Arcioni recula, pero las pesqueras adeudan U$S 36 millones y rechazan pagar un dólar por cajón de langostinos
El Gobierno provincial anunció la ejecución del cobro del Fondo Ambiental Pesquero (FAP) y las empresas del sector sobreactuaron para tratar de no pagar. Por eso se propusieron voltear la ley vigente desde 2018. Lo cierto es que jamás pagaron y le estarían debiendo al Estado chubutense cerca de 36,7 millones de dólares. El precio del cajón de langostino rondaría los 30 dólares y las empresas deben pagar sólo un dólar por el canon que rechazan. Llamativamente, el gobernador Arcioni dio marcha atrás con el FAP y finalmente les cobrarían un monto de deuda muchísimo menor.
Las empresas pesqueras se volvieron a plantar en pie de guerra contra el canon establecido por el Fondo Ambiental Pesquero (FAP) para la producción de langostino. Buscan que no se les cobre lo que evitaron pagar en cuatro años y ahora presionan para que la Legislatura derogue la ley.
La guerra de las pesqueras se reavivó con la intención del Gobierno provincial de ejecutar el cobro del FAP. Desde esta semana las empresas deben comenzar a pagar un canon que esta vigente desde abril de 2018 y que jamás pagaron.
La Flota Amarilla amenazó con paralizar la actividad y los fresqueros de Mar del Plata amenazan con no descargar en los puertos chubutenses.
Ambos sectores buscan amedrentar al gobierno con la posibilidad de dejar sin langostinos a las plantas de procesamiento en tierra.
El empresariado rechazó el canon al langostino y reveló que el propio Poder Ejecutivo se había "comprometido" a vetar la ley, pero eso no sucedió y transcurridos cuatro años finalmente se decidió comenzar a cobrar el FAP; aunque nada se mencionó todavía en torno de la enorme deuda acumulada.
Arcioni retrocede
La presión ejercida por las empresas y las conducciones de los gremios pesqueros pretenden dejar al descubierto públicamente un supuesto "compromiso" secreto que habría dado el gobernador, Mariano Arcioni; quién considera la posibilidad de convocar a una sesión especial para que la Legislatura derogue el FAP.
La derogación no incluiría la condonación de la deuda que se generó en los últimos cuatro años. Según el sector pesquero lo adeudado ascendería a los 1.000 millones de pesos, pero desde El Extremo Sur se estimó que esa deuda rondaría los 36,7 millones de dólares.
El secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, dijo sobre la deuda que "la van a pagar los empresarios, pero sin intereses". La cifra total superaría los 1.000 millones de pesos, pero con la quita de intereses, la mora pura rondaría los "780 millones" y lo pagarían "con un anticipo del 40% y el resto en seis cuotas", dijo el generoso secretario a la pesca.
Lo cierto es que Arcioni parece dar marcha atrás con el FAP. Sería un nuevo retroceso en el proceso de recaudación provincial, que queda aún más subsumido al poder empresarial y deja al desnudo la subordinación de la clase política. Como contrapartida mantiene su objetivo de ajustar el gasto público sobre los salarios y jubilaciones.
Pesqueras que pagan muy poco
Tal como publicó El Extremo Sur en ediciones anteriores, el sector pesquero que opera en los puertos chubutenses paga impuestos bajísimos, que jamás llegaron a representar ni el 1% de toda la recaudación del Estado provincial.
Junto con el sector terrateniente del campo son los grandes empresariados favorecidos con tasas bajísimas, múltiples eximiciones y recaudaciones que no se concretan; tal como sucedió a lo largo de cuatro años sin que nadie se ruborice o intente aplicar la ley.
Curiosamente la Justicia avanza con su "mano dura" sobre el sindicalista Santiago Goodman -a quien condenó a tres años de prisión en suspenso- y aquellos que reclaman. Es evidente la voluntad de criminalizar la protesta social, pero ni la Justicia ni el Ejecutivo hicieron cumplir la ley para que se pague el FAP.
Las pesqueras tributan más allá del FAP solamente el 4% por el valor de la producción de langostino, porcentaje que se reduce en 50% si desembarcan los productos de mar en los puertos de la provincia. Pese a eso, las pesqueras se niegan a pagar el FAP que representa solamente 1 dólar por cada cajón de langostino.
Lo que aportan las pesqueras tiene una incidencia mínima en los impuestos propios que recauda el Gobierno provincial y en los últimos años promedió solamente 0,54% de lo recaudado por Chubut.
Más allá de las enormes ganancias que genera el sector pesquero con los recursos del mar que le corresponden al Estado provincial, la tributación que le queda a Chubut es verdaderamente preocupante por su escaso nivel de incidencia. Ni con el FAP esta tendencia se revertiría fuertemente, pero las empresas se niegan a pagarlo hasta ese mínimo aporte.
El Fondo Ambiental Provincial es un canon establecido por ley desde el 17 de abril de 2018 y fue sancionado por la Legislatura y promulgado por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial N° 12.935 de ese mismo mes.
Allí se establece "Créase el Fondo Ambiental Provincial (FAP) que tendrá como objetivos globales: a) La preservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales, y
b) La reparación de daños generados al ambiente".
El Artículo 2 expresa que "El Fondo creado por el artículo anterior estará conformado por un arancel aplicado a cada cajón de langostino desembarcado en cada localidad portuaria, cuyo monto será el equivalente en pesos de un dólar estadounidense cotización vendedor del Banco de la Nación Argentina".
El texto original de la ley votada establecía -según figura en el Digesto provincial como la Ley I N° 620- que el canon a abonar era del equivalente a "un litro de gasoil premium de YPF", aunque en la promulgación ese indicador fue variado por "un dólar".
Las otras diferencias con el texto votado y el promulgado se refieren a la excepción para el puerto de Comodoro Rivadavia y a el descuento de un 50% del canon para los cajones que sean desembarcados en los puertos chubutenses.
Más allá de estos contrastes, lo cierto es que este canon entró en vigencia en junio del 2018 pero las pesqueras siempre se negaron a pagarlo, lo bombardearon judicialmente y aparentemente habrían obtenido el "compromiso" del gobierno de que la ley sería anulada.
El Ejecutivo no solamente no tiró por tierra a la ley, por lo menos hasta la actualidad, y además avanza con el cobro del FAP desde esta semana. Así encendió nuevamente la guerra de las pesqueras contra el canon.
Cuánto afecta el FAP a las pesqueras
Según los diferentes datos recabados por EES el FAP tendrá una incidencia mínima respecto de los valores que tiene el cajón de langostino.
No existe mucha información oficial al respecto, pero algunas proyecciones permiten especular que el kilo de langostino vendido en banquina (muelle portuario) rondaría los 2,2 dólares.
Así lo determinó un trabajo de investigación efectuado por la ex ministra y profesora universitaria Graciela Dufour. Aunque vale aclarar que el valor podría modificarse, ya que la investigación se encuentra en desarrollo y no terminó de determinar los valores finales.
Suponiendo que exista un margen de variabilidad, en el desarrollo de la investigación, el valor del kilo langostino puede quedar establecido en los 1,5 o 1,7 dólares para la flota amarilla, igualmente la incidencia sigue siendo extremadamente mínima como para que las empresas se nieguen a abonar el FAP.
En la primera de la hipótesis la incidencia del FAP sería de apenas un 2,7% del valor del cajón de langostino y en la segunda de las opciones ascendería al 3,8% como máximo. En ambos casos el FAP implica un porcentaje menor al 4% del otro canon existente.
En cajón de langostino descargado en puerto puede contener alrededor de 16,6 kilos de langostinos y por ende su valor en asciende a los 26,5 o los 36,5 dólares; según las dos variables consideradas.
Las empresas deben pagar por el FAP solamente 1 dólar por cajón y la escasa incidencia del canon rechazado queda al desnudo.
Esa mínima afectación para las empresas es solamente para los cajones vendidos en "banquina", porque si se consideran los valores de exportación el FAP se transforma en un efecto casi inexistente como para que el empresariado pesquero se pare de manos.
Según los medios especializados -como la Revista Puerto- los valores de las exportaciones de langostinos rondan entre los 5,7 y los 9 dólares por kilo, elevándose el precio del cajón a los 94 o los 149 dólares según el tamaño de las piezas de langostino o si se trata de la "cola sana" o una "cola rota".
Las retenciones a las exportaciones de langostino tampoco justifican las quejas porque bajaron del 5% y quedaron en el 1% para el caso del kilo de langostino pelado; los envases de 2 kilos quedaron con una retención del 3%.
El langostino "entero premium" tuvo una reducción de los derechos de exportación de un punto y se ubicó en el 6%; mientras que los bloques mayores de 2 kilos de colas para reprocesamiento en otros países tuvieron un incremento de 2 puntos porcentuales y quedaron en un 9%.
Pagar un dólar por la venta en "banquina" tiene una incidencia mínima y frente a los valores de exportación roza lo ridículo.
Una deuda de U$S 36 millones
En julio se cumplieron cuatro años desde que se promulgó el FAP y es la misma cantidad de tiempo en que las pesqueras no abonaron el canon esperando que el gobierno derogue la normativa.
Fuentes periodísticas dan cuenta de que el FAP sólo sería aplicable en los puertos de Madryn, Rawson y Camarones. No figura en el texto de la ley ese beneficio para los desembarques en el puerto de Comodoro Rivadavia, aunque en la ciudad petrolera los desembarques son muy menores.
Según los datos de Secretaría de Pesca de Nación, sin considerar los puertos de Comodoro y Camarones -del segundo figura la información-, las capturas de langostino en Madryn y Rawson ascenderían a los 36,7 millones de cajones desde junio de 2018 hasta julio de este año.
En base a los 36,7 millones de cajones desembarcados en estos cuatro años, las pesqueras le deberían pagar una suma igual en dólares al Estado provincial y según los valores del dólar en cada año el monto total ascendería a los 2.724 millones de pesos.
Perjuicio para municipios
El 50% de esa recaudación adeudada debería ser distribuida entre los municipios involucrados, tal como lo establece la ley, correspondiéndole 715 millones de pesos a Madryn y 646 millones a Rawson.
Si la deuda estuviera actualizada por la cotización del dólar actual, que se ubicó en los 135,22 pesos, ascendería a los 4.972 millones de pesos.
Sugestivamente el gobierno anuncia que la deuda es de solamente 1.000 millones y que terminará recaudando después de la quita apenas 780 millones de pesos. Para repartir entre Madryn y Rawson quedarán apenas 390 millones de pesos.