Falon: "En la Universidad hubo protección y marco de impunidad para un responsable de abuso" Entrevista de Lola Sánchez
El 24 de junio de 2019 se dio a conocer la denuncia pública y colectiva contra Bruno Sancci, docente en la UNPSJB sede Trelew, quien finalmente fue cesanteado por decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Fue acusado por varias docentes y estudiantes por violencia física, simbólica, actos de humillación y hostigamiento. Aunque la causa tomó trascendencia en los últimos años, los primeros casos se registraron alrededor del año 2002. En 2018 se lo denunció formalmente por primera vez.
La sanción llegó dos décadas después a raíz de la protección política de las autoridades. Así lo afirma la docente y denunciante Lucrecia Falon. En diálogo con El Extremo Sur, dijo que las autoridades miraron para otro lado y llevaron adelante estrategias institucionales para reincorporar al docente, obviando las medidas de protección esenciales para las denunciantes.
En total, son seis denunciantes en la UNPSJB y dos del Instituto N° 805 en Puerto Madryn (causa que actualmente se encuentra paralizada). Falon explicó que el número era mayor, pero algunas no se animaron a darle continuidad a la denuncia. Ahora, Sancci inició un juicio en el fuero civil contra las demandantes y suponen que la carátula de la acusación -como muchas de las represalias contra quienes denuncian- será de injurias o calumnia. Incluso solicitó que las mismas denunciantes costeen su defensa.
La unión de las mujeres permitió sacar a la luz el entramado de impunidad de la Institución, que hoy promete un horizonte más comprometido, con nuevas autoridades al frente.
¿En qué estado se encuentra actualmente la denuncia colectiva contra Sancci?
Se llevó a cabo un sumario, a partir del cual se generó un informe que fue dirigido al Consejo Directivo. En base a eso la Facultad convocó al Consejo Superior el 11 de junio en la sede Trelew y allí decidió cesantear a Burno Sancci. Por lo que conocemos de manera informal, el docente presentó una apelación ante ambos Consejos; todavía no nos informaron cuando se va a tratar. Sabemos que hay una sesión del Consejo Superior el 26 de agosto, pero previamente debería tratarse en el Directivo. No sabemos si el tratamiento va a llegar para este mes de agosto o para septiembre.
¿Y ahora Sanci busca denunciarlas por injurias?
Es una suposición, sabemos que nos inició un juicio en el fuero civil porque previamente pidió un juicio ad hoc para resolver su solicitud del beneficio de la defensa gratuita, mediante el cual debe demostrar que no tiene fondos para pagar su defensa. De alguna manera, en esa instancia se decidió que las personas a las que el acusa deben pagarle los costos de la defensa. Pero más allá de eso, todavía no hay acceso a la causa, por lo que sabemos que es una acusación hacia todas las denuncias, aunque no sepamos la carátula. Es lo que pasa siempre, cuando las mujeres denuncian violencia de género, después viene la denuncia por injuria o calumnia.
Las denuncias datan de hace más de diez años, ¿cuál creés que fue el punto de inflexión en el cual la causa pudo avanzar?
Ni bien sucedió una situación en la que yo viví una amenaza por parte de Sancci, en la que me pedía que hiciera callar a una docente que lo denunciaba o le iba a hacer daño a mi familia, presenté una nota en la Universidad, en el decanato y el rectorado. La decana hizo cruces con otras denuncias donde acusaban a mi esposo porque él estaba enojado y les dijo que ellos sostenían a Sancci, por lo que le hicieron un sumario. Se resolvió hace poco. Pero recién avanzó cuando se hizo la denuncia colectiva, donde enlazamos la situación de amenaza que yo viví con todas las denuncias anteriores que este señor tuvo desde el año 2004. De esta forma, demostramos que sus actos respondían a un patrón de conducta, y esa acción hacia a mi tenia que ver con un proceso de violencia hacia otras mujeres. Es ahí donde toma sentido mi denuncia y se decide avanzar.
¿Considerás que la demora en la causa tuvo que ver con la protección política que denunciaste recientemente?
Muchas veces nos argumentaron que el tema tardaba por el tema de la pandemia, pero la realidad es que empezaron a tomarnos las declaraciones un año después de que se aprobó el sumario en el Consejo. Y nosotras veíamos la protección o la falta de cuidado de parte de la institución, en un momento en que algunas estudiantes tenían que integrar un tribunal en una mesa de examen con Sancci o que estando por resolución del Consejo Directivo el sumario y la suspensión para evitar cruces en el ámbito educativo, se presenta una nota en la cual se informa que él se va a reintegrar. En resumen, una serie de estrategias institucionales que no tenían en cuenta el proceso que se llevaba a cabo. Sancci incluso envió un mail en el que dijo que tras la denuncia tuvo reuniones con las autoridades de la Facultad de ese momento, quienes dijeron que le iban a brindar apoyo. Eso se tradujo en las prácticas que evidenciamos.
Respecto a las denunciantes, ¿se llevó adelante alguna medida de protección a su favor?
La realidad es que más que la resolución salió el Consejo Directivo, no hubo otras acciones. Pedíamos protección el día en que se iban a hacer las votaciones para representantes de claustros, y eso no se dio. Queríamos que se definiera un horario para que votara Sancci, así las estudiantes no se cruzaban con él. Se obvió, no se dio una respuesta positiva. No hubo otro tipo de acciones de parte de la gestión de ese momento para proteger a las denunciantes.
¿Crees que el avance del movimiento feminista también impulsó el avance de las denuncias?
Creo que sí, porque si bien en su momento estas estudiantes que ahora son graduadas y docentes, hicieron las denuncias, no fueron escuchadas, incluso quienes llegaron al Consejo Directivo. Frente a un contexto en el que muchas mujeres denunciaron situaciones de violencia, haciéndolas públicas -como pasó con Thelma Fardin-, muchas mujeres en la universidad empezaron a comentar estas situaciones.
¿Ves un mayor grado de compromiso en las nuevas autoridades?
Creo que hay avances. Estuve en una Comisión que trabajó en un protocolo para el tratamiento de las violencias, el cual fue aprobado por resolución en el Consejo Superior. Ahora está comenzando a implementarse; faltan recursos, falta plantel profesional para atender denuncias, pero se hace con el personal que ya está designado en la Secretaría de Bienestar de la Universidad. Creo que también hay un compromiso de llevar adelante una política con perspectiva de género, y además hay acompañamiento. Actualmente funciona una comisión asesora integrada por quienes participamos en la redacción del protocolo y otras mujeres que se sumaron este año, con referentes por cada facultad que van a articular las acciones con la Secretaría de Bienestar. La idea es que haya un trabajo coordinado. Vemos que se generó un espacio específico donde se van a atender todas las denuncias, de a poco se van haciendo cosas.
Con el panorama actual, ¿ves la posibilidad de que Sancci pueda retomar su labor docente en algún momento?
Nosotras queríamos que se aplique la sanción que corresponda a la gravedad de los hechos que él cometió, teniendo en cuenta las leyes y normativas que existen administrativamente. Desde el ámbito jurídico se recomendó la cesantía, que a diferencia de la exoneración, le permitiría volver a presentarse en algún cargo. La cesantía implica que él pierde los cargos en los que venía trabajando. Pero podría tener un cargo en nuestra facultad, otra facultad u otra universidad. La exoneración ya no le permitía trabajar en ámbitos públicos.
¿Considerás que el caso sirvió para reinstalar el debate en torno a la violencia de género dentro de los espacios universitarios?
Creo que sí, hay un avance a nivel nacional en formulación y aplicación de protocolos en las universidades. El nuestro es uno de los más recientes pero es urgente que este protocolo se ponga en marcha. La rectora informaba en una de las últimas sesiones del Consejo Superior que en este último tiempo se registraron 36 denuncias en las sedes de la UNPSJB. Por otra parte, tenemos un caso resonante en la sede de Esquel de un abogado que acusaba a sus estudiantes. Es un avance que se está dando en todas las universidades, no sólo por los movimientos feministas sino por la acción de la CONADU Histórica. El protocolo de nuestra universidad rige a partir de una convocatoria del gremio docente en la cual se invita a participar a personas de otros estamentos universitarios.
Sin embargo, ¿es posible que existan más casos de violencia dentro de la institución que no hayan sido denunciados?
Sí, y de hecho conozco casos que han comentado en confianza, situaciones que han vivido pero que no han formalizado institucionalmente. A veces se ha tratado informalmente con las autoridades, logrando que cesara la violencia, pero sin seguir el protocolo, esto es anterior a su reglamentación. No llegan a canalizarse a través de un sumario todas las denuncias, lo que implica que no hay una decisión respecto a la sanción correspondiente.
¿Qué vías están disponibles para que las estudiantes puedan denunciar hechos de violencia dentro de la Universidad?
En la página de la facultad hay una pestaña vinculada a las cuestiones de género y violencias con dos direcciones de correo electrónico donde se puede hacer el primer contacto para tener una reunión con quienes se encargan de aplicar el protocolo, y ver si eso se traduce en una denuncia. Tambien sé que se ha conformado una asamblea feminista convocada por estudiantes en la que se han sumado docentes, en alerta permanente respecto de lo que suceda en cuanto a este tema, a la implementación del protocolo, a las situaciones de violencia y a como esto se trabaja a nivel institucional. Lo que estamos buscando es que las mujeres podamos entrar y salir enteras, sanas, libres de la universidad, poder circular sin miedo por las aulas. Es muy importante el proceso que se está llevando adelante.
Entrevista de Lola Sánchez
El 24 de junio de 2019 se dio a conocer la denuncia pública y colectiva contra Bruno Sancci, docente en la UNPSJB sede Trelew, quien finalmente fue cesanteado por decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Fue acusado por varias docentes y estudiantes por violencia física, simbólica, actos de humillación y hostigamiento. Aunque la causa tomó trascendencia en los últimos años, los primeros casos se registraron alrededor del año 2002. En 2018 se lo denunció formalmente por primera vez.
La sanción llegó dos décadas después a raíz de la protección política de las autoridades. Así lo afirma la docente y denunciante Lucrecia Falon. En diálogo con El Extremo Sur, dijo que las autoridades miraron para otro lado y llevaron adelante estrategias institucionales para reincorporar al docente, obviando las medidas de protección esenciales para las denunciantes.
En total, son seis denunciantes en la UNPSJB y dos del Instituto N° 805 en Puerto Madryn (causa que actualmente se encuentra paralizada). Falon explicó que el número era mayor, pero algunas no se animaron a darle continuidad a la denuncia. Ahora, Sancci inició un juicio en el fuero civil contra las demandantes y suponen que la carátula de la acusación -como muchas de las represalias contra quienes denuncian- será de injurias o calumnia. Incluso solicitó que las mismas denunciantes costeen su defensa.
La unión de las mujeres permitió sacar a la luz el entramado de impunidad de la Institución, que hoy promete un horizonte más comprometido, con nuevas autoridades al frente.
¿En qué estado se encuentra actualmente la denuncia colectiva contra Sancci?
Se llevó a cabo un sumario, a partir del cual se generó un informe que fue dirigido al Consejo Directivo. En base a eso la Facultad convocó al Consejo Superior el 11 de junio en la sede Trelew y allí decidió cesantear a Burno Sancci. Por lo que conocemos de manera informal, el docente presentó una apelación ante ambos Consejos; todavía no nos informaron cuando se va a tratar. Sabemos que hay una sesión del Consejo Superior el 26 de agosto, pero previamente debería tratarse en el Directivo. No sabemos si el tratamiento va a llegar para este mes de agosto o para septiembre.
¿Y ahora Sanci busca denunciarlas por injurias?
Es una suposición, sabemos que nos inició un juicio en el fuero civil porque previamente pidió un juicio ad hoc para resolver su solicitud del beneficio de la defensa gratuita, mediante el cual debe demostrar que no tiene fondos para pagar su defensa. De alguna manera, en esa instancia se decidió que las personas a las que el acusa deben pagarle los costos de la defensa. Pero más allá de eso, todavía no hay acceso a la causa, por lo que sabemos que es una acusación hacia todas las denuncias, aunque no sepamos la carátula. Es lo que pasa siempre, cuando las mujeres denuncian violencia de género, después viene la denuncia por injuria o calumnia.
Las denuncias datan de hace más de diez años, ¿cuál creés que fue el punto de inflexión en el cual la causa pudo avanzar?
Ni bien sucedió una situación en la que yo viví una amenaza por parte de Sancci, en la que me pedía que hiciera callar a una docente que lo denunciaba o le iba a hacer daño a mi familia, presenté una nota en la Universidad, en el decanato y el rectorado. La decana hizo cruces con otras denuncias donde acusaban a mi esposo porque él estaba enojado y les dijo que ellos sostenían a Sancci, por lo que le hicieron un sumario. Se resolvió hace poco. Pero recién avanzó cuando se hizo la denuncia colectiva, donde enlazamos la situación de amenaza que yo viví con todas las denuncias anteriores que este señor tuvo desde el año 2004. De esta forma, demostramos que sus actos respondían a un patrón de conducta, y esa acción hacia a mi tenia que ver con un proceso de violencia hacia otras mujeres. Es ahí donde toma sentido mi denuncia y se decide avanzar.
¿Considerás que la demora en la causa tuvo que ver con la protección política que denunciaste recientemente?
Muchas veces nos argumentaron que el tema tardaba por el tema de la pandemia, pero la realidad es que empezaron a tomarnos las declaraciones un año después de que se aprobó el sumario en el Consejo. Y nosotras veíamos la protección o la falta de cuidado de parte de la institución, en un momento en que algunas estudiantes tenían que integrar un tribunal en una mesa de examen con Sancci o que estando por resolución del Consejo Directivo el sumario y la suspensión para evitar cruces en el ámbito educativo, se presenta una nota en la cual se informa que él se va a reintegrar. En resumen, una serie de estrategias institucionales que no tenían en cuenta el proceso que se llevaba a cabo. Sancci incluso envió un mail en el que dijo que tras la denuncia tuvo reuniones con las autoridades de la Facultad de ese momento, quienes dijeron que le iban a brindar apoyo. Eso se tradujo en las prácticas que evidenciamos.
Respecto a las denunciantes, ¿se llevó adelante alguna medida de protección a su favor?
La realidad es que más que la resolución salió el Consejo Directivo, no hubo otras acciones. Pedíamos protección el día en que se iban a hacer las votaciones para representantes de claustros, y eso no se dio. Queríamos que se definiera un horario para que votara Sancci, así las estudiantes no se cruzaban con él. Se obvió, no se dio una respuesta positiva. No hubo otro tipo de acciones de parte de la gestión de ese momento para proteger a las denunciantes.
¿Crees que el avance del movimiento feminista también impulsó el avance de las denuncias?
Creo que sí, porque si bien en su momento estas estudiantes que ahora son graduadas y docentes, hicieron las denuncias, no fueron escuchadas, incluso quienes llegaron al Consejo Directivo. Frente a un contexto en el que muchas mujeres denunciaron situaciones de violencia, haciéndolas públicas -como pasó con Thelma Fardin-, muchas mujeres en la universidad empezaron a comentar estas situaciones.
¿Ves un mayor grado de compromiso en las nuevas autoridades?
Creo que hay avances. Estuve en una Comisión que trabajó en un protocolo para el tratamiento de las violencias, el cual fue aprobado por resolución en el Consejo Superior. Ahora está comenzando a implementarse; faltan recursos, falta plantel profesional para atender denuncias, pero se hace con el personal que ya está designado en la Secretaría de Bienestar de la Universidad. Creo que también hay un compromiso de llevar adelante una política con perspectiva de género, y además hay acompañamiento. Actualmente funciona una comisión asesora integrada por quienes participamos en la redacción del protocolo y otras mujeres que se sumaron este año, con referentes por cada facultad que van a articular las acciones con la Secretaría de Bienestar. La idea es que haya un trabajo coordinado. Vemos que se generó un espacio específico donde se van a atender todas las denuncias, de a poco se van haciendo cosas.
Con el panorama actual, ¿ves la posibilidad de que Sancci pueda retomar su labor docente en algún momento?
Nosotras queríamos que se aplique la sanción que corresponda a la gravedad de los hechos que él cometió, teniendo en cuenta las leyes y normativas que existen administrativamente. Desde el ámbito jurídico se recomendó la cesantía, que a diferencia de la exoneración, le permitiría volver a presentarse en algún cargo. La cesantía implica que él pierde los cargos en los que venía trabajando. Pero podría tener un cargo en nuestra facultad, otra facultad u otra universidad. La exoneración ya no le permitía trabajar en ámbitos públicos.
¿Considerás que el caso sirvió para reinstalar el debate en torno a la violencia de género dentro de los espacios universitarios?
Creo que sí, hay un avance a nivel nacional en formulación y aplicación de protocolos en las universidades. El nuestro es uno de los más recientes pero es urgente que este protocolo se ponga en marcha. La rectora informaba en una de las últimas sesiones del Consejo Superior que en este último tiempo se registraron 36 denuncias en las sedes de la UNPSJB. Por otra parte, tenemos un caso resonante en la sede de Esquel de un abogado que acusaba a sus estudiantes. Es un avance que se está dando en todas las universidades, no sólo por los movimientos feministas sino por la acción de la CONADU Histórica. El protocolo de nuestra universidad rige a partir de una convocatoria del gremio docente en la cual se invita a participar a personas de otros estamentos universitarios.
Sin embargo, ¿es posible que existan más casos de violencia dentro de la institución que no hayan sido denunciados?
Sí, y de hecho conozco casos que han comentado en confianza, situaciones que han vivido pero que no han formalizado institucionalmente. A veces se ha tratado informalmente con las autoridades, logrando que cesara la violencia, pero sin seguir el protocolo, esto es anterior a su reglamentación. No llegan a canalizarse a través de un sumario todas las denuncias, lo que implica que no hay una decisión respecto a la sanción correspondiente.
¿Qué vías están disponibles para que las estudiantes puedan denunciar hechos de violencia dentro de la Universidad?
En la página de la facultad hay una pestaña vinculada a las cuestiones de género y violencias con dos direcciones de correo electrónico donde se puede hacer el primer contacto para tener una reunión con quienes se encargan de aplicar el protocolo, y ver si eso se traduce en una denuncia. Tambien sé que se ha conformado una asamblea feminista convocada por estudiantes en la que se han sumado docentes, en alerta permanente respecto de lo que suceda en cuanto a este tema, a la implementación del protocolo, a las situaciones de violencia y a como esto se trabaja a nivel institucional. Lo que estamos buscando es que las mujeres podamos entrar y salir enteras, sanas, libres de la universidad, poder circular sin miedo por las aulas. Es muy importante el proceso que se está llevando adelante.