La encrucijada del pueblo mapuche: Massa o Milei, como elegir entre la Zanja de Alsina y la Campaña al DesiertoPor Adrián Moyano
Tal vez para diferenciarse con claridad del proyecto de su predecesor en el cargo, cuando Julio Roca presentó al Congreso la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de 1879 puntualizó que "la pampa, que hasta ahora era una barrera para la civilización y el progreso, abre hoy sus extensas planicies a la acción de la industria humana, ofreciéndole tierra virgen y cuyas condiciones ventajosas de clima y feracidad, explican recién la causa de haber sido durante siglos la guarida de una raza valiente y vigorosa". Con aquella designación se refería el general a parte de la provincia de Buenos Aires, a la que hoy lleva tal nombre, a Neuquén y a Río Negro, es decir, al territorio del pueblo mapuche todavía libre.
Párrafos más abajo consigna el informe su célebre balance, que arrojó "cinco caciques soberanos prisioneros y uno muerto. 1.271 indios de lanza prisioneros. 1.313 indios de lanza muertos. 10.539 indios de chusma prisioneros. 1.049 de chusma reducidos. Cautivos rescatados 480. Lo que da por resultado la cantidad de 14.172 indios suprimidos de la pampa. Sin incluir en esta cifra el número considerable de indios muertos en las persecuciones y a consecuencia del hambre en el seno mismo del desierto" (el subrayado es del que firma).
Adolfo Alsina había fallecido el 29 de diciembre de 1877. Para julio de ese año ya existía un foso de 374 kilómetros y se instalaron sobre su extensión comandancias con fuertes: Bahía Blanca, Puán, Carhué, Guaminí, Trenque Lauquen e Italó. Además, se levantaron 109 fortines a distancia de una legua, aproximadamente. La Zanja de Alsina implicó la incorporación de 56.000 kilómetros cuadrados a la explotación ganadera, quiere decir que la oligarquía terrateniente se benefició directamente. La frontera bonaerense con la "raza valiente y vigorosa" se redujo 186 kilómetros y se levantaron en las tierras arrebatadas cinco nuevos pueblos, con ampliación de la red telegráfica. Cuando falleció, juzgó Estanislao Zeballos para allanar el camino de su mentor: "el doctor Alsina daba al indio mayor importancia y temía al desierto más de lo que era razonable, y de ahí esa negativa constante a marchar al río Negro, como primer y principal objetivo". El apologista de Roca publicó esas líneas en 1878, cuando la así llamada Campaña al Desierto estaba en etapa de diseño.
La supresión roquista en 2023
En 2023, el gobierno y el Poder Judicial de Río Negro se toman al pie de la letra la supresión roquista. A fines de octubre último, el Superior Tribunal de Justicia revocó un fallo de primera instancia que había dispuesto paralizar los trabajos exploratorios de una compañía minera en territorios de comunidades. Les jueces siguieron el dictamen del procurador general Jorge Crespo, para quien, en buen romance, el Estado no sabe si existen comunidades mapuche tehuelches en los campos donde la compañía Ivael Mining SA tiene autorización para hacer prospecciones y otras exploraciones, permisos que concedió en su oportunidad la Secretaría de Minería. En los hechos, tanto para el Poder Judicial como para el Ejecutivo, las 12 comunidades directamente afectadas no están. Sencillamente, no existen.
Nunca una buena
Orlando Carriqueo estaba en un tribunal federal cuando El Extremo Sur quiso consultarlo periodísticamente. Cuando finalmente respondió, lo hizo con amargura, al insistir la fiscalía que interviene en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel con la hipótesis del enfrentamiento y pedir sólo cinco años de prisión para los prefectos responsables. Nunca una buena para el pueblo mapuche por el lado de los organismos estatales que dicen administrar justicia. Una seguidilla perniciosa: "el dictamen del procurador Crespo y del juez (Sergio) Ceci, que lo toma en el Superior Tribunal de Justicia, da por tierra con el amparo que habíamos presentado y tenía sentencia favorable en primera instancia", lamentó, desde Fiske Menuko - General Roca.
Para el werken de la Coordinadora Mapuche de Río Negro, "el STJ va en contra de su propia jurisprudencia porque en 2005, en el fallo Calcatreu, no sólo habló de que había que hacer una pericia o un trabajo ambiental, sino de un informe cultural sobre el impacto que podría tener. En aquel año planteó el derecho a la consulta". Unos 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci, en el paraje de ese nombre espera al acecho el proyecto mega minero más rutilante de la jurisdicción rionegrina.
Según el vocero mapuche, "el juez (Marcelo) Muscillo fue un poco más contundente con su fallo porque habló de consentimiento, que es justamente lo que trae el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo): las comunidades tenemos derecho a dar consentimiento o no sobre los proyectos extractivos", razonó Carriqueo. "En ese marco, la consulta es la herramienta que el Estado tiene para saber si hay o no consentimiento. Eso quedó en evidencia en la sentencia de primera instancia".
Pero el procurador y el STJ "con otros argumentos y escapando a la cuestión central, plantearon que no conocían relevamiento ni comunidades cuando una de las actoras tiene el Relevamiento (Territorial de las Comunidades Indígenas) de la Ley 26.160 terminado: la comunidad Mariano Solo". Su espacio queda en derredor de Colan Conhue, unos 100 kilómetros al norte de Jacobacci. Las primeras familias se asentaron allí a comienzos del siglo XX y precisamente, Mariano Solo fue un peñi rankülche que consiguió sobrevivir al avance genocida del Ejército. Por su parte, "la comunidad Ancalao tiene su decreto de reserva desde el año 1900 dado por el general Roca y después, leyes provinciales de 1970 y de 1980 que reconocieron ese espacio territorial", añadió el referente indígena.
También tiene un montón de papeles en su poder "la comunidad Pilquiniyeu del Limay, que fue corrida por la estancia inglesa María Sofía y después, de nuevo por la represa de Piedra del Águila" en la década de 1990, como no hace tanto recordó EES. En la última de las oportunidades, "el Estado expropió tierras de María Sofía y se las devolvió a la comunidad, con lo cual hay certezas para el propio Estado sobre dónde están ubicadas las comunidades", cuestionó el vocero.
Su propia torpeza
El gobierno de Río Negro se escuda en su torpeza. "No puede aducir su propia falta y eso también es un fallo de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), en un caso de una comunidad contra Honduras: si el Estado, que tiene la obligación de reconocer el territorio comunitario no ha hecho su trabajo no puede aducir desconocimiento frente a la posesión tradicional y pública que han ejercido las comunidades, en este caso, mapuche - tehuelches", criticó Carriqueo.
La determinación del STJ "es contraria a la aplicación del derecho internacional, al Convenio 169 y al derecho indígena. Desconocer la posesión es desconocer la historia misma de la provincia de Río Negro, que tiene 70 años, y del Estado argentino, que tiene 145 años. Es una sentencia que no responde al derecho y nosotros le dimos la figura de prevaricato, porque fuerza el despojo de las comunidades y autoriza al Estado a violar los derechos humanos y los convenios internacionales", redondeó.
Horas antes del intercambio con el referente mapuche rionegrino, Sergio Massa había lanzado las 14 máximas que orientarían su próximo gobierno, al que caracterizó como "multidisciplinar y multisectorial". El candidato presidencial de Unión por la Patria expresó que "no pretende convocar solo a la política. Están convocados empresarios/as, emprendedores/as, expertos/as, sindicalistas, movimientos sociales, etc. Todos los sectores están invitados. Porque Argentina necesita de todos y todas". Salvo que estén incluidos en el ambiguo etcétera, el llamado no incluye a los pueblos originarios. Tampoco aparecen en el resto de los enunciados. Raro, porque hasta no hace mucho, el conflicto que generó el Estado al instalarse sobre territorio mapuche parecía central en la agenda política argentina.
"Hay dos cuestiones que poner en claro", enmarcó Carriqueo. "Uno sabe que si la fuerza de derecha llega (al gobierno), a los dirigentes indígenas nos van a ir a buscar a nuestras casas. De eso no tengo dudas... Del otro lado, está la posibilidad del extractivismo, porque los hemos escuchado muchas veces hablar a Massa del tema". Recuérdese cuando en junio último, el ministro de Economía sugirió "mirar la cordillera como si fuera una torta". Entonces, "a pesar de que la política indígena no ha estado presente en las plataformas ni en las discusiones, en la Argentina y en Latinoamérica se enfrentan los Estados a las organizaciones y comunidades indígenas para llevar adelante el extractivismo. La presión es muy fuerte", admitió.
Sin embargo, para el werken "inclina la balanza que con (Javier) Milei directamente se pierde la democracia y es grave, porque perder la democracia es perder el Estado de Derecho". Como contrapartida, "el otro candidato nos va a obligar a redoblar la apuesta de lucha, de organización y de tejer redes en un marco democrático. Las políticas extractivistas las tiene cualquier gobierno: progresista, liberal o de derecha. Se está viendo en toda Latinoamérica", recordó. Triste encerrona enfrenta entonces el pueblo mapuche en la encrucijada electoral de 2023: algo así como optar entre la Zanja de Alsina y la Campaña al Desierto.
Por Adrián Moyano
Tal vez para diferenciarse con claridad del proyecto de su predecesor en el cargo, cuando Julio Roca presentó al Congreso la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de 1879 puntualizó que "la pampa, que hasta ahora era una barrera para la civilización y el progreso, abre hoy sus extensas planicies a la acción de la industria humana, ofreciéndole tierra virgen y cuyas condiciones ventajosas de clima y feracidad, explican recién la causa de haber sido durante siglos la guarida de una raza valiente y vigorosa". Con aquella designación se refería el general a parte de la provincia de Buenos Aires, a la que hoy lleva tal nombre, a Neuquén y a Río Negro, es decir, al territorio del pueblo mapuche todavía libre.
Párrafos más abajo consigna el informe su célebre balance, que arrojó "cinco caciques soberanos prisioneros y uno muerto. 1.271 indios de lanza prisioneros. 1.313 indios de lanza muertos. 10.539 indios de chusma prisioneros. 1.049 de chusma reducidos. Cautivos rescatados 480. Lo que da por resultado la cantidad de 14.172 indios suprimidos de la pampa. Sin incluir en esta cifra el número considerable de indios muertos en las persecuciones y a consecuencia del hambre en el seno mismo del desierto" (el subrayado es del que firma).
Adolfo Alsina había fallecido el 29 de diciembre de 1877. Para julio de ese año ya existía un foso de 374 kilómetros y se instalaron sobre su extensión comandancias con fuertes: Bahía Blanca, Puán, Carhué, Guaminí, Trenque Lauquen e Italó. Además, se levantaron 109 fortines a distancia de una legua, aproximadamente. La Zanja de Alsina implicó la incorporación de 56.000 kilómetros cuadrados a la explotación ganadera, quiere decir que la oligarquía terrateniente se benefició directamente. La frontera bonaerense con la "raza valiente y vigorosa" se redujo 186 kilómetros y se levantaron en las tierras arrebatadas cinco nuevos pueblos, con ampliación de la red telegráfica. Cuando falleció, juzgó Estanislao Zeballos para allanar el camino de su mentor: "el doctor Alsina daba al indio mayor importancia y temía al desierto más de lo que era razonable, y de ahí esa negativa constante a marchar al río Negro, como primer y principal objetivo". El apologista de Roca publicó esas líneas en 1878, cuando la así llamada Campaña al Desierto estaba en etapa de diseño.
La supresión roquista en 2023
En 2023, el gobierno y el Poder Judicial de Río Negro se toman al pie de la letra la supresión roquista. A fines de octubre último, el Superior Tribunal de Justicia revocó un fallo de primera instancia que había dispuesto paralizar los trabajos exploratorios de una compañía minera en territorios de comunidades. Les jueces siguieron el dictamen del procurador general Jorge Crespo, para quien, en buen romance, el Estado no sabe si existen comunidades mapuche tehuelches en los campos donde la compañía Ivael Mining SA tiene autorización para hacer prospecciones y otras exploraciones, permisos que concedió en su oportunidad la Secretaría de Minería. En los hechos, tanto para el Poder Judicial como para el Ejecutivo, las 12 comunidades directamente afectadas no están. Sencillamente, no existen.
Nunca una buena
Orlando Carriqueo estaba en un tribunal federal cuando El Extremo Sur quiso consultarlo periodísticamente. Cuando finalmente respondió, lo hizo con amargura, al insistir la fiscalía que interviene en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel con la hipótesis del enfrentamiento y pedir sólo cinco años de prisión para los prefectos responsables. Nunca una buena para el pueblo mapuche por el lado de los organismos estatales que dicen administrar justicia. Una seguidilla perniciosa: "el dictamen del procurador Crespo y del juez (Sergio) Ceci, que lo toma en el Superior Tribunal de Justicia, da por tierra con el amparo que habíamos presentado y tenía sentencia favorable en primera instancia", lamentó, desde Fiske Menuko - General Roca.
Para el werken de la Coordinadora Mapuche de Río Negro, "el STJ va en contra de su propia jurisprudencia porque en 2005, en el fallo Calcatreu, no sólo habló de que había que hacer una pericia o un trabajo ambiental, sino de un informe cultural sobre el impacto que podría tener. En aquel año planteó el derecho a la consulta". Unos 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci, en el paraje de ese nombre espera al acecho el proyecto mega minero más rutilante de la jurisdicción rionegrina.
Según el vocero mapuche, "el juez (Marcelo) Muscillo fue un poco más contundente con su fallo porque habló de consentimiento, que es justamente lo que trae el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo): las comunidades tenemos derecho a dar consentimiento o no sobre los proyectos extractivos", razonó Carriqueo. "En ese marco, la consulta es la herramienta que el Estado tiene para saber si hay o no consentimiento. Eso quedó en evidencia en la sentencia de primera instancia".
Pero el procurador y el STJ "con otros argumentos y escapando a la cuestión central, plantearon que no conocían relevamiento ni comunidades cuando una de las actoras tiene el Relevamiento (Territorial de las Comunidades Indígenas) de la Ley 26.160 terminado: la comunidad Mariano Solo". Su espacio queda en derredor de Colan Conhue, unos 100 kilómetros al norte de Jacobacci. Las primeras familias se asentaron allí a comienzos del siglo XX y precisamente, Mariano Solo fue un peñi rankülche que consiguió sobrevivir al avance genocida del Ejército. Por su parte, "la comunidad Ancalao tiene su decreto de reserva desde el año 1900 dado por el general Roca y después, leyes provinciales de 1970 y de 1980 que reconocieron ese espacio territorial", añadió el referente indígena.
También tiene un montón de papeles en su poder "la comunidad Pilquiniyeu del Limay, que fue corrida por la estancia inglesa María Sofía y después, de nuevo por la represa de Piedra del Águila" en la década de 1990, como no hace tanto recordó EES. En la última de las oportunidades, "el Estado expropió tierras de María Sofía y se las devolvió a la comunidad, con lo cual hay certezas para el propio Estado sobre dónde están ubicadas las comunidades", cuestionó el vocero.
Su propia torpeza
El gobierno de Río Negro se escuda en su torpeza. "No puede aducir su propia falta y eso también es un fallo de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), en un caso de una comunidad contra Honduras: si el Estado, que tiene la obligación de reconocer el territorio comunitario no ha hecho su trabajo no puede aducir desconocimiento frente a la posesión tradicional y pública que han ejercido las comunidades, en este caso, mapuche - tehuelches", criticó Carriqueo.
La determinación del STJ "es contraria a la aplicación del derecho internacional, al Convenio 169 y al derecho indígena. Desconocer la posesión es desconocer la historia misma de la provincia de Río Negro, que tiene 70 años, y del Estado argentino, que tiene 145 años. Es una sentencia que no responde al derecho y nosotros le dimos la figura de prevaricato, porque fuerza el despojo de las comunidades y autoriza al Estado a violar los derechos humanos y los convenios internacionales", redondeó.
Horas antes del intercambio con el referente mapuche rionegrino, Sergio Massa había lanzado las 14 máximas que orientarían su próximo gobierno, al que caracterizó como "multidisciplinar y multisectorial". El candidato presidencial de Unión por la Patria expresó que "no pretende convocar solo a la política. Están convocados empresarios/as, emprendedores/as, expertos/as, sindicalistas, movimientos sociales, etc. Todos los sectores están invitados. Porque Argentina necesita de todos y todas". Salvo que estén incluidos en el ambiguo etcétera, el llamado no incluye a los pueblos originarios. Tampoco aparecen en el resto de los enunciados. Raro, porque hasta no hace mucho, el conflicto que generó el Estado al instalarse sobre territorio mapuche parecía central en la agenda política argentina.
"Hay dos cuestiones que poner en claro", enmarcó Carriqueo. "Uno sabe que si la fuerza de derecha llega (al gobierno), a los dirigentes indígenas nos van a ir a buscar a nuestras casas. De eso no tengo dudas... Del otro lado, está la posibilidad del extractivismo, porque los hemos escuchado muchas veces hablar a Massa del tema". Recuérdese cuando en junio último, el ministro de Economía sugirió "mirar la cordillera como si fuera una torta". Entonces, "a pesar de que la política indígena no ha estado presente en las plataformas ni en las discusiones, en la Argentina y en Latinoamérica se enfrentan los Estados a las organizaciones y comunidades indígenas para llevar adelante el extractivismo. La presión es muy fuerte", admitió.
Sin embargo, para el werken "inclina la balanza que con (Javier) Milei directamente se pierde la democracia y es grave, porque perder la democracia es perder el Estado de Derecho". Como contrapartida, "el otro candidato nos va a obligar a redoblar la apuesta de lucha, de organización y de tejer redes en un marco democrático. Las políticas extractivistas las tiene cualquier gobierno: progresista, liberal o de derecha. Se está viendo en toda Latinoamérica", recordó. Triste encerrona enfrenta entonces el pueblo mapuche en la encrucijada electoral de 2023: algo así como optar entre la Zanja de Alsina y la Campaña al Desierto.
