Solo 193 terratenientes concentran 7,25 millones de hectáreas en Chubut; nadie paga el impuesto rural
La tierra productiva de Chubut se concentra en manos de muy pocos terratenientes, y en los últimos años sus poseedores aumentaron la cantidad de hectáreas en su poder. Se incrementó 13% el total que poseen aquellos propietarios que acumulan más de 20 mil hectáreas cada uno. Sólo 15% de latifundistas provinciales son dueños del 65% de las tierras de Chubut. En una provincia estancada por la crisis económica, el Estado chubutense no cobra desde 2003 el Impuesto Inmobiliario Rural y los estancieros se niegan a pagarlo cuando se intenta reinstalar el tributo.
El último Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2018 -publicado en noviembre de 2019- revela que en la provincia de Chubut se profundiza la concentración de la propiedad de la tierra en muy pocas manos, y que ese proceso se profundizó en los últimos 16 años.
Se observa que solamente 193 terratenientes poseen más de 20 mil hectáreas cada uno y acaparan un total de 7.249.791 hectáreas en Chubut. El promedio indica que cada uno de ellos concentra más de 37.500 hectáreas del territorio provincial.
En el CNA de 2002 ese grupo de propietarios estaba conformado por 213 terratenientes que acumulaban 7.088.978 hectáreas, con un promedio que llegaba a las 33.200 hectáreas entre cada uno de ellos.
Durante los últimos 16 años la cantidad de grandes propietarios se redujo en 20, pero el territorio que concentran se incrementó en 13%; con lo que atesoran casi 161 mil hectáreas más que en 2002.
Los terratenientes con más de 20 mil hectáreas representaron en 2018 el 6% de los propietarios de la tierra chubutense y tenían en sus manos 42% del total de las tierras productivas e improductivas de Chubut.
Si a los poseedores de más de 20 mil hectáreas se les acoplan aquellos que tienen tierras por más 10 mil hectáreas, la concentración se hace todavía más evidente; ya que 15% de los estancieros provinciales son los propietarios del 70% de toda la tierra existente en Chubut.
Si se suman los propietarios de 1.000 a más de 20.000 hectáreas alcanzan al 51% del total existente en la provincia y entre ellos concentran el 98% del territorio provincial. Esa ecuación no se modificó en los tres últimos lustros. Esos 1.998 latifundistas poseen en promedio 56 mil hectáreas cada uno.
En contrapartida, los pequeños ruralistas y tenedores de tierras -según los datos del CNA 2018- son 596 con menos de 50 hectáreas cada uno. De ese modo, acumulan solamente 13.111 hectáreas entre todos, con un promedio de 22 hectáreas cada uno.
Los medianos propietarios son 721 contando con unidades de Explotación Agropecuaria (EAP) que van de 50 a 1.000 hectáreas, por lo que concentran 467.935 hectáreas y el promedio para este grupo es de 649 hectáreas cada uno.
A medida que aumentan las dimensiones de los campos se achica la cantidad de los campos, y así se hace visible entre quienes son propietarios de tierras que van de 1.000 a 10.000 hectáreas. Este grupo está conformado por 1.146 terratenientes que poseen en total 4.891.976 hectáreas, por lo que cada uno de ellos tiene en promedio 4.270 hectáreas.
Entre los dueños de tierras que ocupan entre 10 mil y 20 mil hectáreas se contabilizan 318 propietarios que acumulan 4.644.601 hectáreas, arrojando un promedio de 14.600 cada uno.
Haciendo gala del latifundismo más añejo y las reglas básicas del capitalismo, los pobres tienen bien poco y los ricos siguen aumentando lo que poseen.
Para leer los datos globales del país aportados por el CNA 2018 ver el artículo de Natalia Rosa Michel publicado por El Extremo Sur en noviembre de 2019: www.elextremosur.com/nota/22197
Latifundismo, extranjerización y pueblos originarios
La mayoría de las tierras chubutenses se encuentra en manos de propietarios privados. Sobre un total de 3.392 Explotaciones Agropecuarias, 2.929 (concentrando el 57% de las tierras y 9,7 millones de hectáreas) están en manos de personas particulares; 117 son Sociedades Anónimas (17,4% y 2,9 millones de hectáreas); 185 son sociedades de hecho registradas (8,2% y 1,4 millones de hectáreas); 71 son SRL (5% y 853 mil hectáreas); y 99 corresponden a sociedades de hecho no registradas que acaparan el 7,9% del total de las tierras productivas y concentran 1,3 millones de hectáreas.
Sobre un total de 229 terrenos sin límites definidos por tipo de dominio y régimen de tenencia de la tierra, sólo 40 son ocupados por comunidades de pueblos originarios de Chubut; de los cuales apenas 10 son ocupaciones de hecho en el territorio provincial.
En contrapartida, los propietarios extranjeros en Chubut ascienden al 4,1% del total del territorio provincial y acumulan 911 mil hectáreas, con una especial concentración en la zona cordillerana.
Otro dato significativo es que Chubut cuenta con 2,7 millones de ovejas y es la primera en todo el todo el país; superando inclusive a Santa Cruz que cuenta con 1,9 millones de cabezas de ganado ovino.
Vale mencionar que en territorio chubutense desde 2002 y hasta 2018 se perdieron 1,1 millones de cabezas ovinas, casi 51 mil caprinas y casi 19 mil equinas; aunque se incrementaron en 35 mil las bovinas y en 19 mil las porcinas.
El impuesto que no se cobra
Desde 2003 Chubut ha dejado de cobrarle a los grandes terratenientes y poseedores de tierras el denominado Impuesto Inmobiliario Rural. Hace 17 años que los distintos gobiernos provinciales -incluyendo las gestiones de Mario Das Neves, Martín Buzzi y Mariano Arcioni- que las arcas del Estado no recaudan dicho tributo.
En 2004 se condonó el pago del 100% del impuesto, basándose en las declaraciones de emergencias climáticas permanentes, y así sucesivamente se eximió del cobro del mismo a los ruralistas que se vieron ampliamente beneficiados por las medidas gubernamentales.
Según un informe elaborado por el abogado Diego Touriñán, asesor tributario de la gestión provincial actual, sobre un total de 4.096 establecimientos rurales solamente 721 parcelas (17%) pagan la alícuota del 12/1000 por una suma de 533 millones de pesos.
Existen 1.272 parcelas registradas a nombre del titular de la tierra, pero de los que no se cuenta con su domicilio registrado. En esos casos el Estado supuestamente no tiene dónde intimar a esos propietarios para cobrarles el impuesto adeudado por una suma cercana a los 872 millones de pesos.
Se contabilizan otras 2.103 parcelas que figuran sin titular propietario y que deberían aportar a las arcas provinciales un monto que rondaría los 747 millones de pesos en función de su valuación, pero ese dinero no está ingresando a Rentas Generales.
Chubut tendría que estar recaudando como mínimo 2.150 millones de pesos y apenas logra cobrar poco más de 500 millones, recibiendo actualmente menos del 25% del total.
Dichos montos podrían ser mucho más abultados con la última actualización que se realizó con la sanción de la Ley XXIV N°82 en julio de 2018. Sin embargo, en paralelo la norma contempla eximiciones del 50 y 100% para los propietarios que acrediten contar con diferentes cantidades de ganado ovino y bovino.
La cifra sería muy significativa si se considerara todo lo eximido desde hace 17 años. Además se podría extender la base tributaria en una provincia de alta concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Sería necesario un relevamiento catastral serio y eficiente que redefina toda la titularidad de la tierra incluyendo todos los inmuebles rurales.
Terratenientes morosos
El de la familia italiana Benetton es un caso paradigmático en Chubut. No solamente se trata del grupo empresario que concentra las mayores porciones de tierra chubutense -con la posesión de 900.000 hectáreas administradas por la empresa "Compañía de Tierras del Sud Argentino"- sino porque desde finales de los años '90 se registran denuncias por evasión de impuestos a las arcas de la provincia.
En noviembre de 1998 el diario La Nación publicó un artículo titulado "Embargaron en Chubut dos propiedades de los Benetton por no pagar impuestos". Allí se da cuenta de que "la compañía Tierras del Sud, propiedad de los hermanos Carlos y Luciano Benetton, tiene sus campos embargados en forma preventiva a raíz de una demanda entablada por la municipalidad de Epuyén, en el Chubut, que reclama el pago de 17.672 pesos en concepto de las tres primeras cuotas de este año del impuesto inmobiliario rural".
El diario agregó que "Este es el segundo municipio que entra en conflicto con Benetton, porque la comuna de El Maitén ya había recurrido a la vía judicial para reclamar una deuda de 104.000 pesos correspondientes a impuestos inmobiliarios".
La Nación detalló que "Según trascendió, Benetton pagó 25.412 pesos en 1994 en concepto de impuestos provinciales a Rentas del Chubut, pero en los años posteriores no tuvo que desembolsar suma alguna, ya que esos campos se vieron beneficiados por una condonación impositiva, por encontrarse en un área que fue declarada en emergencia rural por factores meteorológicos".
La actitud de los Benetton no sólo evidencia falta de voluntad de pago de impuestos a la provincia y a los municipios en cuestión, sino que la condonación/eximición del Impuesto Rural es una metodología más antigua que la mencionada desde 2004, ya que tiene una "tradición" de casi 30 años entre los gobiernos que manejaron el Estado de Chubut.
Mientras tanto, la provincia se desangra en una de sus más profundas crisis económicas y los empleados estatales junto a los jubilados padecen tres meses de atraso salarial -junto al incumplimiento del medio aguinaldo- con ingresos que no alcanzan y mientras la deuda absorbe casi todas las regalías petroleras ahondando aún más el descalabro financiero.
Ruralistas en alerta
Ya desde finales de '90 el sector terrateniente en Chubut se niega a pagar el tributo del Inmobiliario Rural y siempre busca la complicidad de los gobiernos para ser eximido del mismo.
Así lo manifestó a La Nación en 1998 el vicepresidente de Compañía de Tierras Sud Argentino, Diego Perazzo. Por aquellos años aseguró que su empresa "quiere y debe pagar", pero aclaró que "De ninguna manera vamos a dejarnos avasallar por una injusticia tributaria".
No muy diferente es la postura del "ruralismo" chubutense frente a lo que podría ser una actualización y el posterior cobro de un impuesto que por lo menos hace 16 años una gran mayoría de los terratenientes no abona.
Desde finales de 2019, los referentes de las Sociedades Rurales del Chubut han puesto el grito en el cielo ante la sola mención del Inmobiliario Rural. En la 42° exposición bovina de Esquel, Leonardo Jones -titular de dicha Sociedad Rural- manifestó que "Parece una tomada de pelo que la propuesta de un nuevo impuesto inmobiliario rural sea promovida desde los sindicatos estatales. Evidentemente no existe ninguna vocación para ir al fondo del problema de la crisis. Los sindicatos son cómplices del aumento desmesurado de la cantidad de empleados públicos, y evidentemente es muy fácil proponer que le saquen a otro mientras no son capaces de dar un paso de madurez y responsabilidad y volver a dar clases".
En octubre del año pasado, Jones agregó que "El Estado tiene para con la ruralidad una deuda enorme en infraestructura y atención. Al campo ya no le entran más impuestos, y si alguno más le entrara, éste debiera urgentemente volver en la mejora de los caminos rurales, en conectividad, en medios para combatir el abigeato y en seguridad para los productores como los de Costa del Lepá que hace meses no pueden dormir tranquilos".
El titular de la Sociedad Rural del Valle, Ricardo Irianni, admitió estar al tanto de la intención del Gobierno de volver a poner al cobro el impuesto y argumentó en enero de este año que "Los campos que estuvieron exentos del inmobiliario rural fueron los campos de la meseta afectados por distintos fenómenos climáticos. Lo que va a recaudar el Estado por este concepto es el uno por ciento del déficit que tiene la Provincia".
En la misma línea argumental, Osvaldo Luján -presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut y presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia- expresó en septiembre pasado que "Esta ley habría que modificarla llegado este reordenamiento, pero hay que señalar que el 80% de los productores no llega a una cantidad de hacienda de 6 mil animales. Por encima de las 15 mil cabezas de ganado, hay un 10% de productores".
Luján agregó que "La búsqueda de cobrar lo que hay que cobrar, siempre en función de la capacidad distributiva, está bien. Si el sector es llamado a la mesa dirá lo que tenga que decir sobre un impuesto más, además de los que tenemos, como las retenciones".