El CELS exige respuestas de Nación por el desalojo violento en MascardiDesde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una nota dirigida a distintos funcionarios de áreas relacionadas con la seguridad y los derechos humanos, se expresó preocupación por lo que se calificó como "el despliegue inusitado de fuerzas federales en la zona de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, Villa Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro".
En la comunicación, se lee: "Dejamos planteado la incompatibilidad de esos despliegues estatales con las obligaciones asumidas por el Estado de prevenir y proteger el derecho a la integridad física y psíquica de las comunidades indígenas, así como las obligaciones en materia de no discriminación que pesan sobre todas las autoridades del Estado, en particular con comunidades indígenas".
También se apunta: "Señalamos el despliegue inusitado de fuerzas federales, que exceden las tareas típicas de prevención. El operativo -de acuerdo a lo informado por organizaciones de Bariloche- da cuenta de la presencia de una cantidad exagerada de funcionarios policiales, portando elementos de seguridad y armas de fuego, entre otros instrumentos de seguridad, el uso de drones, helicópteros, y grupos de comandos especiales. Y ello está desplegado en los contornos y lugares de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu".
El texto continúa: "Más allá de la difusión que ha realizado el propio gobierno federal y el Ministerio de Seguridad, a través de la Resolución 637/2022, sobre la creación de un comando unificado' de las cuatro fuerzas federales para prevenir' hechos de violencia, lo cierto es que en los hechos esa propuesta pareciera estar basada en estereotipos de identidad cultural y étnicos, y se dirige exclusivamente a controlar y/o perseguir a las comunidades mapuches".
Desde el CELS se indica que, si la medida "resulta estar apoyada en una decisión judicial", debe haber una base centrada "en una investigación exhaustiva, referida a la determinación de responsabilidades por delitos concretos".
Así, se expone que "la información brindada en el despliegue y detención de siete mujeres indígenas", el miércoles 5 de octubre, "da cuenta de la existencia de una investigación por supuestos delitos de usurpación, resistencia a la autoridad e incendio". En tal sentido, los representantes del CELS consideran que "sería desproporcionada, entonces, una orden judicial que habilite este despliegue inusitado de fuerzas federales, dedicada exclusivamente a cumplir una medida que se desconoce su contenido y justificación".
"El Estado tiene que arbitrar todas las medidas necesarias de protección para la integridad física y psíquica de las personas que forman parte de la comunidad", aseveran, a la vez que manifiestan: "Requerimos de manera urgente que cese este modo de intervención, que puede constituir un hecho de discriminación y hostilidad hacia un grupo específico, lo que está prohibido por el ordenamiento jurídico argentino".
Asimismo, consideran "imprescindible" acceder a información relacionada con el operativo. "En particular, solicitamos que el Ministerio de Seguridad explique en qué consisten las denominadas tareas de prevención, cuál es la hipótesis que justifica la presencia de tal cantidad de funcionarios policiales y grupos fuertemente armados, a qué responden los controles vehiculares y si ese Ministerio ordenó la realización de tareas de rastrillaje y cuál es el objetivo", sostienen.
"En segundo lugar, y en función de lo informado por distintos referentes de las comunidades mapuches, solicitamos se arbitren las condiciones necesarias para realizar un proceso de diálogo, que busque alternativas a la forma de intervención que se ha realizado", piden.
También requieren que se "convoque en el menor tiempo posible a una reunión con organismos de derechos humanos de Bariloche y con referentes de las comunidades mapuche de Río Negro".
"Nos ponemos a disposición para cualquier consulta o facilitación de datos o contactos para la búsqueda de espacios de diálogo, o precisión sobre el pedido de información solicitado", expresan los referentes del CELS, a la vez que añaden que una copia de la nota se hará llegar a la jueza federal de Bariloche.
En cuanto a los funcionarios a los que se remitió el texto, el listado abarca al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur; el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa; la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa; el titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lucas Gaincerain: la ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor; la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Analía Noriega; y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
Fuente: El Cordillerano
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una nota dirigida a distintos funcionarios de áreas relacionadas con la seguridad y los derechos humanos, se expresó preocupación por lo que se calificó como "el despliegue inusitado de fuerzas federales en la zona de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, Villa Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro".
En la comunicación, se lee: "Dejamos planteado la incompatibilidad de esos despliegues estatales con las obligaciones asumidas por el Estado de prevenir y proteger el derecho a la integridad física y psíquica de las comunidades indígenas, así como las obligaciones en materia de no discriminación que pesan sobre todas las autoridades del Estado, en particular con comunidades indígenas".
También se apunta: "Señalamos el despliegue inusitado de fuerzas federales, que exceden las tareas típicas de prevención. El operativo -de acuerdo a lo informado por organizaciones de Bariloche- da cuenta de la presencia de una cantidad exagerada de funcionarios policiales, portando elementos de seguridad y armas de fuego, entre otros instrumentos de seguridad, el uso de drones, helicópteros, y grupos de comandos especiales. Y ello está desplegado en los contornos y lugares de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu".
El texto continúa: "Más allá de la difusión que ha realizado el propio gobierno federal y el Ministerio de Seguridad, a través de la Resolución 637/2022, sobre la creación de un comando unificado' de las cuatro fuerzas federales para prevenir' hechos de violencia, lo cierto es que en los hechos esa propuesta pareciera estar basada en estereotipos de identidad cultural y étnicos, y se dirige exclusivamente a controlar y/o perseguir a las comunidades mapuches".
Desde el CELS se indica que, si la medida "resulta estar apoyada en una decisión judicial", debe haber una base centrada "en una investigación exhaustiva, referida a la determinación de responsabilidades por delitos concretos".
Así, se expone que "la información brindada en el despliegue y detención de siete mujeres indígenas", el miércoles 5 de octubre, "da cuenta de la existencia de una investigación por supuestos delitos de usurpación, resistencia a la autoridad e incendio". En tal sentido, los representantes del CELS consideran que "sería desproporcionada, entonces, una orden judicial que habilite este despliegue inusitado de fuerzas federales, dedicada exclusivamente a cumplir una medida que se desconoce su contenido y justificación".
"El Estado tiene que arbitrar todas las medidas necesarias de protección para la integridad física y psíquica de las personas que forman parte de la comunidad", aseveran, a la vez que manifiestan: "Requerimos de manera urgente que cese este modo de intervención, que puede constituir un hecho de discriminación y hostilidad hacia un grupo específico, lo que está prohibido por el ordenamiento jurídico argentino".
Asimismo, consideran "imprescindible" acceder a información relacionada con el operativo. "En particular, solicitamos que el Ministerio de Seguridad explique en qué consisten las denominadas tareas de prevención, cuál es la hipótesis que justifica la presencia de tal cantidad de funcionarios policiales y grupos fuertemente armados, a qué responden los controles vehiculares y si ese Ministerio ordenó la realización de tareas de rastrillaje y cuál es el objetivo", sostienen.
"En segundo lugar, y en función de lo informado por distintos referentes de las comunidades mapuches, solicitamos se arbitren las condiciones necesarias para realizar un proceso de diálogo, que busque alternativas a la forma de intervención que se ha realizado", piden.
También requieren que se "convoque en el menor tiempo posible a una reunión con organismos de derechos humanos de Bariloche y con referentes de las comunidades mapuche de Río Negro".
"Nos ponemos a disposición para cualquier consulta o facilitación de datos o contactos para la búsqueda de espacios de diálogo, o precisión sobre el pedido de información solicitado", expresan los referentes del CELS, a la vez que añaden que una copia de la nota se hará llegar a la jueza federal de Bariloche.
En cuanto a los funcionarios a los que se remitió el texto, el listado abarca al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur; el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa; la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa; el titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lucas Gaincerain: la ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor; la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Analía Noriega; y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
Fuente: El Cordillerano