Petróleo
Endeudamiento y privatización, golpe de gracia a la YPF estatalPOR MARCELO GARCÍA.
Comodoro Rivadavia. Redacción de EES 117.
Las décadas del 70, 80 y 90 marcaron el recorrido de la entrega y liquidación definitiva del Estado en el ámbito de los hidrocarburos. El predominio de las empresas privadas que se produjo durante la segunda mitad del siglo pasado tuvo su punto culminante con la privatización definitiva de la YPF estatal en septiembre de 1992.
Las batallas perdidas a lo largo de casi todo el siglo pasado desembocaron en un triste privilegio para la Argentina. Vaya paradoja de las coincidencias. YPF se fundó en 1922 y 70 años más tarde, en 1992, se privatizó durante la gestión del presidente peronista Carlos Menem.
Argentina fue la primera de América Latina que puso en marcha una petrolera vertical e integrada en el subcontinente, modelo seguido a imagen y semejanza por varias naciones latinoamericanas como Bolivia, México, Brasil y Uruguay. Sin embargo, en la década del 90 fue también el primer país del subcontinente en privatizar y poner en manos privadas la totalidad de la industria del petróleo, el gas y los combustibles.
Con el correr de los años el Estado usufructuó las bondades del enorme gigante petrolero de Latinoamérica, quedándose con una suculenta tajada de sus utilidades que iban a la bolsa común de las Rentas Generales; pero paralelamente YPF iba deteriorándose por el manejo burocrático y con fuerte raigambre privatista.
Los contratos de concesión firmados por Frondizi en 1958 le abrieron la puerta grande a las empresas privadas, quienes pasaron a controlar más del 30% del sector y se afincaron en esa posición estratégica. Atrás quedaron los años del nacionalismo petrolero y los proyectos de desarrollo industrial basado en YPF y las empresas estratégicas del Estado. Esa situación se profundizó y marcó el inicio de la debacle de YPF con la llegada del golpe militar de 1976.
Dominio privado y endeudamiento militar
La privatización efectiva de YPF no comenzó con las leyes del menemismo, sino que concluyó con la transformación de YPF en Sociedad Anónima; en realidad se inició de manera concreta con la dictadura militar de 1976, el apabullante endeudamiento de la petrolera estatal y la instalación del modelo neoliberal.
Como se señalara en los artículos anteriores de esta investigación, aunque nunca se consiguió que el petróleo fuera completamente estatal la impronta nacionalista fue perdiendo terreno durante la segunda mitad del siglo pasado hasta que se instaló la dictadura de Videla en el 76.
El rol nefasto de una nueva avanzada militar en el poder no solo se reflejó en el terreno de la represión feroz, con sus desapariciones y torturas, sino también en la entrega económica del país y el suculento beneficio para los sectores de la burguesía nacional. También se expresó en el enorme endeudamiento externo del país en el que YPF fue la principal empresa estatal tomadora de créditos del exterior.
Fueron justamente los gobiernos anticonstitucionales de Videla, Galtieri y Bignone quienes forzaron el endeudamiento catastrófico en el que se hundió el país y al que la petrolera estatal no estuvo ajena. Es más, la cuantiosa deuda en que dejaron sumida a YPF es uno de los casos más paradigmáticos de todo el proceso dictatorial.
El análisis minucioso de lo sucedido con YPF muestra con claridad un paralelismo con el desarrollo de la deuda externa nacional, así ha quedado demostrado en las investigaciones efectuadas por Alejandro Olmos, uno de los más incansables luchadores contra dicho endeudamiento. Las diferentes denuncias efectuadas por Olmos desembocaron en la causa judicial que derivaron en el único fallo judicial, a nivel mundial, en contra de la deuda externa.
La práctica más frecuente, inculcada por los organismos financieros internacionales, era la de tomar créditos externos en dólares- a nombre de YPF y posteriormente dirigirlos hacia gastos corrientes y el mercado cambiario. Hacia la petrolera estatal sólo se destinaban pocos fondos en pesos para el funcionamiento administrativo; en 7 años (desde 1976 a 1983) las acreencias de YPF se incrementaron entre un 1.200 y un 1.600%.
Las empresas del Estado se transformaron en las poleas transmisoras de la obtención de los créditos externos que provenían fundamentalmente de bancos estadounidenses.
Tanto Alejandro Olmos como el intelectual especializado en las deudas externas Eric Toussaint demostraron con crudeza la gravedad del daño provocado a YPF, una de las empresas de mayor facturación por aquellos en toda América Latina.
Olmos denunció que durante la Dictadura Militar, se empezó a endeudarla irresponsablemente, además de fijar precios a los combustibles que no respondían a los costos de explotación. En la causa penal hay registradas respecto a YPF 427 operaciones de endeudamiento, que servirían como base para la futura enajenación de la empresa.
Producir a pérdida
A lo largo de una impecable exposición efectuada en Brasil en 1999, Olmos enfatizó que este supuesto endeudamiento de YPF -originado en el gobierno de la dictadura militar- fue utilizado por los gobiernos constitucionales de mi país para resolver su privatización a precio vil. Se mostró la falsa imagen de una empresa parasitaria y endeudada para justificar la necesidad de su entrega a la voracidad del capital privado. YPF sólo recibía el 25% del producto de sus ventas, el 85% restante era absorbido por un Estado sometido a las directivas del Fondo Monetario y a los intereses del dominante poder financiero.
La falsedad del endeudamiento fue admitida por todos los que integraron el directorio de YPF en la composición de sus distintas etapas. El General Luis Pagliere -que integró ese directorio en representación del Ejército durante el gobierno militar- declaró ante el Tribunal que YPF estaba obligada a producir a pérdida por instrucciones del Ministerio de Economía, ya que el precio del petróleo vendido a la Shell y a la Esso representaba el 50% del valor que YPF gastaba por su extracción.
Por su parte Toussaint, presidente del Comité de anulación de la deuda del Tercer Mundo, en una de sus investigaciones relacionadas al endeudamiento argentino le brindó un apartado especial a lo sucedido con YPF. Sobre este particular mencionó: la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF, fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años más tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su deuda se multiplicó por 16 en siete años.
Una prueba contundente de lo sucedido es la contemplada por el juez federal Jorge Ballesteros en su fallo sobre la fraudulenta Deuda Externa. Allí se refirió a lo acontecido con YPF sosteniendo que su endeudamiento externo por capital únicamente, creció de diciembre de 1975 a marzo de 1981, multiplicándose por 12, concentrando esta empresa al 31 de marzo de 1984 el 17,65% del total de la deuda externa registrada entonces para el sector público, resultando ocioso indicar que el rubro petróleo en todo el mundo origina importantes beneficios, configurando además un elemento estratégico en la vida de las naciones del mundo actual y en la del futuro previsible.
La dictadura no sólo se encargó de endeudar a YPF sino que también redujo de manera importante las reservas de crudo y gas. También achicó en casi 20 mil trabajadores la dotación de personal nacional de la petrolera estatal. En 1975 YPF empleaba 50.555 trabajadores en todo el país -máximo histórico en la empresa-, pero para cuando concluyó la administración militar en 1983 había 18.000 empleados menos. Esa enorme oleada de despidos sólo fue superada en 1992/93 con la privatización menemista.
Deuda tomada por las empresas públicas durante la dictadura militar
Empresas
Endeudamiento externoen millones de dólares
YPF
7.763
Agua y Energía
3.814
SEGBA
2.062
ELMA
1.323
SOMISA
1.227
ENTEL
1.177
Gas del Estado
887
Aerolíneas Argentinas
843
FFCC
722
Total
21.548
Fuente: Cuadro incorporado en las Actas de la Resolución del Juez Ballesteros (188 fojas). Buenos Aires, 13 de julio de 2000. No se incluyeron todas las empresas del cuadro original.
Autoabastecimiento y apertura privatista
El endeudamiento militar de YPF y su desmanejo hicieron que la principal empresa estatal del país quedara completamente atada de pies y manos para salirse del pozo, pero esencialmente quedó a merced de la tendencia aperturista y privatista que se ya se estaba gestando en el ámbito de las políticas neoliberales que invadían el mundo.
El retorno de la democracia significó una profundización de la desnacionalización petrolera que se combinó con el autoabastecimiento del mercado interno. Con el objetivo de escaparle a la dependencia del petróleo importado, el gobierno radical de Raúl Alfonsín salió a buscar inversiones en el extranjero y firmó contratos beneficiosos para las petroleras foráneas. El único mérito de dicha política fue haber logrado el autoabastecimiento.
A priori lo que podría considerarse como un paso adelante, al haber conquistado no depender de las importaciones de crudo, se convirtió en un retroceso ya que las multinacionales del sector continuaron instalándose mucho mejor en el mercado nacional y se vieron beneficiadas con los contratos otorgados a principios de la década del 80.
Con la obtención del autoabastecimiento de petróleo se redujeron a cero las importaciones de crudo, pero paralelamente comenzaron a desarrollarse dos procesos complementarios: por un lado se iniciaron las exportaciones de crudo y por el otro se redujeron considerablemente las reservas de hidrocarburos nacionales.
La primera política dirigida hacia el sector se produjo en 1985 con el denominado Plan Houston, que ofertó 165 áreas para la exploración y la explotación. El Houston estaba dividido en tres facetas: la primera estipulaba un período prospectivo de tres años para la realización de pozos exploratorios; la segunda determinaba que las empresas privadas tenían un plazo de un año para estudiar las factibilidades de comercialización de las zonas exploradas y el tercero habilitaba a aquellas empresas que decidieran explotar las áreas en cuestión a hacerlo por el lapso de 20 años mientras los cuales sería YPF quien se encargaría de abonar las regalías petroleras correspondientes.
Es importante tener en cuenta que en el año 1983 existían en el país 389,5 millones de metros cúbicos de reservas de petróleo y para el año 1988 esa cifra cayó a 362,4 millones, lo que habla a las claras del fracaso del Plan Houston. En lo que respecta a las inversiones, de los 61 contratos efectuados en el marco de dicho plan y a lo largo de cuatro años se produjeron inversiones del orden de los 232 millones de dólares mientras que YPF invirtió un promedio de 100 millones de dólares por año.
De manera casi desesperada el radicalismo intentó hasta 1989 mantener el autoabastecimiento sin que cayeran tan notoriamente las reservas y manteniendo elevados los niveles de producción. Para tal fin puso en marcha planes a los que llamó Huergo, Comodoro Rivadavia, Petroplan, Olivos I y II; pero ninguno de ellos consiguió revertir la tendencia decreciente de las reservas. Sólo facilitaron el afianzamiento de las compañías privadas por sobre el rol de la YPF estatal.
Menemismo y privatización
A partir de la salida anticipada del radicalismo y la llegada de Carlos Saúl Menem al gobierno, en 1989, el proceso de desregulación y privatización tuvo una profundización ya conocida. El menemismo privatizó en septiembre de 1992 la enorme petrolera estatal con el argumento de la ineficiencia pública y la supuesta capacidad privada para hacer funcionar todo lo que el Estado no podía manejar. Antes de entregarla por completo a las petroleras multinacionales transformó a YPF en Sociedad Anónima y posibilitó el ingreso de inversionistas privados.
El proceso ya era irreversible y casi no existió resistencia a la privatización de YPF, salvo escasos ejemplos en Comodoro y algunos pocos sectores en el Noroeste. La enorme campaña propagandística y mediática contra todo lo que fuera estatal encabezada en los medios por Bernardo Neustad y Mariano Grondona- surtió efecto y se instaló la idea en el imaginario colectivo que el Estado era como se decía en la colimba: ITS (Inútil para Todo Servicio).
El golpe de gracia definitivo estuvo en manos del menemismo cuando en 1998 comenzó a vender la totalidad de las acciones de YPF SA y la española Repsol adquirió el 98% del capital accionario de la moribunda empresa estatal.
Los arietes legislativos con los que Menen concretó la privatización fueron la Ley de Reforma del Estado (23.696/89), que habilitó las privatizaciones y la realización de sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales y la Ley de Emergencia Económica (23.697/89). Esta última determinó la suspensión de los subsidios, la desafectación de los Fondos Energéticos, la fijación de precios y las variables en el pago de regalías petroleras.
En lo que respecta a las normativas específicamente vinculadas al sector petrolero hay que mencionar las que se dictaron entre octubre y diciembre de 1989. La transformación de YPF de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima fue plasmada por el Decreto 2.778/90. Enarbolando las banderas de la eficiencia y la competitividad, se llevó a cabo la venta de todo aquello que no fuera considerado estratégico para el país. Dicha normativa fijó las características del estatuto de la futura SA, donde originalmente un 51% de las acciones quedaría en manos del Estado, un 39% del personal, con la obligación de venderle a los Estados Provinciales el 50% de las acciones, y un 10% de los privados, aunque esto sufrió grandes modificaciones con los posteriores tratamientos legislativos.
Además valuó en 1.170 millones de dólares el capital social de YPF, aunque la consultora Mc Kinsey había determinado que dicho valor rondaba entre los 3.000 o 4.000 millones de dólares. Fuentes confiables habían calculado que el valor total de los activos de YPF podía ser estimado en 20.000 millones de dólares, lo que habla a las claras de que el objetivo fundamental de esta etapa fue reducir a lo mínimo posible -y con todo tipo de maniobras- el valor de la compañía para luego malvenderla.
Una de las herramientas utilizadas para la privatización fue el Plan Argentina (Resolución 38/91), que dio por finalizado el Plan Houston y estableció nuevas pautas de libre disponibilidad de crudo, tanto fue así que YPF no podía cobrarles a las operadoras ningún tipo de canon ni tampoco pretender asociarse con las privadas.
Adosado a este plan, el gobierno menemista dictó el Decreto 2.178/91 con el cual adujo que se buscaría incrementar las reservas porque la consultora estadounidense Gaffney, Clines & Asociados informó que sólo quedaba petróleo para 9 años, aunque existen muchísimas dudas sobre el informe efectuado por la consultora contratada específicamente por el gobierno de Menem para luego privatizar YPF (ver Recuadro).
Entre 1991 y 1992 fueron firmados por Menen 25 decretos y resoluciones que entregaron a las compañías privadas la totalidad de las áreas centrales y marginales por un período de 25 años; aunque el gobierno peronista finalizó con 70 años de YPF cuando promulgó -en octubre de 1992- la Ley Nº 24.145/92 de federalización de los hidrocarburos y de privatización definitiva de la petrolera estatal.
Al mismo tiempo que se escondían las reservas petroleras para bajar la valuación de YPF, se concretó el despido de miles de trabajadores que pertenecían a la petrolera estatal. En 1975 se había alcanzado el mayor nivel de empleo en la petrolera nacional con un total de 50.555 trabajadores e inmediatamente después de la privatización (en 1994) sólo quedaban 10.100 empleados; es decir que el personal se había reducido en 40.400 trabajadores.
El último año en que se produjeron ingresos a YPF fue en 1989, pero desde antes que votara la ley de privatización ya se venían produciendo despidos y la disminución de los trabajadores ypefianos. Entre agosto de 1990 y septiembre de 1994 fueron despedidos con pago de indemnización 19.801 trabajadores; aceptaron el retiro voluntario 582 empleados; fueron jubilados 1.328; se les rescindió el contrato a 953 empleados; renunciaron 658 y como su fuera poco fallecieron 216 trabajadores que integraban la YPF estatal.
Personal nacional de YPF
Período 1973-1994
Personal
Variación
1970
33.615
1971
35.841
+ 2.226
1972
37.474
+ 1.633
1973
39.615
+ 2.141
1974
43.605
+ 3.990
1975
50.555
+ 6.950
1976
48.783
- 1.772
1977
43.488
- 5.295
1978
37.623
- 5.865
1979
35.521
- 2.102
1980
33.602
- 1.919
1981
32.265
- 1.337
1982
31.363
- 902
1983
32.772
+ 1.409
1984
33.725
+ 953
1985
32.455
- 1.270
1986
32.488
+ 33
1987
34.870
+ 2.382
1988
35.673
+ 803
1989
37.046
+ 1.373
1990
36.935
-111
1991
23.404
- 13.531
1992
16.055
- 7.349
1993
11.653
- 4.402
1994
10.103
- 1.550
Elaboración propia en base a varios números de Anuarios y Boletines de Informaciones Petroleras de YPF.
El ocultamiento de las reservas
Antes de que YPF fuera transformara en Sociedad Anónima y sus acciones se ofertaran a los inversores privados, el gobierno menemista contrató a una consultora internacional para relevar alas reservas de petróleo y gas existentes.
La evaluación de la consultora arrojó como resultado que las reservas de YPF eran muy menores a las que se venían declarando durante los años previos a la privatización. Producto de esta revisión de los reservorios la petrolera estatal perdió considerablemente su valor accionario, ya que las petroleras valen esencialmente por las reservas con las que cuentan. Poco tiempo después y con una valuación menor YPF era privatizada y sus acciones vendidas a valores casi irrisorios.
Para evaluar las reservas de petróleo y gas el gobierno nacional decidió convocar a seis consultoras internacionales, a través de fondos provenientes del Banco Mundial. Se contrató a la estadounidense Gaffney, Cline y Asociados. Dicha firma se encargó relevar 234 yacimientos de todo el país y elaboró un informe de las reservas existentes al 31 de diciembre de 1989.
Bien vale la pena iniciar el análisis de las reservas nacionales en el año 1973, ya que allí se produjo el pico más alto del período de estudio en este trabajo. Los 398 millones de metros cúbicos de reservas de petróleo registrados a nivel nacional denotan la existencia de una impronta exploratoria por YPF que no volvería a registrarse en el futuro. Una situación similar se suscitó en la Cuenca del Golfo San Jorge, aunque se reflejó en 1975.
En la medida que se fue abriendo el sector petrolero a la participación de las empresas privadas, las reservan fueron decreciendo fundamentalmente porque las operadoras pusieron su mira en la explotación y no en la exploración, conquistando grandes ganancias con la realización de escasas inversiones de riesgo.
En la Cuenca del Golfo San Jorge esta tendencia nacional se vio reflejada con similitudes a lo sucedido en el ámbito nacional. De los 172 millones de metros cúbicos de reservas registrados en 1975, el futuro petrolero se redujo a poco más de 100 millones en 1987, lo que habla de una pérdida del 40%.
Las primeras conclusiones de la consultora estadounidense se dieron a conocer en 1990-1991 y arrojaron un 28% menos de reservas totales hidrocarburíferas de las relevadas por la empresa estatal YPF en 1989.
El análisis de Gaffney, Cline y Asociados mostró resultados muy llamativos en las cuencas del Golfo San Jorge, Neuquina y Austral. Es por eso que estos datos deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de sacar conclusiones sobre el proceso de privatización efectiva y el de post privatización.
Muchos defensores de lo actuado en la venta de la YPF estatal argumentan el éxito en base a los incrementos de reservas y de producción obtenidos con el accionar privado, pero el mecanismo implementado fue ocultar las reservas de YPF antes de privatizarla y las mismas reaparecieron posteriormente a la privatización tal como si hubiese sido un logro de la gestión privada en la compañía.
Por lo que pudo determinarse, en todo el país la diferencia ascendió a 100 millones de metros cúbicos de reservas petroleras y 208 mil millones de metros cúbicos de gas. Este fue uno de los puntos determinantes a la hora de valuar YPF en el mercado internacional y según estimaciones de especialistas la reducción de reservas de petróleo y gas significaron una merma del valor económico de YPF en alrededor de 5.000 millones de dólares.
POR MARCELO GARCÍA.
Comodoro Rivadavia. Redacción de EES 117.
Las décadas del 70, 80 y 90 marcaron el recorrido de la entrega y liquidación definitiva del Estado en el ámbito de los hidrocarburos. El predominio de las empresas privadas que se produjo durante la segunda mitad del siglo pasado tuvo su punto culminante con la privatización definitiva de la YPF estatal en septiembre de 1992.
Las batallas perdidas a lo largo de casi todo el siglo pasado desembocaron en un triste privilegio para la Argentina. Vaya paradoja de las coincidencias. YPF se fundó en 1922 y 70 años más tarde, en 1992, se privatizó durante la gestión del presidente peronista Carlos Menem.
Argentina fue la primera de América Latina que puso en marcha una petrolera vertical e integrada en el subcontinente, modelo seguido a imagen y semejanza por varias naciones latinoamericanas como Bolivia, México, Brasil y Uruguay. Sin embargo, en la década del 90 fue también el primer país del subcontinente en privatizar y poner en manos privadas la totalidad de la industria del petróleo, el gas y los combustibles.
Con el correr de los años el Estado usufructuó las bondades del enorme gigante petrolero de Latinoamérica, quedándose con una suculenta tajada de sus utilidades que iban a la bolsa común de las Rentas Generales; pero paralelamente YPF iba deteriorándose por el manejo burocrático y con fuerte raigambre privatista.
Los contratos de concesión firmados por Frondizi en 1958 le abrieron la puerta grande a las empresas privadas, quienes pasaron a controlar más del 30% del sector y se afincaron en esa posición estratégica. Atrás quedaron los años del nacionalismo petrolero y los proyectos de desarrollo industrial basado en YPF y las empresas estratégicas del Estado. Esa situación se profundizó y marcó el inicio de la debacle de YPF con la llegada del golpe militar de 1976.
Dominio privado y endeudamiento militar
La privatización efectiva de YPF no comenzó con las leyes del menemismo, sino que concluyó con la transformación de YPF en Sociedad Anónima; en realidad se inició de manera concreta con la dictadura militar de 1976, el apabullante endeudamiento de la petrolera estatal y la instalación del modelo neoliberal.
Como se señalara en los artículos anteriores de esta investigación, aunque nunca se consiguió que el petróleo fuera completamente estatal la impronta nacionalista fue perdiendo terreno durante la segunda mitad del siglo pasado hasta que se instaló la dictadura de Videla en el 76.
El rol nefasto de una nueva avanzada militar en el poder no solo se reflejó en el terreno de la represión feroz, con sus desapariciones y torturas, sino también en la entrega económica del país y el suculento beneficio para los sectores de la burguesía nacional. También se expresó en el enorme endeudamiento externo del país en el que YPF fue la principal empresa estatal tomadora de créditos del exterior.
Fueron justamente los gobiernos anticonstitucionales de Videla, Galtieri y Bignone quienes forzaron el endeudamiento catastrófico en el que se hundió el país y al que la petrolera estatal no estuvo ajena. Es más, la cuantiosa deuda en que dejaron sumida a YPF es uno de los casos más paradigmáticos de todo el proceso dictatorial.
El análisis minucioso de lo sucedido con YPF muestra con claridad un paralelismo con el desarrollo de la deuda externa nacional, así ha quedado demostrado en las investigaciones efectuadas por Alejandro Olmos, uno de los más incansables luchadores contra dicho endeudamiento. Las diferentes denuncias efectuadas por Olmos desembocaron en la causa judicial que derivaron en el único fallo judicial, a nivel mundial, en contra de la deuda externa.
La práctica más frecuente, inculcada por los organismos financieros internacionales, era la de tomar créditos externos en dólares- a nombre de YPF y posteriormente dirigirlos hacia gastos corrientes y el mercado cambiario. Hacia la petrolera estatal sólo se destinaban pocos fondos en pesos para el funcionamiento administrativo; en 7 años (desde 1976 a 1983) las acreencias de YPF se incrementaron entre un 1.200 y un 1.600%.
Las empresas del Estado se transformaron en las poleas transmisoras de la obtención de los créditos externos que provenían fundamentalmente de bancos estadounidenses.
Tanto Alejandro Olmos como el intelectual especializado en las deudas externas Eric Toussaint demostraron con crudeza la gravedad del daño provocado a YPF, una de las empresas de mayor facturación por aquellos en toda América Latina.
Olmos denunció que durante la Dictadura Militar, se empezó a endeudarla irresponsablemente, además de fijar precios a los combustibles que no respondían a los costos de explotación. En la causa penal hay registradas respecto a YPF 427 operaciones de endeudamiento, que servirían como base para la futura enajenación de la empresa.
Producir a pérdida
A lo largo de una impecable exposición efectuada en Brasil en 1999, Olmos enfatizó que este supuesto endeudamiento de YPF -originado en el gobierno de la dictadura militar- fue utilizado por los gobiernos constitucionales de mi país para resolver su privatización a precio vil. Se mostró la falsa imagen de una empresa parasitaria y endeudada para justificar la necesidad de su entrega a la voracidad del capital privado. YPF sólo recibía el 25% del producto de sus ventas, el 85% restante era absorbido por un Estado sometido a las directivas del Fondo Monetario y a los intereses del dominante poder financiero.
La falsedad del endeudamiento fue admitida por todos los que integraron el directorio de YPF en la composición de sus distintas etapas. El General Luis Pagliere -que integró ese directorio en representación del Ejército durante el gobierno militar- declaró ante el Tribunal que YPF estaba obligada a producir a pérdida por instrucciones del Ministerio de Economía, ya que el precio del petróleo vendido a la Shell y a la Esso representaba el 50% del valor que YPF gastaba por su extracción.
Por su parte Toussaint, presidente del Comité de anulación de la deuda del Tercer Mundo, en una de sus investigaciones relacionadas al endeudamiento argentino le brindó un apartado especial a lo sucedido con YPF. Sobre este particular mencionó: la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF, fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años más tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su deuda se multiplicó por 16 en siete años.
Una prueba contundente de lo sucedido es la contemplada por el juez federal Jorge Ballesteros en su fallo sobre la fraudulenta Deuda Externa. Allí se refirió a lo acontecido con YPF sosteniendo que su endeudamiento externo por capital únicamente, creció de diciembre de 1975 a marzo de 1981, multiplicándose por 12, concentrando esta empresa al 31 de marzo de 1984 el 17,65% del total de la deuda externa registrada entonces para el sector público, resultando ocioso indicar que el rubro petróleo en todo el mundo origina importantes beneficios, configurando además un elemento estratégico en la vida de las naciones del mundo actual y en la del futuro previsible.
La dictadura no sólo se encargó de endeudar a YPF sino que también redujo de manera importante las reservas de crudo y gas. También achicó en casi 20 mil trabajadores la dotación de personal nacional de la petrolera estatal. En 1975 YPF empleaba 50.555 trabajadores en todo el país -máximo histórico en la empresa-, pero para cuando concluyó la administración militar en 1983 había 18.000 empleados menos. Esa enorme oleada de despidos sólo fue superada en 1992/93 con la privatización menemista.
Deuda tomada por las empresas públicas durante la dictadura militar
Empresas
Endeudamiento externoen millones de dólares
YPF
7.763
Agua y Energía
3.814
SEGBA
2.062
ELMA
1.323
SOMISA
1.227
ENTEL
1.177
Gas del Estado
887
Aerolíneas Argentinas
843
FFCC
722
Total
21.548
Fuente: Cuadro incorporado en las Actas de la Resolución del Juez Ballesteros (188 fojas). Buenos Aires, 13 de julio de 2000. No se incluyeron todas las empresas del cuadro original.
Autoabastecimiento y apertura privatista
El endeudamiento militar de YPF y su desmanejo hicieron que la principal empresa estatal del país quedara completamente atada de pies y manos para salirse del pozo, pero esencialmente quedó a merced de la tendencia aperturista y privatista que se ya se estaba gestando en el ámbito de las políticas neoliberales que invadían el mundo.
El retorno de la democracia significó una profundización de la desnacionalización petrolera que se combinó con el autoabastecimiento del mercado interno. Con el objetivo de escaparle a la dependencia del petróleo importado, el gobierno radical de Raúl Alfonsín salió a buscar inversiones en el extranjero y firmó contratos beneficiosos para las petroleras foráneas. El único mérito de dicha política fue haber logrado el autoabastecimiento.
A priori lo que podría considerarse como un paso adelante, al haber conquistado no depender de las importaciones de crudo, se convirtió en un retroceso ya que las multinacionales del sector continuaron instalándose mucho mejor en el mercado nacional y se vieron beneficiadas con los contratos otorgados a principios de la década del 80.
Con la obtención del autoabastecimiento de petróleo se redujeron a cero las importaciones de crudo, pero paralelamente comenzaron a desarrollarse dos procesos complementarios: por un lado se iniciaron las exportaciones de crudo y por el otro se redujeron considerablemente las reservas de hidrocarburos nacionales.
La primera política dirigida hacia el sector se produjo en 1985 con el denominado Plan Houston, que ofertó 165 áreas para la exploración y la explotación. El Houston estaba dividido en tres facetas: la primera estipulaba un período prospectivo de tres años para la realización de pozos exploratorios; la segunda determinaba que las empresas privadas tenían un plazo de un año para estudiar las factibilidades de comercialización de las zonas exploradas y el tercero habilitaba a aquellas empresas que decidieran explotar las áreas en cuestión a hacerlo por el lapso de 20 años mientras los cuales sería YPF quien se encargaría de abonar las regalías petroleras correspondientes.
Es importante tener en cuenta que en el año 1983 existían en el país 389,5 millones de metros cúbicos de reservas de petróleo y para el año 1988 esa cifra cayó a 362,4 millones, lo que habla a las claras del fracaso del Plan Houston. En lo que respecta a las inversiones, de los 61 contratos efectuados en el marco de dicho plan y a lo largo de cuatro años se produjeron inversiones del orden de los 232 millones de dólares mientras que YPF invirtió un promedio de 100 millones de dólares por año.
De manera casi desesperada el radicalismo intentó hasta 1989 mantener el autoabastecimiento sin que cayeran tan notoriamente las reservas y manteniendo elevados los niveles de producción. Para tal fin puso en marcha planes a los que llamó Huergo, Comodoro Rivadavia, Petroplan, Olivos I y II; pero ninguno de ellos consiguió revertir la tendencia decreciente de las reservas. Sólo facilitaron el afianzamiento de las compañías privadas por sobre el rol de la YPF estatal.
Menemismo y privatización
A partir de la salida anticipada del radicalismo y la llegada de Carlos Saúl Menem al gobierno, en 1989, el proceso de desregulación y privatización tuvo una profundización ya conocida. El menemismo privatizó en septiembre de 1992 la enorme petrolera estatal con el argumento de la ineficiencia pública y la supuesta capacidad privada para hacer funcionar todo lo que el Estado no podía manejar. Antes de entregarla por completo a las petroleras multinacionales transformó a YPF en Sociedad Anónima y posibilitó el ingreso de inversionistas privados.
El proceso ya era irreversible y casi no existió resistencia a la privatización de YPF, salvo escasos ejemplos en Comodoro y algunos pocos sectores en el Noroeste. La enorme campaña propagandística y mediática contra todo lo que fuera estatal encabezada en los medios por Bernardo Neustad y Mariano Grondona- surtió efecto y se instaló la idea en el imaginario colectivo que el Estado era como se decía en la colimba: ITS (Inútil para Todo Servicio).
El golpe de gracia definitivo estuvo en manos del menemismo cuando en 1998 comenzó a vender la totalidad de las acciones de YPF SA y la española Repsol adquirió el 98% del capital accionario de la moribunda empresa estatal.
Los arietes legislativos con los que Menen concretó la privatización fueron la Ley de Reforma del Estado (23.696/89), que habilitó las privatizaciones y la realización de sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales y la Ley de Emergencia Económica (23.697/89). Esta última determinó la suspensión de los subsidios, la desafectación de los Fondos Energéticos, la fijación de precios y las variables en el pago de regalías petroleras.
En lo que respecta a las normativas específicamente vinculadas al sector petrolero hay que mencionar las que se dictaron entre octubre y diciembre de 1989. La transformación de YPF de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima fue plasmada por el Decreto 2.778/90. Enarbolando las banderas de la eficiencia y la competitividad, se llevó a cabo la venta de todo aquello que no fuera considerado estratégico para el país. Dicha normativa fijó las características del estatuto de la futura SA, donde originalmente un 51% de las acciones quedaría en manos del Estado, un 39% del personal, con la obligación de venderle a los Estados Provinciales el 50% de las acciones, y un 10% de los privados, aunque esto sufrió grandes modificaciones con los posteriores tratamientos legislativos.
Además valuó en 1.170 millones de dólares el capital social de YPF, aunque la consultora Mc Kinsey había determinado que dicho valor rondaba entre los 3.000 o 4.000 millones de dólares. Fuentes confiables habían calculado que el valor total de los activos de YPF podía ser estimado en 20.000 millones de dólares, lo que habla a las claras de que el objetivo fundamental de esta etapa fue reducir a lo mínimo posible -y con todo tipo de maniobras- el valor de la compañía para luego malvenderla.
Una de las herramientas utilizadas para la privatización fue el Plan Argentina (Resolución 38/91), que dio por finalizado el Plan Houston y estableció nuevas pautas de libre disponibilidad de crudo, tanto fue así que YPF no podía cobrarles a las operadoras ningún tipo de canon ni tampoco pretender asociarse con las privadas.
Adosado a este plan, el gobierno menemista dictó el Decreto 2.178/91 con el cual adujo que se buscaría incrementar las reservas porque la consultora estadounidense Gaffney, Clines & Asociados informó que sólo quedaba petróleo para 9 años, aunque existen muchísimas dudas sobre el informe efectuado por la consultora contratada específicamente por el gobierno de Menem para luego privatizar YPF (ver Recuadro).
Entre 1991 y 1992 fueron firmados por Menen 25 decretos y resoluciones que entregaron a las compañías privadas la totalidad de las áreas centrales y marginales por un período de 25 años; aunque el gobierno peronista finalizó con 70 años de YPF cuando promulgó -en octubre de 1992- la Ley Nº 24.145/92 de federalización de los hidrocarburos y de privatización definitiva de la petrolera estatal.
Al mismo tiempo que se escondían las reservas petroleras para bajar la valuación de YPF, se concretó el despido de miles de trabajadores que pertenecían a la petrolera estatal. En 1975 se había alcanzado el mayor nivel de empleo en la petrolera nacional con un total de 50.555 trabajadores e inmediatamente después de la privatización (en 1994) sólo quedaban 10.100 empleados; es decir que el personal se había reducido en 40.400 trabajadores.
El último año en que se produjeron ingresos a YPF fue en 1989, pero desde antes que votara la ley de privatización ya se venían produciendo despidos y la disminución de los trabajadores ypefianos. Entre agosto de 1990 y septiembre de 1994 fueron despedidos con pago de indemnización 19.801 trabajadores; aceptaron el retiro voluntario 582 empleados; fueron jubilados 1.328; se les rescindió el contrato a 953 empleados; renunciaron 658 y como su fuera poco fallecieron 216 trabajadores que integraban la YPF estatal.
Personal nacional de YPF
Período 1973-1994
Personal
Variación
1970
33.615
1971
35.841
+ 2.226
1972
37.474
+ 1.633
1973
39.615
+ 2.141
1974
43.605
+ 3.990
1975
50.555
+ 6.950
1976
48.783
- 1.772
1977
43.488
- 5.295
1978
37.623
- 5.865
1979
35.521
- 2.102
1980
33.602
- 1.919
1981
32.265
- 1.337
1982
31.363
- 902
1983
32.772
+ 1.409
1984
33.725
+ 953
1985
32.455
- 1.270
1986
32.488
+ 33
1987
34.870
+ 2.382
1988
35.673
+ 803
1989
37.046
+ 1.373
1990
36.935
-111
1991
23.404
- 13.531
1992
16.055
- 7.349
1993
11.653
- 4.402
1994
10.103
- 1.550
Elaboración propia en base a varios números de Anuarios y Boletines de Informaciones Petroleras de YPF.
El ocultamiento de las reservas
Antes de que YPF fuera transformara en Sociedad Anónima y sus acciones se ofertaran a los inversores privados, el gobierno menemista contrató a una consultora internacional para relevar alas reservas de petróleo y gas existentes.
La evaluación de la consultora arrojó como resultado que las reservas de YPF eran muy menores a las que se venían declarando durante los años previos a la privatización. Producto de esta revisión de los reservorios la petrolera estatal perdió considerablemente su valor accionario, ya que las petroleras valen esencialmente por las reservas con las que cuentan. Poco tiempo después y con una valuación menor YPF era privatizada y sus acciones vendidas a valores casi irrisorios.
Para evaluar las reservas de petróleo y gas el gobierno nacional decidió convocar a seis consultoras internacionales, a través de fondos provenientes del Banco Mundial. Se contrató a la estadounidense Gaffney, Cline y Asociados. Dicha firma se encargó relevar 234 yacimientos de todo el país y elaboró un informe de las reservas existentes al 31 de diciembre de 1989.
Bien vale la pena iniciar el análisis de las reservas nacionales en el año 1973, ya que allí se produjo el pico más alto del período de estudio en este trabajo. Los 398 millones de metros cúbicos de reservas de petróleo registrados a nivel nacional denotan la existencia de una impronta exploratoria por YPF que no volvería a registrarse en el futuro. Una situación similar se suscitó en la Cuenca del Golfo San Jorge, aunque se reflejó en 1975.
En la medida que se fue abriendo el sector petrolero a la participación de las empresas privadas, las reservan fueron decreciendo fundamentalmente porque las operadoras pusieron su mira en la explotación y no en la exploración, conquistando grandes ganancias con la realización de escasas inversiones de riesgo.
En la Cuenca del Golfo San Jorge esta tendencia nacional se vio reflejada con similitudes a lo sucedido en el ámbito nacional. De los 172 millones de metros cúbicos de reservas registrados en 1975, el futuro petrolero se redujo a poco más de 100 millones en 1987, lo que habla de una pérdida del 40%.
Las primeras conclusiones de la consultora estadounidense se dieron a conocer en 1990-1991 y arrojaron un 28% menos de reservas totales hidrocarburíferas de las relevadas por la empresa estatal YPF en 1989.
El análisis de Gaffney, Cline y Asociados mostró resultados muy llamativos en las cuencas del Golfo San Jorge, Neuquina y Austral. Es por eso que estos datos deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de sacar conclusiones sobre el proceso de privatización efectiva y el de post privatización.
Muchos defensores de lo actuado en la venta de la YPF estatal argumentan el éxito en base a los incrementos de reservas y de producción obtenidos con el accionar privado, pero el mecanismo implementado fue ocultar las reservas de YPF antes de privatizarla y las mismas reaparecieron posteriormente a la privatización tal como si hubiese sido un logro de la gestión privada en la compañía.
Por lo que pudo determinarse, en todo el país la diferencia ascendió a 100 millones de metros cúbicos de reservas petroleras y 208 mil millones de metros cúbicos de gas. Este fue uno de los puntos determinantes a la hora de valuar YPF en el mercado internacional y según estimaciones de especialistas la reducción de reservas de petróleo y gas significaron una merma del valor económico de YPF en alrededor de 5.000 millones de dólares.
Comodoro Rivadavia. Redacción de EES 117.
Las décadas del 70, 80 y 90 marcaron el recorrido de la entrega y liquidación definitiva del Estado en el ámbito de los hidrocarburos. El predominio de las empresas privadas que se produjo durante la segunda mitad del siglo pasado tuvo su punto culminante con la privatización definitiva de la YPF estatal en septiembre de 1992.
Las batallas perdidas a lo largo de casi todo el siglo pasado desembocaron en un triste privilegio para la Argentina. Vaya paradoja de las coincidencias. YPF se fundó en 1922 y 70 años más tarde, en 1992, se privatizó durante la gestión del presidente peronista Carlos Menem.
Argentina fue la primera de América Latina que puso en marcha una petrolera vertical e integrada en el subcontinente, modelo seguido a imagen y semejanza por varias naciones latinoamericanas como Bolivia, México, Brasil y Uruguay. Sin embargo, en la década del 90 fue también el primer país del subcontinente en privatizar y poner en manos privadas la totalidad de la industria del petróleo, el gas y los combustibles.
Con el correr de los años el Estado usufructuó las bondades del enorme gigante petrolero de Latinoamérica, quedándose con una suculenta tajada de sus utilidades que iban a la bolsa común de las Rentas Generales; pero paralelamente YPF iba deteriorándose por el manejo burocrático y con fuerte raigambre privatista.
Los contratos de concesión firmados por Frondizi en 1958 le abrieron la puerta grande a las empresas privadas, quienes pasaron a controlar más del 30% del sector y se afincaron en esa posición estratégica. Atrás quedaron los años del nacionalismo petrolero y los proyectos de desarrollo industrial basado en YPF y las empresas estratégicas del Estado. Esa situación se profundizó y marcó el inicio de la debacle de YPF con la llegada del golpe militar de 1976.
Dominio privado y endeudamiento militar
La privatización efectiva de YPF no comenzó con las leyes del menemismo, sino que concluyó con la transformación de YPF en Sociedad Anónima; en realidad se inició de manera concreta con la dictadura militar de 1976, el apabullante endeudamiento de la petrolera estatal y la instalación del modelo neoliberal.
Como se señalara en los artículos anteriores de esta investigación, aunque nunca se consiguió que el petróleo fuera completamente estatal la impronta nacionalista fue perdiendo terreno durante la segunda mitad del siglo pasado hasta que se instaló la dictadura de Videla en el 76.
El rol nefasto de una nueva avanzada militar en el poder no solo se reflejó en el terreno de la represión feroz, con sus desapariciones y torturas, sino también en la entrega económica del país y el suculento beneficio para los sectores de la burguesía nacional. También se expresó en el enorme endeudamiento externo del país en el que YPF fue la principal empresa estatal tomadora de créditos del exterior.
Fueron justamente los gobiernos anticonstitucionales de Videla, Galtieri y Bignone quienes forzaron el endeudamiento catastrófico en el que se hundió el país y al que la petrolera estatal no estuvo ajena. Es más, la cuantiosa deuda en que dejaron sumida a YPF es uno de los casos más paradigmáticos de todo el proceso dictatorial.
El análisis minucioso de lo sucedido con YPF muestra con claridad un paralelismo con el desarrollo de la deuda externa nacional, así ha quedado demostrado en las investigaciones efectuadas por Alejandro Olmos, uno de los más incansables luchadores contra dicho endeudamiento. Las diferentes denuncias efectuadas por Olmos desembocaron en la causa judicial que derivaron en el único fallo judicial, a nivel mundial, en contra de la deuda externa.
La práctica más frecuente, inculcada por los organismos financieros internacionales, era la de tomar créditos externos en dólares- a nombre de YPF y posteriormente dirigirlos hacia gastos corrientes y el mercado cambiario. Hacia la petrolera estatal sólo se destinaban pocos fondos en pesos para el funcionamiento administrativo; en 7 años (desde 1976 a 1983) las acreencias de YPF se incrementaron entre un 1.200 y un 1.600%.
Las empresas del Estado se transformaron en las poleas transmisoras de la obtención de los créditos externos que provenían fundamentalmente de bancos estadounidenses.
Tanto Alejandro Olmos como el intelectual especializado en las deudas externas Eric Toussaint demostraron con crudeza la gravedad del daño provocado a YPF, una de las empresas de mayor facturación por aquellos en toda América Latina.
Olmos denunció que durante la Dictadura Militar, se empezó a endeudarla irresponsablemente, además de fijar precios a los combustibles que no respondían a los costos de explotación. En la causa penal hay registradas respecto a YPF 427 operaciones de endeudamiento, que servirían como base para la futura enajenación de la empresa.
Producir a pérdida
A lo largo de una impecable exposición efectuada en Brasil en 1999, Olmos enfatizó que este supuesto endeudamiento de YPF -originado en el gobierno de la dictadura militar- fue utilizado por los gobiernos constitucionales de mi país para resolver su privatización a precio vil. Se mostró la falsa imagen de una empresa parasitaria y endeudada para justificar la necesidad de su entrega a la voracidad del capital privado. YPF sólo recibía el 25% del producto de sus ventas, el 85% restante era absorbido por un Estado sometido a las directivas del Fondo Monetario y a los intereses del dominante poder financiero.
La falsedad del endeudamiento fue admitida por todos los que integraron el directorio de YPF en la composición de sus distintas etapas. El General Luis Pagliere -que integró ese directorio en representación del Ejército durante el gobierno militar- declaró ante el Tribunal que YPF estaba obligada a producir a pérdida por instrucciones del Ministerio de Economía, ya que el precio del petróleo vendido a la Shell y a la Esso representaba el 50% del valor que YPF gastaba por su extracción.
Por su parte Toussaint, presidente del Comité de anulación de la deuda del Tercer Mundo, en una de sus investigaciones relacionadas al endeudamiento argentino le brindó un apartado especial a lo sucedido con YPF. Sobre este particular mencionó: la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF, fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años más tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su deuda se multiplicó por 16 en siete años.
Una prueba contundente de lo sucedido es la contemplada por el juez federal Jorge Ballesteros en su fallo sobre la fraudulenta Deuda Externa. Allí se refirió a lo acontecido con YPF sosteniendo que su endeudamiento externo por capital únicamente, creció de diciembre de 1975 a marzo de 1981, multiplicándose por 12, concentrando esta empresa al 31 de marzo de 1984 el 17,65% del total de la deuda externa registrada entonces para el sector público, resultando ocioso indicar que el rubro petróleo en todo el mundo origina importantes beneficios, configurando además un elemento estratégico en la vida de las naciones del mundo actual y en la del futuro previsible.
La dictadura no sólo se encargó de endeudar a YPF sino que también redujo de manera importante las reservas de crudo y gas. También achicó en casi 20 mil trabajadores la dotación de personal nacional de la petrolera estatal. En 1975 YPF empleaba 50.555 trabajadores en todo el país -máximo histórico en la empresa-, pero para cuando concluyó la administración militar en 1983 había 18.000 empleados menos. Esa enorme oleada de despidos sólo fue superada en 1992/93 con la privatización menemista.
Deuda tomada por las empresas públicas durante la dictadura militar
Empresas
Endeudamiento externoen millones de dólares
YPF
7.763
Agua y Energía
3.814
SEGBA
2.062
ELMA
1.323
SOMISA
1.227
ENTEL
1.177
Gas del Estado
887
Aerolíneas Argentinas
843
FFCC
722
Total
21.548
Fuente: Cuadro incorporado en las Actas de la Resolución del Juez Ballesteros (188 fojas). Buenos Aires, 13 de julio de 2000. No se incluyeron todas las empresas del cuadro original.
Autoabastecimiento y apertura privatista
El endeudamiento militar de YPF y su desmanejo hicieron que la principal empresa estatal del país quedara completamente atada de pies y manos para salirse del pozo, pero esencialmente quedó a merced de la tendencia aperturista y privatista que se ya se estaba gestando en el ámbito de las políticas neoliberales que invadían el mundo.
El retorno de la democracia significó una profundización de la desnacionalización petrolera que se combinó con el autoabastecimiento del mercado interno. Con el objetivo de escaparle a la dependencia del petróleo importado, el gobierno radical de Raúl Alfonsín salió a buscar inversiones en el extranjero y firmó contratos beneficiosos para las petroleras foráneas. El único mérito de dicha política fue haber logrado el autoabastecimiento.
A priori lo que podría considerarse como un paso adelante, al haber conquistado no depender de las importaciones de crudo, se convirtió en un retroceso ya que las multinacionales del sector continuaron instalándose mucho mejor en el mercado nacional y se vieron beneficiadas con los contratos otorgados a principios de la década del 80.
Con la obtención del autoabastecimiento de petróleo se redujeron a cero las importaciones de crudo, pero paralelamente comenzaron a desarrollarse dos procesos complementarios: por un lado se iniciaron las exportaciones de crudo y por el otro se redujeron considerablemente las reservas de hidrocarburos nacionales.
La primera política dirigida hacia el sector se produjo en 1985 con el denominado Plan Houston, que ofertó 165 áreas para la exploración y la explotación. El Houston estaba dividido en tres facetas: la primera estipulaba un período prospectivo de tres años para la realización de pozos exploratorios; la segunda determinaba que las empresas privadas tenían un plazo de un año para estudiar las factibilidades de comercialización de las zonas exploradas y el tercero habilitaba a aquellas empresas que decidieran explotar las áreas en cuestión a hacerlo por el lapso de 20 años mientras los cuales sería YPF quien se encargaría de abonar las regalías petroleras correspondientes.
Es importante tener en cuenta que en el año 1983 existían en el país 389,5 millones de metros cúbicos de reservas de petróleo y para el año 1988 esa cifra cayó a 362,4 millones, lo que habla a las claras del fracaso del Plan Houston. En lo que respecta a las inversiones, de los 61 contratos efectuados en el marco de dicho plan y a lo largo de cuatro años se produjeron inversiones del orden de los 232 millones de dólares mientras que YPF invirtió un promedio de 100 millones de dólares por año.
De manera casi desesperada el radicalismo intentó hasta 1989 mantener el autoabastecimiento sin que cayeran tan notoriamente las reservas y manteniendo elevados los niveles de producción. Para tal fin puso en marcha planes a los que llamó Huergo, Comodoro Rivadavia, Petroplan, Olivos I y II; pero ninguno de ellos consiguió revertir la tendencia decreciente de las reservas. Sólo facilitaron el afianzamiento de las compañías privadas por sobre el rol de la YPF estatal.
Menemismo y privatización
A partir de la salida anticipada del radicalismo y la llegada de Carlos Saúl Menem al gobierno, en 1989, el proceso de desregulación y privatización tuvo una profundización ya conocida. El menemismo privatizó en septiembre de 1992 la enorme petrolera estatal con el argumento de la ineficiencia pública y la supuesta capacidad privada para hacer funcionar todo lo que el Estado no podía manejar. Antes de entregarla por completo a las petroleras multinacionales transformó a YPF en Sociedad Anónima y posibilitó el ingreso de inversionistas privados.
El proceso ya era irreversible y casi no existió resistencia a la privatización de YPF, salvo escasos ejemplos en Comodoro y algunos pocos sectores en el Noroeste. La enorme campaña propagandística y mediática contra todo lo que fuera estatal encabezada en los medios por Bernardo Neustad y Mariano Grondona- surtió efecto y se instaló la idea en el imaginario colectivo que el Estado era como se decía en la colimba: ITS (Inútil para Todo Servicio).
El golpe de gracia definitivo estuvo en manos del menemismo cuando en 1998 comenzó a vender la totalidad de las acciones de YPF SA y la española Repsol adquirió el 98% del capital accionario de la moribunda empresa estatal.
Los arietes legislativos con los que Menen concretó la privatización fueron la Ley de Reforma del Estado (23.696/89), que habilitó las privatizaciones y la realización de sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales y la Ley de Emergencia Económica (23.697/89). Esta última determinó la suspensión de los subsidios, la desafectación de los Fondos Energéticos, la fijación de precios y las variables en el pago de regalías petroleras.
En lo que respecta a las normativas específicamente vinculadas al sector petrolero hay que mencionar las que se dictaron entre octubre y diciembre de 1989. La transformación de YPF de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima fue plasmada por el Decreto 2.778/90. Enarbolando las banderas de la eficiencia y la competitividad, se llevó a cabo la venta de todo aquello que no fuera considerado estratégico para el país. Dicha normativa fijó las características del estatuto de la futura SA, donde originalmente un 51% de las acciones quedaría en manos del Estado, un 39% del personal, con la obligación de venderle a los Estados Provinciales el 50% de las acciones, y un 10% de los privados, aunque esto sufrió grandes modificaciones con los posteriores tratamientos legislativos.
Además valuó en 1.170 millones de dólares el capital social de YPF, aunque la consultora Mc Kinsey había determinado que dicho valor rondaba entre los 3.000 o 4.000 millones de dólares. Fuentes confiables habían calculado que el valor total de los activos de YPF podía ser estimado en 20.000 millones de dólares, lo que habla a las claras de que el objetivo fundamental de esta etapa fue reducir a lo mínimo posible -y con todo tipo de maniobras- el valor de la compañía para luego malvenderla.
Una de las herramientas utilizadas para la privatización fue el Plan Argentina (Resolución 38/91), que dio por finalizado el Plan Houston y estableció nuevas pautas de libre disponibilidad de crudo, tanto fue así que YPF no podía cobrarles a las operadoras ningún tipo de canon ni tampoco pretender asociarse con las privadas.
Adosado a este plan, el gobierno menemista dictó el Decreto 2.178/91 con el cual adujo que se buscaría incrementar las reservas porque la consultora estadounidense Gaffney, Clines & Asociados informó que sólo quedaba petróleo para 9 años, aunque existen muchísimas dudas sobre el informe efectuado por la consultora contratada específicamente por el gobierno de Menem para luego privatizar YPF (ver Recuadro).
Entre 1991 y 1992 fueron firmados por Menen 25 decretos y resoluciones que entregaron a las compañías privadas la totalidad de las áreas centrales y marginales por un período de 25 años; aunque el gobierno peronista finalizó con 70 años de YPF cuando promulgó -en octubre de 1992- la Ley Nº 24.145/92 de federalización de los hidrocarburos y de privatización definitiva de la petrolera estatal.
Al mismo tiempo que se escondían las reservas petroleras para bajar la valuación de YPF, se concretó el despido de miles de trabajadores que pertenecían a la petrolera estatal. En 1975 se había alcanzado el mayor nivel de empleo en la petrolera nacional con un total de 50.555 trabajadores e inmediatamente después de la privatización (en 1994) sólo quedaban 10.100 empleados; es decir que el personal se había reducido en 40.400 trabajadores.
El último año en que se produjeron ingresos a YPF fue en 1989, pero desde antes que votara la ley de privatización ya se venían produciendo despidos y la disminución de los trabajadores ypefianos. Entre agosto de 1990 y septiembre de 1994 fueron despedidos con pago de indemnización 19.801 trabajadores; aceptaron el retiro voluntario 582 empleados; fueron jubilados 1.328; se les rescindió el contrato a 953 empleados; renunciaron 658 y como su fuera poco fallecieron 216 trabajadores que integraban la YPF estatal.
Personal nacional de YPF
Período 1973-1994
Personal
Variación
1970
33.615
1971
35.841
+ 2.226
1972
37.474
+ 1.633
1973
39.615
+ 2.141
1974
43.605
+ 3.990
1975
50.555
+ 6.950
1976
48.783
- 1.772
1977
43.488
- 5.295
1978
37.623
- 5.865
1979
35.521
- 2.102
1980
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- 1.919
1981
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1982
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1983
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+ 1.409
1984
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+ 953
1985
32.455
- 1.270
1986
32.488
+ 33
1987
34.870
+ 2.382
1988
35.673
+ 803
1989
37.046
+ 1.373
1990
36.935
-111
1991
23.404
- 13.531
1992
16.055
- 7.349
1993
11.653
- 4.402
1994
10.103
- 1.550
Elaboración propia en base a varios números de Anuarios y Boletines de Informaciones Petroleras de YPF.
El ocultamiento de las reservas
Antes de que YPF fuera transformara en Sociedad Anónima y sus acciones se ofertaran a los inversores privados, el gobierno menemista contrató a una consultora internacional para relevar alas reservas de petróleo y gas existentes.
La evaluación de la consultora arrojó como resultado que las reservas de YPF eran muy menores a las que se venían declarando durante los años previos a la privatización. Producto de esta revisión de los reservorios la petrolera estatal perdió considerablemente su valor accionario, ya que las petroleras valen esencialmente por las reservas con las que cuentan. Poco tiempo después y con una valuación menor YPF era privatizada y sus acciones vendidas a valores casi irrisorios.
Para evaluar las reservas de petróleo y gas el gobierno nacional decidió convocar a seis consultoras internacionales, a través de fondos provenientes del Banco Mundial. Se contrató a la estadounidense Gaffney, Cline y Asociados. Dicha firma se encargó relevar 234 yacimientos de todo el país y elaboró un informe de las reservas existentes al 31 de diciembre de 1989.
Bien vale la pena iniciar el análisis de las reservas nacionales en el año 1973, ya que allí se produjo el pico más alto del período de estudio en este trabajo. Los 398 millones de metros cúbicos de reservas de petróleo registrados a nivel nacional denotan la existencia de una impronta exploratoria por YPF que no volvería a registrarse en el futuro. Una situación similar se suscitó en la Cuenca del Golfo San Jorge, aunque se reflejó en 1975.
En la medida que se fue abriendo el sector petrolero a la participación de las empresas privadas, las reservan fueron decreciendo fundamentalmente porque las operadoras pusieron su mira en la explotación y no en la exploración, conquistando grandes ganancias con la realización de escasas inversiones de riesgo.
En la Cuenca del Golfo San Jorge esta tendencia nacional se vio reflejada con similitudes a lo sucedido en el ámbito nacional. De los 172 millones de metros cúbicos de reservas registrados en 1975, el futuro petrolero se redujo a poco más de 100 millones en 1987, lo que habla de una pérdida del 40%.
Las primeras conclusiones de la consultora estadounidense se dieron a conocer en 1990-1991 y arrojaron un 28% menos de reservas totales hidrocarburíferas de las relevadas por la empresa estatal YPF en 1989.
El análisis de Gaffney, Cline y Asociados mostró resultados muy llamativos en las cuencas del Golfo San Jorge, Neuquina y Austral. Es por eso que estos datos deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de sacar conclusiones sobre el proceso de privatización efectiva y el de post privatización.
Muchos defensores de lo actuado en la venta de la YPF estatal argumentan el éxito en base a los incrementos de reservas y de producción obtenidos con el accionar privado, pero el mecanismo implementado fue ocultar las reservas de YPF antes de privatizarla y las mismas reaparecieron posteriormente a la privatización tal como si hubiese sido un logro de la gestión privada en la compañía.
Por lo que pudo determinarse, en todo el país la diferencia ascendió a 100 millones de metros cúbicos de reservas petroleras y 208 mil millones de metros cúbicos de gas. Este fue uno de los puntos determinantes a la hora de valuar YPF en el mercado internacional y según estimaciones de especialistas la reducción de reservas de petróleo y gas significaron una merma del valor económico de YPF en alrededor de 5.000 millones de dólares.