico' atentado y resistencia a la autoridad", reseña Verdú.
Las indagatorias, según la abogada, tuvieron "una descripción vaga e imprecisa, sin decir concretamente de qué se acusaba a cada persona y aclarando que ello fue requerido por el fiscal".
En el expediente judicial puede leerse que se acusa a los detenidos de "incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo temor público y suscitando desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática".
Siempre según la acusación, los sucesos incluyeron "la destrucción en las inmediaciones del lugar de, al menos, dos automóviles, tachos de basura, veredas, puertas de viviendas y comercios, el lanzamiento de elementos en llamas, piedras, palos y distintos elementos contundentes hacia el Congreso Nacional y las fuerzas de seguridad".
"En la mañana siguiente nos enteramos de que los detenidos habían sido trasladados a las unidades carcelarias de Ezeiza y Marcos Paz", relata Verdú, quien asegura que en el juzgaron le informaron que la decisión "fue unilateral y del Servicio Penitenciario Federal, que desde enero, está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad" conducido por Patricia Bullrich.
La abogada detalla además que ante el pedido de excarcelación de los detenidos "el fiscal se opuso en todos los casos". Sin embargo, esa misma noche la jueza decidió excarcelar a 17 personas y el martes siguiente "llegó a la conclusión de que sólo en cinco casos tenía elementos suficientes para procesar, dictando la falta de mérito sobre 28 de los 33 apresados".
Verdú destaca que al dictar la falta de mérito "la Cámara declaró abstractas las apelaciones por las excarcelaciones, que ya no tienen sentido", y que las defensas de las cinco personas que quedaron procesadas con prisión preventiva apelaron, volviendo la fiscalía a impugnar, esta vez la inocencia de siete de los apresados.
Así las cosas, la situación de detenidos e imputados comenzará a resolverse el próximo lunes, cuando los abogados defensores insistan en sus peticiones y fundamentos ante la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones.
Prevenir y encarcelar
En tanto, AI presentó un escrito ante la jueza Servini advirtiendo sobre el uso arbitrario de la prisión preventiva. La organización humanitaria considera que la medida se está aplicando de manera generalizada y para delitos y situaciones que no la justifican, contrariando incluso la jurisprudencia.
Según Garone, "ninguna de las personas detenidas está involucrada en los incendios y destrozos de autos que ocurrieron el 12 de junio y que se vieron por televisión, avalando la narrativa de que los detenidos eran terroristas que intentaban dar un golpe de Estado".
"Nos preocupa -suma- el impacto que lo ocurrido tiene no sólo sobre las personas que fueron a protestar sino sobre toda la sociedad. Por ello lanzamos una Acción Urgente Global, que es una recolección de firmas de Amnistía Internacional en todo el mundo, para exigir una investigación eficaz".
Exigen que el Estado rinda cuentas de un operativo al que califican como "abusivo y arbitrario", como así también que se señales a responsables, pidiendo además "la liberación de los detenidos y el cese de la criminalización del resto de los apresados".
"Stornelli se recibió con honores de amanuense del Poder Ejecutivo. Su primer dictamen con las imputaciones se funda en dos notas, de Clarín y La Nación, que reproducen los posteos de Milei y Bullrich en las redes sociales. En cada nueva presentación muestra a las claras que cumple el rol de llevar a la instancia judicial la política represiva del gobierno", denuncia Verdú.
La letrada, referente histórica de la acción contra la violencia institucional, subraya la decisión oficial de alojar a manifestantes en cárceles comunes. "El traslado de los detenidos a cárceles federales muestra también cómo juega ahora el Servicio Penitenciario bajo el mando de Bullrich. En las causas comunes se quejan de que no hay cupos, hasta hay personas cumpliendo condena en comisarías, pero acá, en dos horas, tenían 10 plazas disponibles".
Sobre lo próximas pasos que dará la Justicia, Garone asegura que "Stornelli apeló la falta de mérito dictada sobre las personas ya liberadas, por lo que estamos expectantes sobre la investigación que lleve adelante la jueza. Nos preocupa mucho la calificación de sedición y terrorismo que hace el fiscal, tomando como prueba notas de los diarios y el comunicado oficial".
Un punto de quiebre
La pregunta sobre lo ocurrido ante el Congreso, y el interrogante acerca de lo que puede suceder en las protestas y movilizaciones que se esperan para las próximas semanas, va más allá de la coyuntura. Lo que está en juego es qué tipo de respuestas va a dar el Estado, en todos sus niveles, ante una sociedad agobiada por el ajuste, el empobrecimiento y la recesión.
"El Estado no solo debe respetar la protesta social, sino que debe garantizar que se pueda llevar a cabo y no interferir sobre ese derecho a través del uso abusivo de la fuerza, como estamos viendo que sucede ante los distintos reclamos", subraya Garone.
Y advierte: "El punto de quiebre que se dio el 12 de junio respecto a la que venía haciendo el gobierno no es tanto la represión física, que ya venía de antes, sino la masividad de las detenciones y la acusación de terroristas y golpistas a quienes protestan, que se agrava todavía más por el acompañamiento de la Justicia".
Lo que haga el gobierno frente a las protestas por venir marcará si lo ocurrido ante el Congreso fue el punto de quiebre hacia una escalada represiva mayor. La sociedad, que poco a poco pierde la paciencia, tendrá entonces la palabra.
Fuente: Va Con Firma
La represión de la movilización contra la ley Bases en Congreso marcó un punto de quiebre. Manifestantes y transeúntes criminalizados, militantes presos en una cárcel federal. Para el gobierno, las protestas son un acto "desestabilizador". Denuncian el uso abusivo de la fuerza estatal al menos once veces este año.
Por Daniel Giarone
En la noche del 12 de junio pasado el Senado de la Nación aprobó la ley Bases con una votación tan ajustada como esperada. Afuera, miles de personas se manifestaban contra la norma por la que el gobierno de Javier Milei había bregado casi desde el comienzo mismo de su mandato. Sin embargo, la novedad no estuvo allí, sino en la represión desatada en las calles, que se saldó con la detención de 33 personas.
El pasado lunes, en el primer día del mes, unos 2.500 trabajadores públicos supieron que se habían quedado sin su fuente laboral. El 30 de junio habían vencido los contratos que los vinculaban laboralmente con distintas áreas del Estado nacional pero que "no fueron renovados". Hubo protestas en diferentes organismos afectados.
Uno de ellos fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que funciona en un parque situado en la esquina de Constituyentes y avenida General Paz, un punto limítrofe de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la puerta del edificio se concentraron trabajadores despedidos, así como dirigentes y militantes de distintas organizaciones. Contra todos ellos, y mediante golpes y gases lacrimógenos, arremetió la Policía de la Ciudad dependiente del gobierno de Jorge Macri, que además se llevó detenidas a dos personas.
El carácter sistemático y el grado de violencia desplegado personal armado de distintas jurisdicciones del Estado -por ejemplo desde el nivel nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, como en los casos aquí mencionados- en contra de personas que se movilizan en el espacio público como forma de expresar su descontento, son indicativos de una política generalizada.
Los antecedentes, aunque silenciosos, fueron acumulándose a lo largo de los siete meses de gobierno libertario. Según un relevamiento que Amnistía Internacional Argentina dará a conocer en las próximas semanas, en lo que va del año se registraron al menos once protestas en las que hubo un uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Un operativo "francamente bélico"
Según distintas evaluaciones, lo ocurrido hace casi un mes durante la protesta contra la ley Bases frente al Congreso marcó un "salto cualitativo" en el accionar represivo, un agravamiento en todos los sentidos.
Quienes fueron detenidos esa vez denunciaron golpizas y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y sus abogados señalaron una situación inédita: la imputación por un posible alzamiento contra el orden constitucional, que fue impulsada por el Poder Ejecutivo y seguida por el fiscal Carlos Stornelli.
Además, en otro hecho inusual para este tipo de casos, los apresados fueron trasladados a un penal federal, el de Ezeiza, donde cinco de ellos ya llevan más de veinte días privados de la libertad. El efecto de lo ocurrido puede ser duradero y la pregunta es si el gobierno de Javier Milei inició una nueva fase en la represión a la protesta social.
"El operativo conjunto, de carácter francamente bélico, tuvo ingredientes que ya hemos visto en muchas otras ocasiones, sólo que acá se dio todo junto", aseguró a Va Con Firma María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que integra la defensa de los detenidos.
Y agrega: "Hay un dato que surge del expediente. Cuando declararon varios policías dijeron que como había un grupo grande de manifestantes que no se retiraban, Operaciones' ordenó realizar detenciones puntuales. O sea, como el 20 de diciembre de 2001, la orden era despejar la plaza, a cualquier costo".
"La violencia estatal del 12 de junio, en línea con lo que viene sucediendo en los últimos meses, también se manifestó a través del discurso oficial, que calificó a la protesta como un intento desestabilizador, desnaturalizando la protesta, argumento que fue tomado como propio por el fiscal", señalóa Va Con Firma Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina (AI).
Palos, balas y gases
Las movilizaciones contra las políticas del gobierno nacional comenzaron casi con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El paro nacional convocado por la CGT en enero de este año, las movilización del 8M (en el Día Internacional de las Mujeres) y la marcha universitaria del 23 de abril desbordaron las calles y fueron, quizás, las más numerosas.
Sin hechos de violencia ni represión abierta, la masividad de la protesta inutilizó el protocolo antipiquete con que se inauguró la nueva administración. Pero el 12 de junio esto comenzó a cambiar, abriéndose un escenario tan peligroso como incierto.
"Observamos una restricción del espacio cívico para el ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta social. Ya sea mediante el ataque a través de las redes sociales y de la violencia discursiva o de la represión en las calles", detalló Garone, en sintonía con lo que dirá el informe.
Además, asegura que desde diciembre de 2023 las fuerzas de seguridad propenden "a desalojar a quienes protestan, como si la protesta no se pudiera realizar, lo que lleva a una situación de muchísima violencia, donde hay un uso arbitrario de la fuerza a través del uso de balas de goma (que deberían ser un último recurso) y de gases lacrimógenos".
Amnistía Internacional documentó también daños físicos a manifestantes en distintas ocasiones. Por ejemplo, el caso del abogado Matía Aufieri, quien perdió un ojo por una bala de goma durante la protesta contra la ley Ómnibus el 1 de febrero de este año. A esto se suma ataques con palos y gases contra periodistas y manifestantes en distintas protestas ocurridas desde entonces.
Horror show
Según constató Correpi, el 12 de junio pasado, entre las 15 y las 20:40, y mientras el Senado trataba la ley Bases, fueron detenidas 33 personas en unas 15 cuadras a la redonda del Congreso. Diez de ellas, apresadas por la Policía Federal y las restantes por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
"El mismo jueves 13, antes de comenzar las declaraciones indagatorias de las 10 personas a su disposición, la jueza Servini recibió un requerimiento del fiscal Stornelli en el que formuló la imputación contra los detenidos por graves delitos, como prepotencia ideológica, rebelión, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva e intimidación pública, además del clásico' atentado y resistencia a la autoridad", reseña Verdú.
Las indagatorias, según la abogada, tuvieron "una descripción vaga e imprecisa, sin decir concretamente de qué se acusaba a cada persona y aclarando que ello fue requerido por el fiscal".
En el expediente judicial puede leerse que se acusa a los detenidos de "incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo temor público y suscitando desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática".
Siempre según la acusación, los sucesos incluyeron "la destrucción en las inmediaciones del lugar de, al menos, dos automóviles, tachos de basura, veredas, puertas de viviendas y comercios, el lanzamiento de elementos en llamas, piedras, palos y distintos elementos contundentes hacia el Congreso Nacional y las fuerzas de seguridad".
"En la mañana siguiente nos enteramos de que los detenidos habían sido trasladados a las unidades carcelarias de Ezeiza y Marcos Paz", relata Verdú, quien asegura que en el juzgaron le informaron que la decisión "fue unilateral y del Servicio Penitenciario Federal, que desde enero, está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad" conducido por Patricia Bullrich.
La abogada detalla además que ante el pedido de excarcelación de los detenidos "el fiscal se opuso en todos los casos". Sin embargo, esa misma noche la jueza decidió excarcelar a 17 personas y el martes siguiente "llegó a la conclusión de que sólo en cinco casos tenía elementos suficientes para procesar, dictando la falta de mérito sobre 28 de los 33 apresados".
Verdú destaca que al dictar la falta de mérito "la Cámara declaró abstractas las apelaciones por las excarcelaciones, que ya no tienen sentido", y que las defensas de las cinco personas que quedaron procesadas con prisión preventiva apelaron, volviendo la fiscalía a impugnar, esta vez la inocencia de siete de los apresados.
Así las cosas, la situación de detenidos e imputados comenzará a resolverse el próximo lunes, cuando los abogados defensores insistan en sus peticiones y fundamentos ante la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones.
Prevenir y encarcelar
En tanto, AI presentó un escrito ante la jueza Servini advirtiendo sobre el uso arbitrario de la prisión preventiva. La organización humanitaria considera que la medida se está aplicando de manera generalizada y para delitos y situaciones que no la justifican, contrariando incluso la jurisprudencia.
Según Garone, "ninguna de las personas detenidas está involucrada en los incendios y destrozos de autos que ocurrieron el 12 de junio y que se vieron por televisión, avalando la narrativa de que los detenidos eran terroristas que intentaban dar un golpe de Estado".
"Nos preocupa -suma- el impacto que lo ocurrido tiene no sólo sobre las personas que fueron a protestar sino sobre toda la sociedad. Por ello lanzamos una Acción Urgente Global, que es una recolección de firmas de Amnistía Internacional en todo el mundo, para exigir una investigación eficaz".
Exigen que el Estado rinda cuentas de un operativo al que califican como "abusivo y arbitrario", como así también que se señales a responsables, pidiendo además "la liberación de los detenidos y el cese de la criminalización del resto de los apresados".
"Stornelli se recibió con honores de amanuense del Poder Ejecutivo. Su primer dictamen con las imputaciones se funda en dos notas, de Clarín y La Nación, que reproducen los posteos de Milei y Bullrich en las redes sociales. En cada nueva presentación muestra a las claras que cumple el rol de llevar a la instancia judicial la política represiva del gobierno", denuncia Verdú.
La letrada, referente histórica de la acción contra la violencia institucional, subraya la decisión oficial de alojar a manifestantes en cárceles comunes. "El traslado de los detenidos a cárceles federales muestra también cómo juega ahora el Servicio Penitenciario bajo el mando de Bullrich. En las causas comunes se quejan de que no hay cupos, hasta hay personas cumpliendo condena en comisarías, pero acá, en dos horas, tenían 10 plazas disponibles".
Sobre lo próximas pasos que dará la Justicia, Garone asegura que "Stornelli apeló la falta de mérito dictada sobre las personas ya liberadas, por lo que estamos expectantes sobre la investigación que lleve adelante la jueza. Nos preocupa mucho la calificación de sedición y terrorismo que hace el fiscal, tomando como prueba notas de los diarios y el comunicado oficial".
Un punto de quiebre
La pregunta sobre lo ocurrido ante el Congreso, y el interrogante acerca de lo que puede suceder en las protestas y movilizaciones que se esperan para las próximas semanas, va más allá de la coyuntura. Lo que está en juego es qué tipo de respuestas va a dar el Estado, en todos sus niveles, ante una sociedad agobiada por el ajuste, el empobrecimiento y la recesión.
"El Estado no solo debe respetar la protesta social, sino que debe garantizar que se pueda llevar a cabo y no interferir sobre ese derecho a través del uso abusivo de la fuerza, como estamos viendo que sucede ante los distintos reclamos", subraya Garone.
Y advierte: "El punto de quiebre que se dio el 12 de junio respecto a la que venía haciendo el gobierno no es tanto la represión física, que ya venía de antes, sino la masividad de las detenciones y la acusación de terroristas y golpistas a quienes protestan, que se agrava todavía más por el acompañamiento de la Justicia".
Lo que haga el gobierno frente a las protestas por venir marcará si lo ocurrido ante el Congreso fue el punto de quiebre hacia una escalada represiva mayor. La sociedad, que poco a poco pierde la paciencia, tendrá entonces la palabra.
Fuente: Va Con Firma